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El bajón inmobiliario, la ‘permisología’ y el escaso efecto de las medidas del Ejecutivo están entre los factores.
La actividad de la construcción no ha crecido ningún mes durante el actual Gobierno. La debilidad de la economía y del mercado inmobiliario, restricciones financieras, la inflación, incertezas político-regulatorias y el imperceptible impacto de las medidas de impulso del Ejecutivo para el sector, tienen al rubro en cifras rojas.
Así lo refleja el Índice Mensual de Actividad de la Construcción (Imacon), que elabora la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que completó 30 meses consecutivos de descensos interanuales, tras disminuir 7,5% anual en mayo pasado. Es decir, lleva dos años y medio en terreno negativo, siendo esta la peor racha desde que existe esta medición (1990).
El Imacon se compone de variables como venta de materiales, superficie autorizada para edificación, consumo de cemento y empleo de la construcción, y todos registran desempeños negativos.
Respecto de la ocupación, en el trimestre móvil marzo-mayo de este año se registraron 738.840 trabajadores en la construcción, unos 5.340 puestos menos que el trimestre previo (febrero-abril), según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Así, el empleo sigue bajo el nivel previo al estallido que se aproximaba a los 800.000 ocupados.
Razones
‘La actividad de la construcción se mantiene a la baja y es un reflejo de la caída de la inversión’, afirmó Pablo Ivelic, gerente general del grupo Echeverría Izquierdo. ‘Los inicios de proyectos habitacionales se han reducido a números que no veíamos desde hace décadas producto de la caída en la venta de viviendas, que tiene su causa en las restricciones bancarias, tasas más altas y una inflación acumulada que hacen que el monto del dividendo con respecto al ingreso familiar no cuadre. Por otra parte, los grandes proyectos mineros sufrieron un rezago relevante por las discusiones del royalty, la Constitución y la compleja tramitación administrativa’, añadió.
Marcos Retamal, gerente general de Moller y Pérez-Cotapos, señaló que a la disminución de la demanda inmobiliaria por trabas ligadas al financiamiento y deterioro de capacidad de pago de las personas, se añaden otros temas que impactan el rubro. Mencionó las ‘dificultades de la ‘permisología’, manteniéndose la tardanza de organismos y empresas de servicios básicos en la entrega de los antecedentes que permiten la obtención de la recepción final y los retrasos de las autoridades en otorgar la recepción o la copropiedad inmobiliaria’.
Evaluación al Ejecutivo
El gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, Nicolás León, analizó el efecto de las acciones del Ejecutivo en materia de infraestructura y vivienda. Indicó que ‘aunque se observa un ritmo adecuado de ejecución presupuestaria por parte del MOP, es importante tener en cuenta que parte de estos desembolsos corresponden a pagos de arrastre de obras ya realizadas. Por ello, no se percibe un efecto significativo en la actividad y el empleo. Por otro lado, la ejecución de concesiones enfrenta retrasos, debido a descubrimientos arqueológicos y ajustes en los cronogramas’. Agregó que ‘la inversión privada en sectores productivos muestra un incremento insuficiente durante el primer trimestre de 2024 en comparación con el año anterior’.
Respecto de las medidas como el Fondo de Garantías Especiales (Fogaes), apoyo desde el Estado a las personas que quieren adquirir una vivienda y al financiamiento de las empresas de construcción, León indicó que su impacto se ha visto contrarrestado por ‘crecientes barreras a la inversión’. Entre ellas, mencionó ‘la permisología y la reinante incertidumbre en torno a la certeza jurídica de los permisos o licencias otorgadas’, añadiendo los costos de construcción y las mayores dificultades ‘que enfrentan las personas para obtener y pagar un crédito hipotecario’.
Rodrigo González, gerente general corporativo de Ingevec, sostuvo que ‘aunque las medidas del Gobierno para reactivar el sector han sido bien intencionadas, su impacto ha sido limitado y no han sido suficientes para contrarrestar el período de incertidumbre que estamos viviendo. Para mejorar esta situación, se necesita una estrategia que no solo agilice la ‘permisología’, sino que también incentive la inversión y ofrezca beneficios, tanto a los inversionistas como a los compradores finales’. Mencionó la aceleración en los tiempos de aprobación de permisos, incentivos tributarios, entre otros.
González destacó la labor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la inversión en viviendas sociales. ‘Esta iniciativa ha sido clave para dinamizar el mercado desde el mundo público y ha contribuido a mantener cierta actividad en el sector’, dijo.
¿Recuperación?
La CChC estima que este año la inversión en el sector de la construcción –que considera los ámbitos de infraestructura y vivienda, pública y privada– caerá 1,2%. En 2023 ese ítem bajó 1%.
Pablo Ivelic estimó que la inversión minera repuntará en 2025, ‘por lo que se espera que la necesidad de empleo para la construcción en la minería varíe al alza’. En el plano habitacional, afirmó que ‘la situación es más compleja, porque depende de muchos factores, razón por la cual es difícil aventurar un plazo para que la demanda de viviendas vuelva a números prepandemia’.
Marcos Retamal prevé que la industria mejore hacia fines del segundo semestre de este año e inicios de 2025.

El INE informó un alza de 7,2% en el precio del suministro de electricidad durante el mes pasado, generándose así el primer impacto de las alzas en las cuentas. El recorte en los precios de los combustibles y las ofertas del Cyberday lograron contener el impacto en el IPC. Con todo, la inflación en 12 meses volvió a registrar un alza y se aleja de la meta del Banco Central.
Subió la luz, pero cayeron las bencinas. Esos fueron los movimientos más relevantes de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, el que registró una caída de 0,1%, en línea con lo esperaba el mercado.
Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), pese este retroceso, la inflación anual volvió a subir. El IPC a 12 meses respecto de la serie empalmada del índice subió de 4,1% a 4,2%, mientras que en la serie de referencia de base 2023, pasó de 3,4% a 3,8%. Este último dato es el que mira el Banco Central para definir su política monetaria, el cual seguirá mostrando números distintos hasta enero en teoría, pero en la práctica ya en octubre serán prácticamente iguales a la de la serie empalmada.
Por su parte, el IPC sin volátiles cayó un 0,2% en su variación mensual y el IPC menos alimentos y energía anotó una variación de 0,6% entre mayo y junio de este año. Mientras que el IPC de energía no registró variación mensual. En tanto, el IPC de alimentos destacó por su avance de 1,3% en su variación mensual.
Desde el INE explicaron las cifra del IPC de junio resaltando que, seis de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice, seis presentaron incidencias positivas y una división registró nula incidencia.
Entre las divisiones que presentaron descensos en sus precios, el INE destacó vestuario y calzado (-6,1%), con -0,167 puntos porcentuales (pp.), y equipamiento y mantención del hogar (-2,2%), con -0,134 pp. Las restantes divisiones que influyeron negativamente contribuyeron en conjunto con -0,250pp.
Las bajas de esas divisiones están relacionadas con los descuentos ofrecidos por el evento Cyberday de la Cámara de Comercio de Santiago, que se realizó a inicios de junio.
Sin embargo, los productos que más influyeron a la baja en el índice de junio, debido a su mayor peso relativo en la canasta, fueron la gasolina (-2,2%), el transporte aéreo internacional (-10,7%), el gas licuado (-2,4%), los limones (-20,8%) y alimento para mascotas (-3,4%).
En particular las gasolinas por si solas tuvieron un impacto de -0,08 puntos en IPC mensual, debido a la baja de 30 pesos que se registró a mediados de mes.
Entre las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (1,3%), con una incidencia de 0,287pp. Según resaltó el INE, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró aumentos en doce de sus 15 clases. «La más importante fue hortalizas, legumbres y tubérculos (7,1%), la que aportó 0,163pp», dijo el INE.
Eso último está en línea con los efectos que los expertos anticipaban tras los fuertes temporales que registró el país durante el mes pasado. n detalle, de los 81 productos que componen la división, 53 consignaron alzas en sus precios, destacando tomates (21,8%), con una incidencia de 0,066pp., y lechugas (15,8%), con 0,033pp. Los restantes productos con contribuciones positivas acumularon 0,313pp.
Con todo, el producto que más impacto tuvo al alza en el indicador fue Suministro Eléctrico, es decir, el precio de la electricidad para los hogares. Este reportó un aumento de 7,2% en el mes, lo que impactó en 0,16 en el IPC. Es decir, sin esta alza, el dato mensual del indicador hubiese registrado una baja cercana a 0,3%, en vez del -0,1%.
«La variación presentada por el producto (suministro de electricidad) se debe a los cambios generados por el Decreto 5T promulgado el 31 de mayo de 2024 y publicado en el diario oficial el 7 de Junio relativo a precios regulados de las empresas concesionarias de distribución señaladas», dijo el INE en su boletín estadístico en relación con la publicación de la fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precio regulados.
Carlos Suazo, fundador y director ejecutivo de la consultora eléctrica SPEC, explica que «las alzas observadas en el precio de la electricidad de clientes regulados en el último mes en curso (junio 2024), obedecen a la actualización de los precios de las empresas concesionarias producto del servicio de distribución de electricidad, como parte de las primeras medidas de la ley de estabilización tarifaria».
El Banco Central ha indicado que las mayores tarifas eléctricas implicarán cerca de 1,5 puntos porcentuales de mayor inflación en los próximos trimestres, lo que hizo que el ente rector cambiara sus proyecciones de inflación para el cierre del año desde 3,8% a 4,2% y para 2025 desde 3% a 3,6%.
Además, las alzas anunciadas han causado revuelo en el mundo político y gobierno y oposición están buscando mecanismos para aumentar los subsidios. Sin embargo, esas medidas no cambiarán el impacto en la inflación, ya que el precio tomado por el INE es sin esos subsidios.
«Preliminarmente, para julio esperamos una variación mensual del IPC entre 0,6% y 0,7%, donde el efecto del ajuste en las tarifas eléctricas seguiría incidiendo de forma importante en el IPC», señalan desde Coopeuch.
Diego Pereira, de JPMorgan, señala que «la normalización de los precios de la electricidad no ha hecho más que empezar y debería seguir ejerciendo presiones al alza sobre la inflación general (y, en menor medida, sobre la subyacente)».
Desde Scotiabank puntualizan que «las compañías distribuidoras de electricidad publicaron las nuevas tarifas (en base al Decreto 5T) durante el mes pasado, con valores retroactivos desde enero a junio de 2024. Estos nuevos precios para el mes de junio habrían sido incorporados en la cuenta tipo que elabora el INE, capturando parte del aumento que se esperaba para las tarifas eléctricas a contar de julio».
En este contexto, desde la entidad señalan que con esto, el impacto de las cuentas de luz en julio será más acotado. «Preliminarmente, el aumento que proyectamos para julio se reduce a un rango entre 3% y 8% (incidencia entre 0,07 y 0,18 pp). Es decir, la inflación de julio sería 0,14 pp menos que lo estimado previamente».
Este IPC negativo y con esta variación menor para el IPC subyacente se producen a pesar de que ya se captura una parte del incremento de tarifas eléctricas», dijo el Ministro de Hacienda, Mario Marcel. «Esto porque hay otros precios que están bajando. Eso refuerza la idea de que el tema de las tarifas no deja de ser importante, pero cuando vemos la inflación en su conjunto tenemos que ver lo que está ocurriendo con el resto de los precios», agregó.

En la primera mitad de este año, seis compañías del sector entraron en procesos de reorganización, mientras que 62 empresas quebraron en ese mismo lapso, lo que representa una baja de 21%.
El estallido social y la pandemia desencadenaron una crisis sin precedentes en el rubro inmobiliario y construcción, el cual ha atravesado una serie de desafíos en los últimos años, como la inflación, la paralización de obras, las altas tasas de interés y el incremento en el costo de los materiales.

Este contexto afectó duramente a los resultados financieros de las empresas, panorama que derivó en un alza significativa en el número de quiebras dentro del sector. Sin embargo, este boom evidenció señales de disminución durante el primer semestre de 2024.

De acuerdo a las estadísticas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, entre enero y junio de este ejercicio se recibieron 62 solicitudes de liquidación de compañías relacionadas al rubro -que, además de constructoras e inmobiliarias, considera a proveedores-, lo que representa un descenso de 21% respecto al mismo lapso del año anterior.

Y si se miran los ejercicios anteriores, el panorama es aún más alentador. Las cifras revelan que la cantidad de empresas que solicitaron su quiebra llegó a su nivel más bajo de los últimos siete años.

Suben reorganizaciones

Por el contrario, la tendencia en materia de reorganizaciones ha sido creciente en el rubro inmobiliario y de la construcción. En la primera mitad del presente año, seis compañías del sector entraron a reorganización, un 50% más que en el balance correspondiente a junio de 2023 (cuatro procesos) y la cifra más alta de los últimos cinco años.

El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, explicó que el incremento de los procedimientos concursales de insolvencia a nivel de esa industria se debe a múltiples factores. ‘Se repiten argumentos tales como los efectos de la pandemia y las repercusiones de factores externos, como los conflictos internacionales, el encarecimiento de los créditos y el aumento de la inflación, lo que ha repercutido en alzas en costos fijos, como el sueldo, y en costos variables, como la compra de materias primas, insumos y productos’, recalcó.

Cabe destacar que dentro de las 606 empresas inscritas en el Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas, solo una declaró su quiebra en el primer semestre de 2024, mientras que a junio del ejercicio pasado tres firmas solicitaron su liquidación.

Radiografía a las cifras

Para la gerenta legal de Reset Chile, Nicole Tapia, la disminución en el número de firmas en estado de bancarrota relacionadas al sector responde a la modificación de la Ley de Quiebras. En detalle, la abogada explicó que, además de regular procedimientos de liquidación simplificados, se añadieron más requisitos que deben cumplir las empresas al ingresar la solicitud, siendo un filtro a la hora de iniciar los procedimientos. ‘Además, se regulan las reorganizaciones simplificadas, que permiten acceder a empresas de menor tamaño a este procedimiento’, indicó.

Por su parte, el socio de García Nadal Abogados, Esteban García, señaló que esta caída se debe, principalmente, a una mejora en las condiciones económicas y la estabilidad financiera del país.

‘Las bajas en la tasa de interés de los créditos están permitiendo que las empresas puedan acceder en mejores condiciones a ellos. Además, postpandemia, los programas de apoyo implementados han sido una gran ayuda para obtener liquidez y así generar caja que permita dar cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas’, señaló.

Respecto al alza de las reorganizaciones, Tapia destacó que la creación de procedimientos de reorganización simplificados ha posibilitado que ese proceso ahora es mucho más asequible para las empresas y sea una alternativa viable, sobre todo para firmas de menor tamaño.

En tanto, García estimó que las empresas están más conscientes que reorganizarse otorga mayores beneficios que acogerse a un proceso de quiebra, debido a que pueden continuar operando mientras el procedimiento está en curso.

¿Recuperación del sector?

Ambos abogados concuerdan que si se mantienen las condiciones económicas actuales, es probable que las liquidaciones de estas empresas sigan a la baja, mientras que los procesos de reorganización vayan en alza. ‘Estos resultados son indicios de una recuperación incipiente. No obstante, es prematuro afirmar que el rubro ha entrado completamente en la senda de la recuperación’, dijo García.

El director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Slaven Razmilic, enfatizó que, si bien las estadísticas de quiebras y reorganizaciones son difíciles de interpretar -al ponerlas al lado de las cifras de stock, trayectorias de precios, venta de unidades y permisos de edificación-, se revela un escenario de recuperación gradual, pero a un ritmo por debajo de las expectativas y necesidades.

‘Con las ventas creciendo en el margen y las tasas cortas algo más bajas, el escenario es relativamente mejor para las empresas, pero dista de ser uno en que vayamos a ver un ingreso masivo de nuevos proyectos y, por ende, un repunte sustantivo de la inversión. Un reimpulso requiere medidas tributarias contundentes que apoyen la demanda y que incentiven la compra, en particular hoy en un contexto de buenos precios y oportunidades’, concluyó Razmilic.

El crecimiento de la economía es una condición indispensable para disminuir las brechas de desigualdad y elevar el nivel de bienestar de las personas y para lograrlo es necesario mantener altos niveles de inversión y aumentos sostenidos en productividad.

La productividad ha tenido un estancamiento en el país desde hace un par de décadas y la inversión ha disminuido su crecimiento desde 8,6% anual, entre 2000 y 2010, a 3,42% en la década posterior. Sin perjuicio ello, la inversión extranjera directa registró el monto más alto en 2022, desde 2014, tendencia que se mantuvo el año pasado.

Bajo este prisma, existe consenso en que el sistema para obtener permisos sectoriales se ha transformado en un obstáculo crítico para la materialización de proyectos.

Hoy, cualquier inversión debe obtener más de 380 autorizaciones, emitidas por 37 servicios públicos, proceso caracterizado por la falta de coherencia regulatoria, duplicación y superposición de autorizaciones, evaluaciones excesivamente largas y plazos que no se cumplen, entre otros problemas. Tampoco existe una entidad responsable de aplicar una perspectiva sistémica, con visión de largo plazo, que avance hacia la mejora y actualización regulatoria de las autorizaciones.

Por ello, la ley que se tramita en el Congreso y que establece un nuevo marco para el otorgamiento de permisos sectoriales ha generado expectativas positivas, en cuanto a la agilización y simplificación de los procesos de obtención de los permisos que requieren los proyectos de inversión.

Esta ley tiene como objetivo principal reducir la burocracia y los tiempos de espera que enfrentan las empresas cuando quieren llevar adelante inversiones.

Una de las principales novedades es la creación de una ‘ventanilla única’, que permitirá a los solicitantes realizar los trámites para obtener autorizaciones directamente, por lo que ya no será necesario acudir a distintas instituciones. Además, se establecen plazos máximos para la resolución de las solicitudes, lo que permitirá a las empresas tener certeza sobre cuándo obtendrán una respuesta de la autoridad.

Este nuevo sistema también contempla la eliminación de trámites innecesarios y redundantes que solo complicaban el proceso y establece mecanismos de coordinación entre las distintas entidades y organismos encargados de otorgar los permisos sectoriales, con el objetivo de evitar duplicidades o conflictos en la tramitación de las solicitudes.

En resumen, el nuevo esquema en discusión representa un avance significativo en la simplificación de los procesos de obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas en el país.

El desafío que queda planteado a la autoridad es evitar la generación de trabas burocráticas, para lo cual parece fundamental garantizar la transparencia, la coordinación interinstitucional, la simplificación de requisitos y la fijación de plazos claros.

Con medidas como estas, se podrá lograr un sistema eficiente y ágil, que promueva la inversión e impulse la actividad económica y el emprendimiento en nuestro país.

Desde medidas populistas retomando el debate público, pasando por el resultado de las elecciones municipales, hasta el nulo avance en la reforma de pensiones, estos son los factores que podrían elevar la incertidumbre justo cuando se había logrado contener.
Desde finales de 2023, “se ha consolidado el retorno a la normalidad en el escenario político”, asegura un reporte político de Pacífico Research, escrito por Jorge Fábrega. La afirmación se basa en su “índice de inestabilidad”, que mide la cobertura de conflictos (protestas, paros, huelgas, manifestaciones) en los medios de comunicación y que, tras un aumento significativo en 2022 e inicios del año pasado, ha estado retornando a la línea base del inicio del actual período presidencial. “Ello se explica por el giro tomado por el Presidente Boric hacia consolidar una agenda de corte socialdemócrata”, dice el informe.
Esta calma política, sin embargo, podría no durar mucho. “Se esperan mayores niveles de conflictividad hacia el segundo semestre”, advierte la firma.
“El mayor riesgo para los mercados viene de potenciales medidas populistas que deterioran los fundamentos económicos y generan desconfianza e inestabilidad”, dice Sergio Lehmann, economista jefe de Bci.
Y no sería la única amenaza. “Que no se apruebe la idea de legislar en pensiones podría agudizar los sentimientos de un sistema político que está fracturado”, agrega Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la U. Central.
Analistas y economistas plantean varios riesgos políticos que podrían afectar al mercado en el corto y mediano plazo, justo cuando la incertidumbre se ha logrado reducir. El resultado de las elecciones municipales, el surgimiento de políticas y liderazgos populistas y un posible estancamiento de la reforma de pensiones están entre las principales amenazas.
Por ahora, la incertidumbre parece estar contenida. El riesgo país, medido en los Credit Default Swaps a 5 años, o seguros por impago soberano, está lejos de los peaks alcanzados en 2020 y 2022. Tras un máximo de 178 puntos alcanzado hace dos años, actualmente está en 54, según información de Bloomberg.
Pero, en el corto plazo, para Moreno, de la U. Central, el principal riesgo está en las elecciones municipales de octubre. “Pueden dejar demasiado desequilibradas las relaciones de poder, ya sea a favor de la oposición o del oficialismo”, advierte. “Eso generaría incentivos para que no se den acuerdos políticos en el resto del período de gobierno”, agrega.
Antes de conocer los resultados, el período de elecciones ya presenta amenazas. En el informe político de Pacífico Research, Fábrega destaca que el tono del debate político se ha consolidado “en valores positivos” en el último tiempo, con el fin de la incertidumbre por la discusión constitucional y “un discurso gubernamental que empezó a tomar distancia de las propuestas originales de cambios estructurales profundos”. Pero espera que, “en el contexto de las elecciones municipales, este tono se deteriore, reflejando las tensiones y desafíos propios del período electoral”.
“Las miradas irresponsables y cortoplacistas emergen con mayor fuerza en períodos preelectorales”, alerta Lehmann, de BCI. Y advierte que uno de los principales riesgos para el mercado es, justamente, las políticas populistas que están surgiendo. “Vemos que un grupo de políticos vuelve a instalar mensajes sin base técnica, que dañan el debate”, dice.
Su crítica va dirigida hacia propuestas como las que han surgido con relación a congelar las tarifas eléctricas y las polémicas alrededor de la Ley de Pesca, donde parlamentarios de oposición presentaron 211 indicaciones que fueron idénticas a propuestas de la gremial empresarial Sonapesca, al tiempo que algunos oficialistas buscan que se introduzca el respeto al estado “físico y mental” de los seres acuáticos. Pero Lehmann advierte que las ideas populistas también podrían influir en la discusión sobre la reforma de pensiones y pacto fiscal que tomará fuerza en los próximos días. “Es importante dejar de lado la mirada miope e ideológica y buscar acuerdos amplios”, agrega.
“Parte del Congreso continúa generando riesgos que, de materializarse, podrían causar serios daños a la economía y finanzas fiscales”, concuerda Natalia Aránguiz, socia y gerente de estudios de Aurea Group. Da dos ejemplos: uno es la iniciativa de algunos diputados por impulsar un nuevo retiro de las AFP. “Pone en riesgo el alcance del objetivo de inflación a dos años y nuevamente destruye la profundidad del sistema financiero”, dice. Esto, sin embargo, concuerdan analistas políticos, difícilmente logrará avanzar en el Congreso. Y el otro ejemplo que entrega Aránguiz es la propuesta, también en la Cámara, que busca congelar las tarifas eléctricas. “El saldo deudor acumulado en las generadoras es descomunal, por tanto, la trasferencia a los consumidores de forma paulatina es inevitable”, dice. “No hacerlo sería una irresponsabilidad con las arcas fiscales”, remarca.
El informe político de Pacífico Research también destaca el riesgo ligado a las tarifas eléctricas. “Al tratarse de un bien de primera necesidad, este incremento de precios es muy rápido y en muy poco tiempo. Por lo tanto, no solo será impopular; al ser generalizado: es esperable que genere un descontento social transversal, lo que será particularmente saliente al ocurrir en paralelo al despliegue de las campañas municipales”, plantea. “Por ende, políticamente, el Gobierno enfrentará nuevas presiones para aumentar el gasto fiscal asociado a esta materia y los modelos de proyección del gasto público deberían adicionar este factor como un escenario probable”.
Un buen manejo del Gobierno, agregan, derivaría en un mecanismo transitorio que reduzca la velocidad de los aumentos de las tarifas, pero que impida que se congelen los precios.
Política fracturada
Hacia el mediano plazo surgen otros riesgos para el mercado. Uno es que la reforma de pensiones, para la cual el Gobierno está presionando que se vote la idea de legislar la próxima semana, se estanque nuevamente. Y otra amenaza, ligada a ese inmovilismo político, es el surgimiento de liderazgos de “outsiders” de los partidos tradicionales, con visiones populistas.
“Cerrar el tema de pensiones durante la actual administración era imposible en el contexto político de hace tan solo tres meses, en el actual escenario es posible, pero improbable”, advierte Pacífico Research. Es que, si bien plantean que el Gobierno dio un giro a una agenda “completamente socialdemócrata” que podría abrir espacio con un proyecto más moderado, “la expectativa razonable que tiene la derecha de ganar la próxima elección presidencial puede torpedear esos posibles acuerdos ante la creencia que, una vez instalados en el Poder Ejecutivo, podrán avanzar una reforma aún más cercana a sus ideales”.
Una reforma de pensiones que no avance, agrega Fábrega a El Mercurio Inversiones, “implica una incapacidad del sistema político de resolver un problema sentido por la población, lo que alimenta incentivos de buscar vías que impliquen o modificación sustantiva de reglas o deterioro de otros factores para tratar de tapar una urgencia”, dice. “En cualquiera de los escenarios, es un stock de fracaso político que se va acumulando”.
Para Moreno, de la U. Central, sería una señal de un sistema político fracturado. Uno “en el que no se saca nada con cambiar las piezas: ni Piñera ni Boric traen resultados”, plantea. “Eso podría llevar a la gente a mirar fuera del sistema y privilegiar liderazgos outsiders, más populistas, como Carter, Parisi o Kaiser”, advierte.
Fábrega cree que ese escenario ya se ha comenzado a dar con el impulso que han tenido algunos de estos nombres y que “naturalmente” sería un riesgo para el mercado local. “Un líder que no forma parte del entramado formalizado en los partidos políticos con representación tiene incentivos particularmente fuertes a ‘bypassearlos’ para poder llevar adelante su agenda, sea cual sea”, advierte. “En esa búsqueda cambia reglas, procedimientos, acumula poder, busca apoyos con ideas populares, aunque técnicamente puedan ser cuestionables, elimina check and balances”.

Es la única firma de capitales nacionales presente en el mercado accionario hispano, con foco en la renta de activos comerciales, oficinas y ahora último en el rubro habitacional.
Hace doce años, Luis Alberto Akel y Cristián Jijena decidieron asociarse y crear una inmobiliaria dedicada a la renta, aprovechando la experiencia de cada uno: el primero como empresario que reparte su vida entre Santiago de Chile y Barcelona, España, y el segundo como un conocedor de la industria, ya que fue un alto ejecutivo de Mall Plaza y Vivo; hoy dedicado a sus propios negocios y director de empresas. Así, fundaron Inmobiliaria Park Rose Iberoamericana Socimi. Sus fichas las pusieron en España, y sumaron como socios a Carlos Massú y Salomón Minzer. Los primeros activos fueron departamentos habitacionales, pero al poco tiempo se reenfocaron y comenzaron a adquirir propiedades comerciales y oficinas. “Tuvimos la suerte que Alberto estaba instalado en España, lo que nos abrió las puertas con la banca y con varios clientes; eso facilitó todo para tirarnos a comprar propiedades”, explicó Jijena a Diario Financiero. La firma entró al negocio habitacional español bajo el modelo coliving, que consiste en el arriendo de una habitación con baño propio dentro de un edificio que cuenta con servicios y espacios comunes para el resto de los inquilinos. Hace cinco años, la inmobiliaria debutó en la bolsa española, siendo -hasta ahora- la única firma de capitales chilenos presente en el mercado de capitales hispano, sumó Luis Alberto Akel, al teléfono desde Barcelona. Los socios manejan más del 80% de la empresa bajo la figura de Socimi, acrónimo de Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario. Este tipo de sociedades tienen su origen en España a fines de 2009, como una fórmula para impulsar el negocio tras la grave crisis inmobiliaria que vivió ese país. “En España fueron muy inteligentes: tras la crisis abrieron herramientas y se formaron estas Socimi, donde no se paga impuesto por las utilidades, entonces, el inversionista recibe el 100% de la rentabilidad de la empresa. Todo es muy claro y transparente, por lo que este tipo de inversiones son muy seguras”, destacó Akel. Actualmente, Park Rose maneja más de 50 activos en arriendo, avaluados en más de US$ 50 millones, entre locales comerciales, oficinas y recientemente el rubro habitacional, además de estacionamientos, dijo Jijena. Entre sus inquilinos figuran grandes cadenas de supermercados de Europa, como Lidl, Aldi y Mercadona. En el mundo habitacional, adquirieron un inmueble y lo transformaron para ser usado bajo la figura de coliving, que consiste en el arriendo de una habitación con baño propio dentro de un edificio que cuenta con servicios y espacios comunes para el resto de los inquilinos. El modelo se ha expandido con fuerza en Madrid y España. “Nos ha ido muy bien y pusimos este negocio como una de nuestras cartas para el futuro”, sostuvo Jijena, quien detalló que los activos de la sociedad se reparten en más de un 95% entre Madrid, Barcelona y el País Vasco. También suman inversiones en Chile (una placa comercial) y tuvieron un paso por Estados Unidos, con propiedades en el estado de Florida, pero fueron vendidas por la complejidad del mercado, explicó Akel. “Nosotros no invertimos en playas de España”, añadió. “Un plan muy agresivo” Hace más de 30 años, Akel formó su empresa Park, que se dedica principalmente al comercio detallista. Es proveedor de productos para grandes cadenas de multitiendas y supermercados en Chile y otros países de América Latina y Europa, de diferentes rubros como limpieza, cosmética y juguetería, entre otros. Viviendo en España (con visitas recurrentes a Chile), el empresario vio una posibilidad de negocio en el mundo inmobiliario tras una reunión con Jijena (fueron compañeros de colegio). “No es llegar y comprar una propiedad en España como lo hace mucha gente, y ese es el activo que tenemos nosotros”, dijo Akel. “Los españoles son muy de confianza, y ese lazo que tenía Alberto, y que profundizamos, nos permite encontrar muy buenas oportunidades”, complementó Jijena. A cargo de la administración está José Mauricio Lazcano. “El plan es seguir fuerte en España”, dijo el ex Mall Plaza, y adelantó: “Tenemos un plan muy agresivo de duplicar nuestros activos en tres años”. Su socio dijo que las opciones de financiamiento están todas abiertas, dentro de las cuales está un eventual aumento de capital para el ingreso de nuevos socios. “Estamos escuchando, porque queremos crecer. Tenemos mucho acceso a oportunidades de proyectos interesantes, pero se necesitan recursos”, sostuvo. De hecho, la compañía tiene un catastro de potenciales propiedades para adquirir para renta, que suman desde US$ 75 millones a US$ 100 millones. “Estamos viendo fórmulas con inversionistas para que nos acompañen y aumentar la escala”, dijo Jijena. ¿Nuevas inversiones en Chile? “Creemos en Chile, todos tenemos inversiones en el país, pero hoy día hay muy buenas oportunidades en España”, afirmó Akel. Fuera de Park Rose Iberoamericana Socimi, los cuatro socios son dueños de uno de los edificios de oficinas más emblemáticos del centro de Santiago. Ubicado en Huérfanos 1072, el inmueble de 10 pisos albergó a diversos bancos desde su apertura hace ya varias décadas. Incluso, fue la casa matriz del Banco Concepción. PagaronUS$ 18 millones por el inmueble para destinarlo para la renta de oficinas. No obstante, tras la crisis social y la pandemia, el mercado de arriendo de espacios de trabajo en el centro de Santiago se desplomó, por lo que los planes son transformarlo a destino habitacional.
Inmobiliario España UE Bolsas internacionales

Las proyecciones de los expertos para el mes pasado están entre una caída mensual de 0,1% y una variación nula, y están influidas por las rebajas del cyberday y la bencina. De todas formas, de concretarse cualquiera de los dos escenarios, la variación en 12 meses subirá. En tanto, para el término del año se agrega el alza de las cuentas de la luz. De hecho, aumentan las voces de quienes ven un IPC a diciembre por sobre el 4,2%.
Los precios rebajados del último Cyberday, así como una reducción de los precios de los combustibles, frutas y verduras, terminarían llevando a la baja el dato mensual de IPC de junio, no obstante la cifra en 12 meses volvería subir y el 2024 cerraría con una inflación que, según ya se anticipa, podría estar por sobre lo estimado por el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria (Ipom), publicado hace solo dos semanas.

Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, señala que ‘tenemos una inflación 0% en junio. Se reconoce un efecto de 0,1% en tarifas eléctricas, mayor precio de alimentos, compensados por bajas en transporte y algunos productos por ofertas de Cyber Day’.

Cabe recordar que, según comunicó en su momento la Cámara de Comercio de Santiago, el Cyber Day llevado adelante los primeros días de junio, cerró con ventas totales por US$512 millones ($470.000 millones), superando las ventas récord registradas en el evento del 2021 que sumaban cerca de $438.000 millones. Respecto al año pasado, el alza fue de 9%.

Para César Guzmán, gerente de macroeconomía de Inversiones Security, ‘nuestra proyección puntual para junio es de 0%, la que considera que el efecto a la baja de los combustibles será compensado por el alza de otros productos considerados volátiles como las frutas y verduras (que normalmente bajan en junio, pero que este año están afectados por factores climáticos), pasaje de bus interurbano y paquete turístico por el adelanto de las vacaciones de invierno.

Por su parte, Rodrigo Cruz, economista de Banco Santander, ‘Para junio estimamos una variación mensual de -0,1%, influido por la baja en combustibles y las ofertas asociadas al Cyber Day, con lo que el primer semestre acumularía un alza de 2,4%. En tanto, Marco Correa, economista jefe de Bice Inversiones, señala que ‘junio anotaría una variación cercana a -0,1%, donde las divisiones de vestuario y transporte incidirían negativamente de manera significativa’.

‘Para el IPC de junio esperamos un -0,1%’ dice Samuel Carrasco, economista jefe de Credicorp Capital.

Sin embargo, de concretarse la baja mensual de 0,1%, de todas formas el indicador en 12 meses mostrará una nueva alza, pasando de 4,1% a 4,2% en la serie actual empalmada y subirá de 3,4% a 3,8% en la serie de referencia que mira el Banco Central para hacer política monetaria. En tanto, con una variación mensual, el dato empalmado subiría hasta 4,3% y el de referencia a 3,9%.

Pero mientras las liquidaciones del primer semestre influenciaron a la baja el costo de la vida en junio, el alza de las cuentas de la luz empujarán hacia arriba el dato de inflación en la segunda parte del año.

Ya en su Ipom de junio, el Banco Central, corrigió al alza la proyección de inflación de este y el próximo año, apuntando a que el efecto del alza de las cuentas de la luz tendrá impacto de 145 puntos base a junio de 2026. Y esto según se detalló, llevó a que la proyección de inflación para este año pasara de 3,8% a 4,2% y para el próximo de 3% a 3,6% con una inflación promedio que sería 1,1pp mayor durante ese año.

Tomás Flores, economista de LyD, indica que ‘para junio se estima en 0,1%, mientras que para el segundo semestre se proyecta una variación acumulada de 1,5%, lo que adicionado al 2,6% del primer semestre llevaría a un resultado anual de 4,2% aproximadamente. En el segundo semestre está incluido el aumento de la tarifa eléctrica y el mayor tipo de cambio’.

Por su parte, Guzmán indica que ‘para el segundo semestre del año, prevemos menos inflación que la prevista por el mercado (1,6% acumulado versus 2% implícito en el mercado), lo que responde a una demanda interna que continúa muy débil y un tipo de cambio que proyectamos volvería al entorno de los $900. Con todo, la variación interanual del IPC se mantendría fluctuando algo por sobre el 4%, nivel en el que cerraría el año’.

En tanto, Samuel Carrasco, señala que ‘nuestra estimación de IPC a finales de este año es en torno al 4% aunque con un marcado sesgo al alza y un elevado grado de incertidumbre por el reajuste de tarifas eléctricas, la posible persistencia que esto genere en la inflación y la reciente discusión de subsidios con mayor monto y cobertura que podría impactar el ingreso disponible de los hogares. También nos preocupa la depreciación del peso y el potencial impacto en precio de bienes importados, algo que hasta el momento ha tenido una incidencia bastante acotada’.

Sin embargo, hay economistas cuyas estimaciones están por encima de las proyectadas por el BC. Según Según Lehmann, la inflación acumulada en el primer semestre llegaría a 2,4%, eso implica en torno a 2% para el segundo, por tanto ‘para el cierre de año tenemos una inflación en 4,4%, con un efecto agregado de tarifas eléctricas de cerca de 0,7%. Dejando de lado ese factor, vemos de cualquier manera menores presiones inflacionarias en el segundo semestre, reconociendo una demanda interna que se mantiene débil’.

En tanto, Cruz estima que para la segunda parte del ejercicio un IPC acumulado de 1,9%, ‘donde, como ya es sabido, hay un impacto significativo asociado al alza de las tarifas eléctricas, terminando así con una inflación anual de 4,3% en diciembre’. No obstante ,apunta a que ‘es importante destacar que aún existen algunas dudas del tratamiento que le podría dar el INE al subsidio a las tarifas eléctricas, que en caso de ser consideradas en el cálculo del IPC podrían restar presión a la inflación, aunque creemos que este no sería el caso’.

Marco Correa, comenta que en los últimos seis meses de este 2024 ‘veríamos un nivel acumulado cercano a 2,0%, partiendo con un 0,6% en julio. En esto será relevante el alza de las tarifas de electricidad, un posible efecto en los alimentos perecibles por las lluvias, más una devolución en los precios de los combustibles, que habían estado disminuyendo pero a partir de agosto comenzarían a subir’. Al cierre del año, el dato llegaría a 4,3%.