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Tramitará su primer erario como presidente de la comisión que considera el cedazo de este y de prácticamente todos los proyectos de ley. El senador Evópoli se impuso como sello de su gestión aprobar solo proyectos ‘que signifiquen crecimiento para el país’ y aquí adelanta los principales donde concentrará su interés.
Como un período muy difícil para la centroderecha califica el senador de Evópoli Felipe Kast las últimas semanas, en que el caso Audio primero —el ‘más dañino’— y luego el caso Cubillos han marcado el compás del debate y puesto a prueba las confianzas dentro de Chile Vamos.
Por lo mismo, prefiere no ahondar en las cuitas y centrarse en lo que viene. Cómo recomponer la amistad dentro del bloque y, en lo inmediato, la discusión presupuestaria, que esta vez verá como presidente de la comisión de Hacienda del Senado, tradicional cedazo de este y de prácticamente todos los proyectos de ley.

—Definió que su sello será aprobar solo proyectos que signifiquen crecimiento para el país. ¿Qué le parece que sean los ministerios de Medio Ambiente y Cultura en los que más aumentan su presupuesto?
‘Hay dos cosas que hay que revisar con mucho detalle: por qué subieron esos ministerios y para qué. Para eso las subcomisiones son fundamentales y el Gobierno tienen la obligación de justificar no solamente que los números macro calcen, sino también que cada número micro de cada una de las partidas. Cultura ha tenido una muy mala evaluación, el doble clic va a ser muy importante.

Lo otro es la composición del gasto. Qué va a gasto corriente y cuánto a infraestructura o a inversión. Si toda la plata se gasta solo en gasto corriente, renta poco para el país. Si gastas muchísimos de tus recursos en inversión, eso va a generar más crecimiento económico y puede ser muy positivo. Si queremos volver a hablar de crecimiento económico en serio, la composición del gasto puede ser una palanca bien importante’.

—Otra es la estimación de ingresos para que no ocurra en 2025 lo de este año, donde se sobreestimaron.
‘Claramente, y el ministro lo mostró en su presentación del presupuesto. Comos los ingresos fueron menores, tuvieron que hacer recortes para que el balance efectivo estuviese más acorde. Pero siempre uno proyecta ocupando los ingresos estructurales, entonces no es tan raro que haya sorpresas en el camino (…) Veo un tono en el Gobierno, en el ministro Marcel, en Hacienda, de no hacer trampa con los números, sino que probablemente reconocer que se equivocaron en la estimación de ingresos el año pasado y, a futuro, hacerlo bien.

Me preocupa que dentro de los recursos que históricamente el presupuesto contabilizaba como compromisos contingentes a futuro estaba el financiamiento para terminar obras de infraestructura, pero también guardaban para iniciar nuevas obras. Y por lo que miré, eso no está incluido, hay una luz amarilla que la vamos a discutir y le vamos a preguntar a la directora de Presupuestos por qué cambiaron la metodología en la forma de presentar los números, sobre todo en inversiones grandes de infraestructura’.

—La estimación de crecimiento para 2025 supera la del Banco Central y la del mercado, ¿ve exceso de optimismo o autocomplacencia?
‘El ministro Marcel de alguna manera se expone, porque si finalmente el crecimiento es menor, tendrá que dar explicaciones. No es bueno cuando caemos en el conformismo. Y no estamos bien. En seguridad, por ejemplo, el Gobierno ha cometido muchos errores de narrativa política, como decir que hemos logrado combatir la delincuencia, cuando sabemos que no es así. En materia de crecimiento económico, el Gobierno ha sido un poco autocomplaciente y le falta más hambre, sobre todo en ‘permisología’ y certeza jurídica.

Se habla de una economía ya recuperada y eso nadie lo cree. Hay una economía que está bastante debilitada, con bastante poco entusiasmo’.
—¿Considera prudente que el Gobierno pida un espacio de endeudamiento de $17.500 millones?
‘Es otra discusión que también vamos a profundizar. El Gobierno tiene que explicar por qué quiere pedir esa deuda, por qué financiera y económicamente es lo óptimo y no ver otras opciones. Y hay posibilidades de una buena respuesta, que tiene que ver con la arquitectura de tus finanzas públicas, pero el mismo ministro debe explicarlo’.

—La deuda pública superará el 41%, bajo el nivel prudencial de 45%, pero usted habla de lo óptimo. ¿A qué se refiere?
‘El 45% es que no llegue el agua hasta la nariz, porque nos quedamos sin oxígeno, otra discusión es cuál es el nivel óptimo. Quiero valorar que el ministro Marcel y ahora también el Presidente Boric, no así cuando fue diputado, se estén tomando en serio el desafío de los equilibrios fiscales, porque uno de los patrimonios que tiene Chile es la responsabilidad fiscal y lo debemos cuidar.

Pero en los últimos años la deuda pública empezó a crecer brutalmente y empezamos a transformar el superávit que teníamos históricamente en déficits bastante crónicos, a gastar más de lo que ingresaba. ¿Por qué conformarnos con un 42% de deuda pública? ¿Por qué no aspirar a un 30%? Y la respuesta es que nadie ha hecho un estudio serio sobre el nivel de deuda óptima dada la composición del gasto público en Chile. Si todo el gasto público fuesen solo cosas que rentan socialmente —carreteras, puertos— todo este stock de deuda sería bueno, porque la rentabilidad al pedir prestado sería muy superior a los intereses que estamos pagando’.

La ‘reforma tributaria’ que está haciendo el Ministerio de Energía
El senador Kast adelanta que una de las diferencias que habrá con el ministro Marcel es la idea de que si hay un problema en energía, el ministerio respectivo soluciona las tarifas eléctricas con ‘reformas tributarias’. ‘Terminamos transformando el Ministerio de Energía en un mini Ministerio de Hacienda, que hace reformas tributarias, que es lo que está haciendo actualmente. Para compensar el alza de tarifas les cambia las reglas de juego a las generadoras para que paguen más, cuando al momento de entrar ya se les había fijado un precio. Se busca ajustar esos precios e hipotecar la reputación de Chile como un país serio en inversiones. El ministro Marcel se equivoca, el único caso en que estoy de acuerdo que se aplique este criterio es respecto al CAE’.

—El proyecto CAE entra esta semana, ¿cómo anticipa su discusión?
‘Tuvimos una primera reunión con el ministro Cataldo, aún no conocemos el proyecto, y le manifesté al menos dos cosas importantes. Lo primero es que no estoy disponible para inyectar recursos adicionales a la educación superior, toda vez que la gratuidad fue una muy mala política pública y debiéramos haber invertido esos recursos en la primera infancia. La respuesta del ministro Cataldo fue que el proyecto, eventualmente, podría incluso llegar a ahorrar recursos. Estamos a la espera de ver si eso es así o no.

La segunda preocupación que le manifesté es que no nivelen para abajo en las universidades, que no fijen precios, que se permita el copago. Al fijar aranceles por debajo del costo real de la universidad, dejamos que las únicas beneficiadas sean las universidades de pizarrón, mientras que las que invierten en investigación, en estudios, lo pasan muy mal’.

—La última encuesta CEP muestra que los chilenos ven un país estancado y una bajísima aprobación del Congreso y los partidos políticos. ¿Cómo se explica?
‘La gran decepción de la ciudadanía es, primero, la seguridad. El gran pecado de omisión del mundo político chileno es la seguridad. Y de las cosas de las que me siento más orgulloso en mi vida política es haber sido el presidente de la comisión de Seguridad del Senado que más proyectos de ley aprobó, partiendo por la ley Naín-Retamal, ley de usurpaciones, que escribí de puño y letra, trabajé con las víctimas del terrorismo y la sacamos adelante el año pasado.
Afortunadamente a la izquierda cuando le tocó gobernar cambió su discurso, porque cuando estaba Piñera votaron en contra de la ley de usurpaciones, del robo de madera, de la ley antiterrorista, querían dejar sin presupuesto a Carabineros…’.

—¿Y la reforma de pensiones, que lleva años sin avanzar?
‘No es que no se haya hecho nada. La PGU (Pensión Garantizada Universal) que hicimos en el gobierno pasado fue uno de los cambios más importantes que se hayan hecho, del orden de magnitud de la gratuidad en educación superior, pero a diferencia de ese proyecto fue bien diseñado.
Por eso, si vamos a avanzar en una reforma de pensiones ahora, hay que hacerlo con mucha rigurosidad, de buena manera y no con el estilo polarizante, poco riguroso, a ratos incluso populista, que está ocupando la ministra Jara. En cambio, cuando entra Marcel pone el mismo tono que tenemos en la comisión de Hacienda; rigurosidad, análisis, donde los técnicos se sientan a conversar y es más fácil llegar a acuerdo’.

—¿Y qué es lo más le preocupa en esta reforma?
‘Con la reforma de pensiones, en caso de que se llegara a acuerdo, le tengo susto a la idea del autopréstamo. Es crucial que ese préstamo quede contabilizado sobre la línea en la deuda pública, y no que sea una deuda escondida que no aparece en ninguna parte de las finanzas públicas. Ahí el CFA (Consejo Fiscal Autónomo) y el ministro de Hacienda debieran ser muy rigurosos, porque hoy tenemos un nivel de deuda que paga intereses muy altos’.
El próximo gobierno ‘primero debería decir qué va a recortar, antes de prometer’

Y agrega que parte del problema es que los gastos no están rentando lo que se cobra en intereses. Por eso, agrega, la evaluación de los programas sociales es clave, tema al que se dedicará una sesión completa de la Comisión Mixta de Presupuestos este miércoles. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, presentará la evolución de los programas sociales.

—Los programas sociales se evalúan mal hace años, sin grandes cambios, ¿qué falta?
‘Falta el paso siguiente que es atreverse a cortar lo que no funciona. Quien llegó más lejos en eso fue Ignacio Briones con el presupuesto base cero, que no solamente tiene la virtud de recortar, sino que le da la oportunidad al ministerio de usar mejor esos recursos que ahorró’.

—Hoy hay holguras, ¿cómo evitar que el próximo gobierno tenga la tentación de hacer algún proyecto para allegar más recursos?
‘Lo primero que debería decir el gobierno que llegue es qué va a recortar antes de pensar en qué va a prometer. Pero es difícil, gran parte del presupuesto está amarrado por leyes que no pueden cortar y no existen incentivos a recortar gastos, dado que los ahorros o mayores eficiencias terminan transformándose en menores recursos al año siguiente.

La subejecución se castiga, porque se asume que es ineficiencia, y no es necesariamente mala. Si hay programas sociales, por ejemplo, de transferencias directas o entrega de subsidios, la subejecución es un problema porque significa que no se gastó plata que era para la gente. En cambio, cuando se subejecuta por gasto en personal, en burocracia, o en servicios generales del ministerio, eso hay que premiarlo’.

El mercado inmobiliario chileno se enfrenta a una serie de modificaciones normativas y urbanísticas que marcarán el desarrollo de proyectos en el corto y mediano plazo.
Los recientes cambios anunciados entre el 2 y el 30 de septiembre de 2024 por distintas entidades gubernamentales y municipales abren nuevas perspectivas y desafíos para desarrolladores, inversores y propietarios.
Por Pao Castelli Tribes
Según el reporte mensual de GGM Abogados,  uno de los hitos más relevantes es la prórroga de permisos de subdivisión y loteo en Curicó, dictada por la SEREMI MINVU de la Región del Maule, que extiende por tres meses la postergación de dichos permisos.
Esta decisión, aunque temporal, afecta directamente la planificación de nuevos desarrollos residenciales en una zona con alta demanda inmobiliaria, frenando proyectos y expectativas de inversión.
En la Región Metropolitana, la habilitación normativa de terrenos en Puente Alto, bajo la Ley Nº 21.450 sobre integración social y planificación urbana, se presenta como una de las iniciativas más significativas para el mercado.
Esta ley busca incorporar criterios de integración social y gestión de suelo, facilitando el acceso a viviendas para sectores de menores ingresos y ofreciendo nuevas oportunidades para desarrolladores enfocados en proyectos de interés social.
El Plan Regulador Comunal (PRC) de Maipú también fue objeto de modificaciones que establecen precisiones sobre alturas permitidas y prohibiciones como la de apart hoteles en determinadas zonas.
Estos cambios pueden influir en los valores de suelo y en la planificación de futuros desarrollos verticales en una de las comunas más dinámicas de la capital.
Asimismo, se ha anunciado el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica para la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, abarcando un área de 347.000 hectáreas en la Provincia de Concepción.
Esta evaluación podría impactar en la viabilidad de proyectos inmobiliarios a gran escala en la región, incrementando la necesidad de cumplir con exigentes normativas medioambientales.
Un punto adicional con alto impacto en el sector es la publicación del Decreto Supremo N° 33, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
Este decreto prorroga por 18 meses los permisos de construcción vigentes que aún no han iniciado obras, otorgando un respiro a aquellos proyectos retrasados, principalmente por dificultades financieras o de tramitación.
Finalmente, se destaca la aprobación de la Norma Técnica para la Construcción de Vivienda Industrializada, publicada el 26 de septiembre por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Esta norma impulsa el uso de tecnología en la fabricación y montaje de viviendas, lo que podría acelerar la ejecución de proyectos habitacionales y reducir costos, representando una oportunidad para el sector de la construcción.
Estos cambios normativos plantean retos y oportunidades para el desarrollo inmobiliario en Chile, exigiendo a los actores del mercado estar al tanto de las modificaciones y adaptarse rápidamente para aprovechar las nuevas condiciones regulatorias.

Los expertos afirman que si bien la deuda pública ha moderado su alza en relación a los años anteriores, durante el periodo previo tuvo un acelerado aumento y eso es lo que está generando que los intereses sigan subiendo en montos. En 2029 alcanzarán el máximo en montos con un total de $4.717.415 millones. De allí en más, la Dipres proyecta que comenzarán a reducirse.
La importancia de estabilizar la deuda pública no solo tiene un objetivo para mejorar la posición fiscal de Chile y con ello evitar alguna rebaja en la posición crediticia que hacen las clasificadoras de riesgos, sino que también apunta a evitar seguir gastando recursos en el pago de los intereses que se generan por esas deudas. Así como cualquier crédito que acceden las familias les generan un interés al pagarlo, el fisco al acceder a endeudamiento para hacer frente a gastos que no tienen financiamiento permanente también debe asumir ese costo.

En los números que mostró Hacienda se ve una trayectoria con alzas menores a la prevista con un nivel de 41,2% del PIB para este año, y de 41,3% para el 2025 y a partir del 2026 comenzaría una reducción lenta desde un 41,4% para llegar a 38,9% al 2029 los intereses que deberá pagar el fisco siguen siendo cuantiosos.

Durante la presentación del Estado de la Hacienda pública, el ministro de Hacienda, Mario Marcel resaltó que ‘la deuda pública estará cerca de US$20.000 millones por debajo de lo que habría sido si se hubiera mantenido la tendencia de los 12 años previos al inicio de Gobierno, lo cual implicará un ahorro en el pago de intereses de aproximadamente US$1.400 millones por año’.

En ese sentido, añadió que ‘con esto la deuda pública se va a estabilizar levemente por encima del 41% del Producto y significativamente por debajo del límite prudencial de 45% del Producto. De esta manera se va a terminar con 17 años de crecimiento ininterrumpido de dicha deuda, cuestión que ha preocupado a observadores, analistas’.

Pese a ellos, los intereses que paga el fisco por la deuda seguirá una ruta ascendente hasta al menos 2029. De acuerdo al Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre muestra se proyecta que los intereses alcanzarán los $ 3.867.058 millones el próximo año, equivalentes a unos US$4.360 millones. Esto es un 12% mayor, en términos nominales en pesos, a lo proyectado para este 2024. Como porcentaje del PIB llegará a 1,18%. Para el 2026, en tanto, espera que suba 8,6% llegando a $4.197 millones y otra alza de 4,8% entre 2027 y 2028. Ya en 2029 alcanzará el máximo en montos con un total de $4.717.415 millones. De allí en más, el Informe de la Dipres proyecta que comenzarán a reducirse los montos de los intereses por deuda.

¿Qué explica esta trayectoria? Los expertos afirman que, si bien la deuda pública ha moderado su alza en relación a los años anteriores, durante los años previos tuvo una acelerada alza, y eso es lo que está generando que los intereses sigan subiendo en montos.

‘Ello responde a que la deuda pública ha crecido aceleradamente en los últimos años. Las tasas de interés, en tanto, son hoy más altas de las que se registraban hasta hace unos años. Ello determina, entonces, que el servicio de la deuda se ha venido incrementando’, afirmó el economista jefe de Bci, Sergio Lehman.

Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP añade que para ‘el periodo 2025 a 2029 el pago de interés de deuda alcanza en promedio 1,3% del PIB. Incluso para el periodo 2025 a 2028, el nivel promedio estimado también alcanza el 1,3% del PIB, superior levemente al 1,15% del PIB para el mismo periodo 2025 a 2028 del IFP del II trimestre. Es decir, efectivamente hay un alza marginal. Cuando lo vemos como proporción del gasto compatible con la meta del Balance cíclicamente ajustado, también se observa un alza’.

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, fue más drástico en su análisis: ‘La deuda sigue aumentando durante este gobierno y por ende los intereses, lo que dejará menos espacio para aumentar el gasto social. Las proyecciones de Hacienda no permitirán estabilizar la deuda, porque no son ni técnica ni políticamente factibles de cumplir’.

Para Acevedo, ‘el ministerio le dejará la parte más compleja de la consolidación a la administración siguiente y con las fallidas proyecciones de ingresos fiscales, terminará con un déficit fiscal del orden de 2 puntos del PIB, bastante más alto de la promesa’.

Para estabilizar el pago de intereses y que comience a bajar, los expertos afirman que lo primero que se debe hacer es estabilizar la deuda pública. ‘Para estabilizar este componente del gasto público, es necesario estabilizar la deuda. Ello exige converger hacia un equilibrio fiscal, que, acorde con lo que se ha definido, ocurriría hacia el 2029’, menciona Lehmann.

Mientras que Ortiz asevera que ‘para estabilizar dicho gasto, lo necesario es lograr un balance fiscal efectivo equilibrado o superavitario. Toda vez que la evolución de la deuda bruta obedece a i) el balance fiscal efectivo y transacciones en activos financieros’.

Para nadie es un misterio que Chile sufre un agudo problema de falta de crecimiento. Las dificultades para atraer inversión y un mercado laboral precarizado son reflejo de este escenario, caracterizado (si no provocado) por una larga y constante inoperancia de nuestra política. La gestión de la actual administración es una extensión de tal problemática. La evolución de su discurso ha sido forzada por la realidad de las cifras, pero sus acciones y resultados han estado lejos de generar un cambio de rumbo.
El estancamiento quedó nuevamente documentado esta semana. La variación anual de 2,3% del Imacec de agosto se ubicó en la parte baja de las expectativas del mercado. Con excepción de la minería del cobre, impulsada por elementos coyunturales, no existen sectores que muestren gran dinamismo. De hecho, el Imacec no minero tuvo una variación de tan solo 1,5% en doce meses, aumento diminuto para una economía que se esperaba retomara su senda de crecimiento este año. Las explicaciones respecto al descalce de las semanas o los distintos días hábiles entre 2023 y 2024 aparecen como excusas para justificar lo obvio: en lo económico, el tercer año de la administración del Presidente Boric será también decepcionante.
El análisis de los datos desestacionalizados permite, a su vez, centrar la atención en la evolución de más corto plazo. Entre julio y agosto, el Imacec ajustado sufrió una caída de 0,2%, la quinta en los últimos doce meses, lo que informa respecto de la fragilidad de nuestra economía. Por su parte, el Imacec no minero desestacionalizado mostró una variación de -0,53%. En cuanto a los sectores, para servicios la variación fue de -0,6%; industria, -0,8%, y resto de bienes, -1,1%. Solo comercio (0,7%) y minería (2,3%) entregaron cifras azules. Así, los naturales esfuerzos de la autoridad por presentar un panorama optimista chocan con la realidad de los números. Estos dan cuenta de un escenario complejo, frente al cual la actual administración no parece tener respuestas. La eventual aprobación de las iniciativas que se discuten en el Congreso y que apuntan a reducir la “permisología” puede tener un impacto positivo, pero difícilmente logrará compensar el ímpetu ideológico que, impulsado desde la izquierda, progresivamente ha mermado nuestras ventajas comparativas y el apetito por crecimiento. Más aún cuando la oposición, en lugar de levantar una alternativa sólida, privilegia reyertas menores.
Este escenario debe tenerse también en cuenta al revisar el proyecto de Ley de Presupuestos 2025. Parte de la discusión se ha centrado en el crecimiento del gasto de 2,7%, propuesto por Hacienda. Obviamente, una base de comparación distinta (por ejemplo, el presupuesto efectivamente ejecutado este año) podría revelar una cifra más alta, pero este análisis contable no es necesariamente lo más importante. Más sugerente resulta reparar en otro hecho: aun cuando la autoridad anticipa un crecimiento del PIB de 2,7% para 2025, en momentos en que enfrenta un nuevo y difícil ciclo electoral, y contando con una regla fiscal contracíclica, que le permite sostener niveles de gasto altos cuando la economía no despega, la expansión del gasto público no superaría el 2,7%. Esta es una cifra magra, solo comparable con la observada en 2017 y que se explica por la compleja realidad de nuestras cuentas fiscales, que dificultará hacerse cargo de algunos de los problemas más graves que enfrentan los chilenos.
Así entendida, la expansión presupuestaria del 2,7% propuesta por Hacienda no es sino el reflejo de un país que agota sus posibilidades de expansión del gasto (y de endeudamiento), producto de una década de magro crecimiento. La certera insistencia de la presidenta del Banco Central en cuanto a que las posibilidades de crecimiento tendencial se estiman por debajo del 2% durante la próxima década agrega dramatismo al escenario. Y es que, en definitiva, si hasta un gobierno que partió despreocupándose del crecimiento se ve forzado a acotar la expansión del gasto debido al estancamiento económico, es que el impacto de este es ya reconocido por todos.

Expertos del sector sostienen que es indispensable volver a crear normas que fomenten el ahorro y la inversión para salir de la crisis actual.
Por Leonardo Núñez
La necesidad de reactivar distintos sectores ha marcado el debate económico de los últimos años.
Con el último Imacec de agosto no fue la excepción, ya que estuvo bajo el piso de las proyecciones: el indicador creció 2,3% en comparación con igual mes del año anterior.
Ante estas cifras, los expertos volvieron a centrar sus miradas en las últimas reformas realizadas en el país, en ámbitos tanto tributarios como regulatorios, por el impacto que han tenido en la inversión.
Michel Jorratt, ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII) entre 2014 y 2015, advirtió recientemente que “las normas tributarias requieren de estabilidad.
No es posible que en cada nuevo gobierno se hagan reformas para deshacer lo que hizo el anterior”.
La alcaldesa Evelyn Matthei, y probable candidata presidencial, fue más allá y sostuvo en el foro “Confianza y Liderazgo: Mirando al futuro”, organizado por PwC, que una opción para atraer capital a Chile sería retomar el Decreto Ley 600 (DL 600), que permite la invariabilidad tributaria, el cual se derogó con la reforma tributaria de 2014.
Estos análisis también están presentes en el mundo inmobiliario, que hoy vive una de la crisis más profundas de su historia.
Expertos del sector sostienen que varias leyes que fueron derogadas hoy explican, en parte relevante, la lenta recuperación de la construcción y de las ventas de propiedades.
Eduardo Correa, doctor en derecho mercantil de la Universidad de Barcelona y socio de Guerrero y Cía.
Abogados, ha planteado en su columnas que parece no tomarse en cuenta la magnitud del problema.
“En los últimos años, han quebrado más de 150 constructoras, se han perdido miles de empleos en el sector, la venta de viviendas sigue disminuyendo y los ingresos de permisos de edificación siguen a la baja.
Por otro lado, hay déficit habitacional”, sostiene.
“Si bien son principalmente consecuencia del estadillo social y la pandemia, muchas se han visto exacerbadas por leyes mal estructuradas que aumentaron los costos de construcción y por consiguiente el precio de las viviendas, transformándose en políticas públicas que generan un desincentivo a la inversión y en directo perjuicio del fomento de la actividad inmobiliaria y de la construcción”, añadió en el portal “Idealex.press”.
Retomar incentivos para la inversión
Entre las normas derogadas, los expertos enumeran el establecimiento de impuestos a la enajenación de inmuebles efectuados por personas naturales, la eliminación del crédito especial de IVA que beneficiaba a las constructoras y el establecimiento del IVA a la venta de inmuebles.
A ello se suma la eliminación de los beneficios tributarios para las personas jurídicas y naturales respecto de la tercera vivienda DFL 2.
Tampoco se tomó en cuenta el daño que se iba a provocar al mercado de capitales con los retiros de fondos previsionales.
Esto tuvo un impacto profundo y de largo plazo en el endeudamiento para tomar créditos hipotecarios con bajas tasas de interés.
Por ello, pese a los recortes de los tipos de interés en Chile y el extranjero, las tasas hipotecarias difícilmente volverán a situarse bajo el 4% (hoy promedian el 4,88%).
“Lamentablemente, la reducción de la tasa de política monetaria que se acelerará en los próximos meses no tendría efecto sobre la tasa de crédito hipotecaria (en Chile), ya que ese crédito de largo plazo sigue aún muy afectado por los retiros de fondos previsionales”, señala Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo y exministro de Economía.
Para los expertos del área es indispensable reestablecer normas que fomenten el ahorro y la inversión.
“Volver a incorporar el beneficio de la depreciación instantánea (contemplado en la Ley 21.210), y reponer (aunque sea de forma transitoria), alguno de los beneficios referidos, que fueron eliminados en los últimos años, permitiría generar condiciones efectivas para el fomento de la adquisición de activos inmobiliarios”, indica Eduardo Correa.
Juan Pablo Echegaray, gerente comercial Exxacon Inmobiliaria, también ha sostenido a nuestro medio que faltan “incentivos tributarios que beneficien no solo a los usuarios finales, sino que también el ahorro y la inversión en propiedades para el caso de los inversionistas, quienes son responsables de una importante parte de la demanda”.
Javier Zulueta, abogado de GMOE y asesor en materias inmobiliarias y construcción, también propone “posponer la exención del beneficio tributario para las empresas constructoras, que progresivamente a partir de este año, se irá disminuyendo hasta eliminarse totalmente en 2027.
Me refiero al Crédito Especial de las Empresas Constructoras conocido con la sigla CEEC”.
Este beneficio consiste en una rebaja del 65% del IVA y se eliminará definitivamente en 2027.
Durante 2024 disminuirá a un 75%, al 50% el año 2025 y al 25% el año 2026.