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Ayer se inauguró la segunda etapa (de seis) del Parque Mapocho Río, entre Quinta Normal y Cerro Navia, proyecto a cargo del Ministerio de Vivienda que inició su construcción en 2020 y ha implicado una inversión de $81 mil millones. La iniciativa ha sufrido retrasos, ya que inicialmente iba a estar lista este año y ahora se prevé que los sectores faltantes sean completados a más tardar en marzo de 2024. Dividido en seis zonas, dos en la primera comuna y cuatro en la segunda, los espacios restantes presentan un 78%, 83%, 81% y 97% de avance, respectivamente.

El parque se sumará como pulmón verde para Santiago, con 52 hectáreas y 9 kilómetros de longitud. Incluirá ciclovías e instalaciones desde juegos para niños a dos lagunas, multicanchas, skateparks, un patinódromo, un muro de escalada y miradores, entre otros. «Representa un avance en equidad territorial y eso me parece tremendamente importante. Ahora, la alcaldesa (Karina Delfino) decía que Quinta Normal va a pasar de tener 2,3 a 3,5 metros cuadrados de áreas verdes por persona. Todavía nos falta para alcanzar los estándares que serían justos y, por lo tanto, no podemos conformamos con esto, tenemos que cuidar este espacio, pero tenemos que avanzar más», dijo el Presidente Boric.

El sector presentado ayer era una zona de vertederos ilegales y basurales, los que generaban que proliferaran rucos y además fomentaban una fea imagen de bienvenida para quienes llegaban al aeropuerto de Pudahuel y se desplazaban hacia otras áreas de la capital. «Era un sector olvidado… Éramos los segregados de la comuna Quinta Normal). Este sector no se sabía si era de Cerro Navia, de Renca o de Quinta Normal, y había que luchar con los basurales, con el alcoholismo…», sostuvo Luis Ramírez, dirigente del Club Deportivo Población Carrascal de la comuna, era como «un sector olvidado».

«Antes era un basural, todo sucio, mucha drogadicción», comentó Ketty Flores (60), residente del sector. La alcaldesa Delfino recordó que «este lugar era feo, lleno de escombros, era un aparcadero municipal que, la verdad, era un basurero». In jefa comunal hizo un llamado a cuidar el lugar: «Haciendo un esfuerzo grande con la comunidad se puede hacer», dijo. Según el ministro Carlos Montes, «la serie de usos que ofrecen .tos espacios públicos, desde lo deportivo hasta lo recreativo, consiguen transformar el entorno y la forma en la que las personas se relacionan con él. Esto es lo esperamos que suceda en 1, 55,, del río Mapocho, entre Quinta Normal y Cerro Navia, un territorio en el que reemplazamos los microbasurales, y focos de delincuencia, por un parque de alto estándar, bien iluminado y más seguro para los vecinos», dice Montes.

-Durante el primer semestre de 2023, la industria de la construcción experimentó una disminución del 8,7% en el ingreso de nuevas obras en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, en junio se observó un importante aumento del 55% en nuevos proyectos respecto al mes previo. Además, a pesar de la caída semestral, estos primeros seis meses del año han mostrado un crecimiento del 21,4% en comparación con el segundo semestre del 2022.
Según el último reporte InfoConstrucción elaborado por Iconstruye, durante el primer semestre de 2023 ingresaron 136 nuevas obras, 8,7% menos que en el mismo lapso de 2022 -periodo en el que ingresaron 149 obras-. Sin embargo, los proyectos que iniciaron en los primeros seis meses de este año, superan en 21,4% a los que se introdujeron en la segunda mitad del ejercicio pasado (112).
Al respecto, Isabel Pinochet, gerenta comercial de Iconstruye señala que «durante el primer semestre de 2023, en comparación con los últimos cuatro años, hemos experimentado el nivel más bajo en términos de creación de obras mensuales, lo cual ha tenido un impacto significativo en la actividad de nuestra industria».
Dice además que desde la plataforma creen que esta situación es el resultado de diversos problemas acumulados. «Por un lado, las empresas se han enfrentado a desafíos financieros al tener que asumir costos mayores de lo previsto debido al aumento en el precio de los materiales, las dificultades para adquirirlos debido a la pandemia y las consecuencias de la crisis por la guerra de Ucrania y Rusia».
Durante junio, en tanto, se registraron 31 nuevos proyectos, lo que significó un incremento del 55% en relación a mayo. Además, en comparación con el mismo período del año 2022, el aumento fue del 41%, evidenciando una tendencia positiva en el ingreso de nuevos proyectos.
Ante los datos de dicho mes, la ejecutiva sostiene que se observa una señal positiva con el aumento en la creación de obras, lo que podría indicar que la situación comienza a moverse hacia una mejor dirección. «Es de esperar que este repunte permita reactivar proyectos actualmente detenidos y, además, generar el inicio de nuevas iniciativas».
Y agrega: «Sin duda, es crucial agilizar el proceso de adjudicación de proyectos por parte de la inversión pública, así como garantizar un inicio rápido y eficiente de los mismos. Estos factores serán determinantes para impulsar el crecimiento y la recuperación de nuestra industria».
De todas las obras en curso, un 70% son de carácter residencial, mientras que un 14% son proyectos de infraestructura, que abarcan obras viales, marítimas, proyectos portuarios, mineros y de salud. Las obras comerciales representan un 9% e incluyen oficinas, centros comerciales, establecimientos educativos, hoteles, plazas, gimnasios y estadios. Por último, un 7% corresponde a obras menores.
En la misma línea, otras tendencias que han estado observando desde Iconstruye es el tipo de proyecto por regiones. La Región Metropolitana lidera con 557 proyectos en ejecución, seguida de la Región de Valparaíso con 97, y las regiones de Biobío y Coquimbo con 47 cada una. Estas zonas destacan por su enfoque en desarrollos residenciales e infraestructura.
Por otro lado, el informe reveló que en junio había un total de 1.022 proyectos activos en todo el país. De ellos, el 55% estaba en la etapa de terminaciones, el 22% en obra gruesa, el 21% en fases previas y solo el 2% en fundaciones.
En relación al valor promedio por transacción, es decir, el costo de materiales e insumos, el informe indica que en junio aumentó un 1% respecto al mes anterior, pero aún se sitúa un 2% por debajo del promedio de 2022. Respecto a 2019, la variación de junio se mantuvo 36% bajo el mismo periodo prepandemia.
En esa línea, la gerente explica que «esto es un reflejo de los cambios en los procesos de compra que se han ajustado para tener una mayor eficiencia y cuidado de los presupuestos de obras. Mientras que, en relación con los precios de los materiales e insumos, estos han detenido sus alzas, tendencia que debería mantenerse dado el control de la inflación que mueve la UF, y que por primera vez en mucho tiempo ha mostrado una tendencia a la baja».
Además, según el informe, se observó un incremento del 9% en el total de órdenes de compras a nivel nacional en comparación con mayo, aunque se mantiene por debajo de años anteriores: en relación al 2022 se evidencia una caída de 4%, mientras que respecto de 2019 la baja es de 32%.

Aunque no son muy conocidos, los fideicomisos inmobiliarios constituyen hoy otra forma de inversión en Chile. Se trata de una figura legal mediante la cual el o los propietarios de un bien inmueble o de proyectos inmobiliarios, entregan a un tercero independiente, bajo el establecimiento de un sistema fiduciario, la administración de dichos activos, a condición de la búsqueda de la mayor rentabilidad o resultados, entendiéndose tal figura como un ‘mandato de confianza’ mediante el cual se constituye la propiedad fiduciaria.

‘En términos simples, en la práctica, el fideicomiso es un contrato solemne en donde el propietario de un bien raíz le entrega a un fiduciario, que puede ser una institución financiera, la administración y gestión de su inmueble, a cambio de que se obligue a distribuir entre los inversionistas o aportantes los beneficios generados por esa propiedad (retornos)’, explica Nicolás Urbina, fiscal de Exxacon Inmobiliaria.

Precisa que la mecánica más conocida en Chile es más bien indirecta, a través de la participación en los llamados Fideicomisos de Inversión Inmobiliaria, tanto en aquellos que cotizan en bolsa como los que tienen el carácter de privados.

Los fideicomisos inmobiliarios mantienen un extenso portafolio de bienes inmuebles que puede ir desde edificios y condominios residenciales o habitacionales, inmuebles comerciales y de oficinas, hasta centros comerciales y hoteles. En este tipo de fideicomisos, distintas personas adquieren parte de dicho instrumento financiero, sin adquirir directamente la propiedad, pero sí obteniendo derechos sobre los ingresos generados por la misma, ya sea por rentas o por la eventual venta de las unidades del proyecto inmobiliario o por la totalidad de este (plusvalía).

¿Existe un monto mínimo o máximo para invertir en este instrumento? Al respecto, el ejecutivo señala que en general guardan relación con aquellos montos y limitaciones que disponga el fideicomiso como tal. ‘Por ejemplo, la imposibilidad de retirarse con anticipación al cumplimiento de un plazo estipulado, lo que podría afectar la disposición de los aportes’.

Tipos de inversores

Los fideicomisos inmobiliarios se recomiendan comúnmente para los inversionistas y las personas que quieren asegurar de cierta manera sus inversiones inmobiliarias y reducir los riesgos conforme se diversifican dichas operaciones al existir varios activos dentro del portafolio del fideicomiso.

‘Por otra parte —agrega Nicolás Urbina—, se suma la alta flexibilidad y liquidez que tienen en el mercado financiero (público) y el ofrecimiento de rentabilidades periódicas y muchas veces aseguradas en el largo plazo ya que, al estar administrado por un ente especializado en la gestión de activos inmobiliarios, los resultados son mucho más eficientes y óptimos. También es utilizado como mecanismo para el resguardo ante procesos inflacionarios, como el que actualmente estamos viviendo’.

El mercado de centros de bodegaje sigue experimentando baja vacancia. Incluso, se espera que termine el 2023 ‘con niveles menores al 1%, al igual que los últimos dos años’, asegura Lorena Tapia, directora ejecutiva de GPS Property.

Esta situación está generando presión, continúa la ejecutiva, para que se mantengan ‘los precios de arriendo mostrados el semestre pasado’, que estaban en torno a un 30% más del valor de cierre del período 2020-2021.

Lo que se está viviendo no solo se explica por un aumento explosivo de la demanda por espacio, sino también porque este año ingresarán menos metros cuadrados que el promedio de los últimos tiempos. Esta disminución se ocasiona, principalmente, porque los proyectos se han atrasado; muchos de ellos, considerados para el segundo semestre del 2023, estarán listos recién los primeros meses del 2024.

Esto significará que la oferta en 2024 ‘se duplique con respecto a la de este año, llegando a los valores 2012-2019, cuando la vacancia se encontraba en torno al 4%’, agrega Lorena Tapia.

Algunas incertidumbres

En palabras de la directora ejecutiva de GPS Property, la baja vacancia de bodegas en Santiago y en el país comenzaría a ceder durante el 2024. Incluso, detalla que en los próximos cuatro años ingresará ‘al mercado de centros de bodegaje una superficie promedio anual en torno a 280 mil m2, volviendo a los niveles promedio mostrados durante los últimos ocho años, considerando la baja producción de 2020 y 2021’.

Pero Lorena Tapia es cauta, dejando claro que existe una serie de variables que podrían disminuir esta cifra; entre estas, ‘los mayores tiempos en aprobación de permisos municipales y ambientales, y la serie de modificaciones en la normativa de los planos reguladores, que generan incertidumbre en los desarrolladores’.

Dudas que se sustentan, principalmente, en que los terrenos de uso industrial exclusivo se hacen cada vez más escasos por los planos reguladores comunales y, por lo mismo, sus precios, sobre 4 UF/m2, ‘no permiten el desarrollo de un centro de bodegaje, especialmente si estimamos que los valores de arriendo estabilizados en el mediano plazo deberían bordear un 15% menos que los precios actuales. Esto motiva la generación de nuevos polos industriales, los que acompañados con mejoras en la infraestructura vial deberían empezar a madurar en los próximos cinco años’, explica la ejecutiva.

Nuevos polos

Las modificaciones en los planos reguladores efectuadas en los últimos años en comunas tradicionalmente industriales como Pudahuel o Renca, sumando los procesos de cambios de normas en municipalidades como Quilicura o Lampa, que restringen los usos industriales, han llevado a los desarrolladores a tomar posiciones en el sector Poniente, como Noviciado o La Farfana; Sur Poniente, como Rinconada, y sectores como San Bernardo o Acceso Sur.

‘También han surgido desarrollos en torno a las vialidades estructurantes como las rutas 5 Norte y 5 Sur, que no cuentan con normativa industrial, pero que se han ido instalando a través de la obtención de permisos específicos de cambio de uso de suelo, llamados Informe Favorable para la Construcción’, agrega.

Hace dos semanas fue la directiva y los parlamentarios de Evópoli los que propusieron al ministro de Hacienda, Mario Marcel, extender la negociación por el pacto fiscal hasta diciembre y enviar recién en marzo del próximo año un nuevo proyecto tributario. El “libreto” del Gobierno es que a fines de este mes dará a conocer su itinerario legislativo sobre su plan tributario, que sufrió un duro traspié en marzo, con el rechazo de la idea de legislar en la Cámara de Diputados.
La idea de alargar los plazos de la conversación ayer también fue pedida por el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes. “Necesitamos más tiempo para hacer propuestas serias, pero el plazo está muy acotado y no veo que sea factible cumplirlo”, dijo Mewes en T13 radio.
El planteamiento del líder de la CPC, que va en línea con lo propuesto por otros actores, no cayó bien al ministro Mario Marcel. “Respecto a requerir más tiempo, en primer lugar, no deja de llamar la atención que un gremio que señaló que el tema del crecimiento es de particular relevancia y es el centro de un pacto fiscal como el que estamos trabajando, requiera más tiempo respecto de un proceso que se inició hace cerca de dos meses, y particularmente, en materia de crecimiento”, dijo el ministro.
Recordó Marcel a la CPC que, “nosotros, en un plazo relativamente breve, porque ya veníamos trabajando en esta materia, hicimos 36 propuestas de iniciativas para estimular la inversión, la productividad y el crecimiento económico”, y enfatizó que “si realmente uno está motivado por contribuir al crecimiento de la economía, debería ser capaz de generar sus propuestas quizás con mayor rapidez”.
No obstante, el jefe de las finanzas públicas abrió la puerta a recibir sugerencias fuera de plazo: “Va a haber espacio en la propuesta que vamos a hacer para seguir enriqueciendo algunas de estas propuestas. Creo que si este gremio requiere más tiempo, tendrá la oportunidad”.
La relación entre el Gobierno y la CPC se ha visto tensionada en las últimas semanas. Si bien en el principio de la convocatoria del pacto fiscal para revivir la reforma tributaria hubo una buena acogida a discutir las materias que había levantado Hacienda, el empresariado después cerró la puerta a debatir cualquier alza de impuestos. Ello fue calificado como “un cambio de actitud” por parte de Marcel.
Asimismo, en el Ejecutivo y en el mundo político han criticado a la CPC por el “téngase presente”, que ingresó al Tribunal Constitucional por el proyecto de ley que endurece las penas a los delitos económicos y ambientales.
Itinerario
Marcel ayer confirmó que, en los próximos días, el Gobierno entregará su propuesta de pacto fiscal. “A fines de este mes, tal como lo planteó el Presidente de la República, vamos a hacer nuestra propuesta de pacto fiscal y esperamos tener una positiva acogida, dado que va a haber recogido muchas ideas y muchas propuestas de distintos sectores”, señaló.
El ministro aseguró que hasta el momento, “se ha avanzado de manera muy constructiva en el diálogo con todos los actores que han estado disponibles para concurrir a este trabajo. Llevamos alrededor de 25 reuniones con distintos actores económicos, sociales y políticos. A partir de ahí, se ha ido formulando una serie de propuestas que hemos intercambiado, y hemos pedido opinión a quienes han sido nuestros interlocutores”.
“Hemos tenido varias reuniones, ocho con las organizaciones de empresas de menor tamaño, cuatro con la CPC, dos con organizaciones de la sociedad y con los diversos partidos del espectro político, de manera que se ha avanzado mucho en cuanto a los contenidos posibles de este pacto fiscal”, agregó.
INSISTENCIA
Boric comprometió el envío de la insistencia al Senado por la reforma tributaria a fines de julio.

El Segundo Tribunal Ambiental acogió las dos reclamaciones interpuestas en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y dejó sin efecto aprobación del proyecto inmobiliario ‘Hijuelas Quilín’, ubicado en la comuna de Peñalolén, que considera la construcción de 24 torres y una inversión de US$ 350 millones, en un plazo de nueve años.
Se trata de una iniciativa de la Inmobiliaria Universa, cuyos socios son Jaime Araya, sus hermanos Alberto y Rafael; la familia Peña Vial y Gastón Escala, expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción.
Luego de analizar los antecedentes de la causa, la sentencia concluye que el SEA no justificó adecuadamente que la iniciativa inmobiliaria no generará efectos en sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, específicamente asociados a potenciales impactos viales.
Con esta decisión, el tribunal dejó vigente la primera decisión del SEA respecto del proyecto inmobiliario, que calificó desfavorablemente -a través de la RCA N° 688/2019- la iniciativa proyectada por Inmobiliaria Universa. El proyecto había obtenido en 2020 una Resolución de Calificación Ambiental favorable con condiciones.
Las reclamaciones fueron presentadas por la Municipalidad de Peñalolén y un grupo de vecinos de esa comuna. El tribunal estuvo integrado por los ministros Cristián Delpiano, presidente (s), Daniella Sfeir y Carlos Valdovinos, suplente del Tercer Tribunal Ambiental, en calidad de subrogrante.
Jaime Araya, socio de Inmobiliaria Universa, manifestó su sorpresa y disconformidad con el dictamen. Indicó que ‘la sentencia se funda en que los estudios que presentó Universa no descartaron un aumento en los tiempos de desplazamiento de los grupos humanos. En este punto, la sentencia es errada y se funda en antecedentes equivocados. Como titulares, demostramos latamente en la evaluación ambiental y también en el juicio, que la situación con proyecto es a todas luces una mejora respecto de lo que actualmente existe en el lugar’.
Araya recordó que ‘en su momento, la decisión del SEA de dar luz verde al proyecto tomó en consideración sus obras de urbanización, gracias a las cuales la avenida Quilín, que hoy mantiene un perfil rural, sin veredas y con postes instalados en su berma, se ensancharía a dos pistas por lado, siguiendo la misma línea del tramo que une a avenida Sánchez Fontecilla con avenida Consistorial, con lo cual los tiempos de desplazamiento disminuirán significativamente.’
Señaló que el proyecto se emplaza en un terreno de más de 15 hectáreas, ‘garantizando una baja densidad, y que no se diseñó como condominio privado, tan usual en la comuna de Peñalolén. Por el contrario, el proyecto se configuró como un espacio público abierto, que contempla un parque de dos hectáreas y varias plazas’.
Respecto del reclamo de la municipalidad, indicó que ‘resulta a todas luces incomprensible que esta autoridad perjudique más de 2.000 puestos de trabajo durante los nueve años que dura la construcción, y que con ello se renuncie a más de $3.500 millones anuales en contribuciones de bienes raíces’.
La inmobiliaria está estudiando el camino para intentar revertir el fallo del tribunal ambiental.
TRABAJO
Más de 2.000 puestos de trabajo generaría el desarrollo de este proyecto.

Pese a que durante el primer semestre la minera de los Luksic aumentó en un 10% su producción, Antofagasta Minerals (AMSA) ajustó su proyección de cobre para el año a un rango de entre 640 mil toneladas y 670 mil toneladas por efecto de una menor disponibilidad de agua para sus procesos productivos. Lo anterior, tanto por el impacto de la sequía como por reprogramaciones en la puesta en marcha de su desaladora en la Región de Coquimbo, donde se ubica Minera Los Pelambres.
En febrero, cuando la firma entregó los resultados financieros de 2022, Antofagasta plc (matriz de AMSA, que cotiza en Londres) señaló que durante 2023 esperaba producir entre 670.000 y 710.000 toneladas de cobre, entre 220.000 y 240.000 onzas de oro, y entre 10.000 y 11.500 toneladas de molibdeno.
Pero Antofagasta Minerals indicó ayer que debido a reprogramaciones en la puesta en marcha del proyecto de Infraestructura Complementaria (INCO) de Minera Los Pelambres y a la persistente sequía en la Región de Coquimbo, actualizó su estimación de producción de cobre fino para este año a un rango de 640.000 a 670.000 toneladas. Esto, con un costo neto de caja de US$ 1,65 la libra, después de créditos por subproductos.
La empresa, que consolida los resultados de Los Pelambres, Centinela, Antucoya y Zaldívar, manifestó que el primer semestre obtuvo una producción ascendente a 295.500 toneladas de cobre fino, lo que significa un aumento de 10% respecto al mismo período del año anterior. La producción de oro fue de 86.200 onzas y la de molibdeno llegó a 4.900 toneladas.
“A raíz de las constantes e intensas marejadas asociadas al fenómeno climático de El Niño, en el último trimestre hubo reprogramaciones en las actividades de término de las obras marinas de la planta desalinizadora que Minera Los Pelambres está construyendo en Los Vilos, las que ahora se encuentran prácticamente finalizadas. Asimismo, se ha requerido un tiempo adicional para completar la ampliación de su planta concentradora. Ambos proyectos terminarán su puesta en marcha durante este segundo semestre. Debido a estas condiciones y a la falta de lluvia, hemos actualizado las estimaciones de producción para este año”, explicó el presidente ejecutivo de la compañía, Iván Arriagada, al referirse a los ajustes.
Inversiones
Asimismo, Antofagasta Minerals ratificó que espera invertir US$ 1.900 millones durante el año en curso. Además de iniciativas para asegurar el correcto funcionamiento de sus operaciones, estos recursos permitirán terminar la construcción del proyecto INCO de Minera Los Pelambres. La compañía informó que durante junio la planta desalinizadora produjo en promedio 160 litros por segundo (l/s) de agua y que en los próximos meses alcanzará su capacidad de diseño de 400 l/s.
Venta de Reko Diq
Por otra parte, AMSA confirmó que ya recibió los fondos de la venta de su participación en el proyecto Reko Diq (US$ 945 millones) en Pakistán. Esto, tras conocerse a fines del año pasado un acuerdo mediante el cual un consorcio de firmas paquistaníes estatales adquiriría la participación de Antofagasta plc en la sociedad propietaria de la iniciativa a cambio del monto señalado. Esto ocurre después de más de tres años de una resolución del Ciadi y a más de una década de que se iniciara un proceso judicial entre Antofagasta Minerals y el Estado Islámico de Pakistán por el proyecto.
En relación con el mercado internacional, Iván Arriagada dijo que “estamos observando una resiliencia en la demanda por el cobre, a medida que se sigue avanzando en la meta global de descarbonización”.

En las últimas reuniones para avanzar hacia un pacto fiscal que ha sostenido esta semana con gremios empresariales como las pymes y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el Ministerio de Hacienda propuso una serie de medidas que perfeccionan el proyecto de reforma tributaria rechazado en marzo e incluye nuevas propuestas para ir acercando posiciones.
De acuerdo a una presentación de la autoridad realizada el lunes a organizaciones de empresas de menor tamaño, en la que se detallan la mayoría de los apoyos que irían al sector, una de las medidas apunta a la transición del régimen transparente (pymes liberadas de impuesto a empresas) al dual o desintegrado.
En la iniciativa original, Hacienda definió como un sistema dual de impuesto a la renta el régimen general impositivo para las grandes empresas, que dejará de ser semiintegrado entre el impuesto a las personas y a las empresas, como funciona actualmente, pasando a ser desintegrado. Actualmente, un socio de una empresa puede descontar de su impuesto personal hasta un 65% de lo que ya tributó su compañía. Con la reforma original, ese crédito tributario se elimina y el pago de impuestos se realiza por separado entre compañía y accionista. Para ello, se mantiene el tributo de Primera Categoría en 27%, pudiendo ser rebajado a 25% si hay inversiones en innovación y tecnología, y se crea un impuesto único a los dividendos de 22%.
Para pasar del régimen transparente al dual Hacienda planteó que las utilidades que hubieran completado su tributación y que no hayan sido retiradas de la empresa deberán registrarse en el registro de utilidades con tributación cumplida sin orden de imputación. Asimismo, las utilidades que se imputaron al beneficio de reinversión tendrán preferencia para su distribución durante el primer año de ingreso al régimen general. Por los siguientes tres años mantendrán la preferencia, pero a continuación de las nuevas utilidades generadas. Al 5º año el saldo deberá anotarse en el REX (Registro de Rentas Exentas e Ingresos no constitutivos de Renta).
En la transición del régimen integrado al dual, se propone que las firmas podrán mantener el SAC (control de los saldos acumulados de créditos por impuestos a empresas) y distribuir utilidades con crédito por hasta 4 años desde el ingreso al régimen dual. Durante el primer año las utilidades tendrán preferencia en su retiro, por los siguientes tres años podrán ser retiradas a continuación de las nuevas utilidades. Durante todo este período podrán además acoger parte o todas estas utilidades a un impuesto sustituto de impuestos finales con tasa 35% con crédito por el tributo pagado por la empresa.
Asimismo, como forma de fomentar el retiro de utilidades a tasas rebajadas, se propuso que las sociedades puedan también acceder a un impuesto sustitutivo (ISUA). En este caso, las utilidades quedarán sujetas a una tasa total de 32% y 34%, pudiendo utilizar como crédito el impuesto de primera categoría. “Esta opción resulta más beneficiosa para las pymes que para las empresas en el régimen general, pues estas últimas quedarían sujetas a tasas totales de entre 34 y 36%”, se precisa en la presentación.
También se amplía el porcentaje de reinversión hasta el 70%, que supone una distribución mínima de 30% de las utilidades, y se amplía el monto máximo imputable a 7.000 UF.
Visión de expertos
A juicio del socio líder de Impuestos de Grant Thornton, Nicolás Alegría, “proponer un impuesto sustitutivo para un pyme realmente no tiene sentido, pues el socio no busca retirar para gastarse el flujo, necesita reinvertirlo”.
Advierte que “se echan de menos medidas que para las pymes realmente han movido la aguja. Depreciación instantánea, por ejemplo, de bienes físicos y de intangibles es algo que debiera mantenerse”.
El presidente de la comisión tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, dice que “más que una ruta del emprendimiento debemos contar con una carretera del crecimiento a nivel de nuestro sistema tributario. Esto implica evaluar el establecimiento de un solo régimen integrado de renta para todas las empresas independientes de su tamaño, restablecer la equidad horizontal y eficiencia del sistema y diferenciar tasas de impuesto renta menores para las pymes”.
GRADUALIDAD
Para volver a la tasa de 25% a las pymes, se propone un proceso gradual, que culminará en 2028.