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En el Informe de Política Monetaria de septiembre, el BC ajustó el rango de crecimiento 2024 de 2,25%-3% a uno de entre 2,25%-2,75%. La inversión bajaría 0,8% en lugar del 0,3% previsto en junio y el consumo privado crecerá menos de 2%. Asimismo, si bien subió la proyección de inflación para el corto plazo de 4,2% a 4,5% al cierre del 2024, anticipa la llegada a 3% en un menor tiempo al previsto en el informe anterior.
La actualización del escenario macroeconómico que delineó el Banco Central en el Informe de Política Monetaria de septiembre no trajo buenas noticias. Si bien era algo esperado por el mercado, ahora se ratifica.

En lo principal, el Banco Central ajustó el rango de crecimiento desde 2,25%-3% a uno de entre 2,25% y 2,75%, por lo que se va consolidando un escenario con un alza del Producto Interno Bruto (PIB) en torno a 2,5%.

En el análisis, el BC menciona que ‘la actividad perdió impulso en el segundo trimestre. Parte de esta reducción era esperada, dado que el dinamismo de principios de 2024 estuvo afectado por factores transitorios. No obstante, la magnitud de la reversión fue algo mayor a la prevista’.

Asimismo, mencionó que ‘la demanda también tuvo un desempeño menor al previsto en el segundo trimestre, explicado por el consumo privado. El gasto de los hogares en bienes no durables y servicios se redujo, rompiendo la tendencia al alza de trimestres previos. Este comportamiento se da en un contexto en que, en el último tiempo, varios de sus fundamentos han evolucionado en línea con lo esperado’. Puntualiza que ‘el consumo privado recobrará impulso, aunque su nivel a fines del horizonte de proyección será menor que en la estimación previa’.

Si bien indica que el Imacec de julio ‘dio cuenta de una aceleración importante de la actividad mes a mes, aunque nuevamente una parte relevante respondió a estos factores transitorios, en un contexto donde las cifras han mostrado una elevada volatilidad’.

Pero no solo eso, sino que también ajustó las variables de la demanda interna: bajó la previsión para la inversión de -0,3% a -0,8%. Este ajuste respondió principalmente a la debilidad de la inversión de los sectores no mineros. En cambio, el sector minero ratifica el mayor impulso en esta variable.

Profundiza en su argumentación: ‘La Formación Bruta de Capital Fijo exhibió un desempeño mejor al esperado en el segundo trimestre de este año explicado tanto por el componente construcción y obras como por maquinaria y equipos’ No obstante, añadió que ‘indicadores de alta frecuencia revelan diferencias importantes entre sectores, contrastando la debilidad que se observa en la gran mayoría de los rubros con el dinamismo de la inversión en la minería’.

La previsión de consumo total pasó de 2,8% a 2%. Sobre este punto, la alerta que envió el ente rector se focaliza en el consumo privado, el cual pasó de tener una proyección de 2,5% a 1,7%. ‘El alto dinamismo de la actividad a comienzos de año se redujo, lo que se asoció en parte a la reversión de algunos elementos transitorios’, indicó el Central en su informe. Sin embargo, agregó que ‘esta moderación fue algo mayor que lo previsto en el Ipom previo, influida por el deterioro del consumo privado’.

El Ipom menciona también que ‘el gasto de los hogares en bienes no durables y servicios se redujo, rompiendo la tendencia al alza de trimestres previos. Este comportamiento se da en un contexto en que, en el último tiempo, varios de sus fundamentos han evolucionado en línea con lo esperado’.

También alertó que ‘el crecimiento del empleo se ha desacelerado en el margen, lo que debe ser monitoreado cuidadosamente’.

Sobre el consumo de gobierno también las proyecciones se revisan a la baja, ‘sobre todo para este año, en línea con las proyecciones del último Informe de Finanzas Públicas, respondiendo a los requerimientos de la meta de balance estructural’. En ese sentido, indican que ‘el menor nivel previsto para el consumo a lo largo del horizonte de proyección afecta la brecha de actividad y reduce las presiones inflacionarias’. Por todo ello, la estimación para la demanda interna pasó de crecer 1,8% a 1,3%.

Un cambio importante también entregó el Banco Central para la inflación. Si bien subió la proyección para el corto plazo de 4,2% a 4,5% al cierre del 2024, anticipa la llegada a 3% en un menor tiempo al previsto en junio. ‘La proyección de inflación total aumenta en el corto plazo, principalmente por la mayor alza de los componentes volátiles. Una fracción responde a los efectos directos e indirectos en el IPC del mayor aumento de las tarifas eléctricas que se produjo en junio y julio. Se suma el impacto del incremento de las tarifas de fletes marítimos a nivel global y la depreciación del peso en los últimos meses’.

No obstante, indica que, hacia el mediano plazo, ‘la inflación tendrá un descenso más rápido que lo anticipado en junio, dadas las menores presiones inflacionarias provenientes del comportamiento de la demanda interna’. En ese contexto, el BC estima que la convergencia a la meta de 3% ocurrirá en los primeros meses de 2026, para mantenerse en torno a este valor hasta fines del horizonte de proyección.

Otro cambio relevante que entregó el Central es una aceleración en las reducciones de la Tasa de Política Monetaria (TPM) para llegar a su nivel neutral. ‘El Consejo estima que, de concretarse los supuestos del escenario central de este Ipom, la reducción de la TPM hacia su nivel neutral será algo más rápida que lo previsto en junio. Esto ocurrirá a un ritmo que tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación’.

Si en junio la presidenta del BC, Rosanna Costa, señala a Pulso que ese objetivo se alcanzaría en el tercer trimestre del 2026, ahora, en conferencia de prensa dijo que junto con menciona que la tasa neutral está entre 3,5% a 4,5% y ‘en el segundo trimestre del 2025 comenzaría a entrar a ese rango’. Asimismo, dijo que, ‘el borde del corredor de tasas para el cuarto trimestre entre 5,5% y 5%’.

Durante su presentación en el Senado, Costa enfatizo un mensaje: ‘Quisiera detenerme en un punto: si bien la inflación subirá hacia fines de año y principios de 2025, ello será transitorio y, de darse el escenario previsto, convergerá a la meta de 3% a inicios de 2026. Junto con ello, la economía este año y los siguientes estará creciendo en torno al producto tendencial. Como decía, con ciertas heterogeneidades. De esta forma, la política monetaria y el marco con el cual trabajamos ha logrado salir airosa de este complejo desafío. Como mencioné hace unos instantes, la política monetaria hizo su trabajo’, concluyó.

Desde el el gobierno el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que es una buena señal que el BC haya delineado una reducción más rápida de la Tasa de Política Monetaria.

‘Esto es una buena noticia para la economía, porque las condiciones financieras restrictivas en parte han limitado el dinamismo de la economía y de la demanda interna, y afectado especialmente a algunos sectores como el sector de la construcción y también, por supuesto, a las empresas de menor tamaño’, dijo Marcel.

En ese sentido, agregó que ‘al seguir el Banco Central una normalización algo más rápida de la política monetaria que se refleja en parte en la baja de 25 puntos base de la tasa rectora el día de ayer (martes) eso significa que el Banco Central de Chile va a estar contribuyendo a reducir o mejorar las condiciones financieras en el mercado doméstico’.

Marcel enfatizó que ‘en los próximos meses, esto va a ayudar a la inversión, a la expansión de la demanda interna y también va a generar un mayor alivio a sectores que han estado afectados por estas condiciones financieras más restrictivas’. En ese sentido, dijo que ‘el balance, particularmente, en lo que refiere a la perspectivas de mediano plazo para la inflación y a la trayectoria previsible para la política monetaria este es un informe que es positivo y que fortalece las expectativas de un crecimiento por sobre un ritmo de crecimiento tendencial este año y el próximo’.

En general los economistas coinciden en el escenario que presentó el BC, tanto para la inflación como en la reducción de la tasa de interés. Rodrigo Cruz, economista de Banco Santander, indic ó que ‘el principal mensaje inflacionario apuntó a que el alza será transitoria, cerrando este año en 4,5% y que la meta se alcanzaría a principios de 2026, donde el rápido ajuste se da por el efecto base de las tarifas eléctricas y un acotado traspaso al resto de la economía’.

Por lo anterior, añadió que ‘dado que tenemos similar evaluación de la macro, también estimamos que la TPM podría cerrar este año en torno a 5% para llegar al nivel neutral al cierre del próximo año’.

Natalia Aránguiz, socia y gerente de Estudios en Aurea Group, menciona que ‘bajo el supuesto de que la economía continuará muy fría y sin indicios de mejoras en el empleo formal, es plausible la rapidez de convergencia de la inflación’. Por ello, espera que ‘a fines de este año la TPM este situada en 5,25% y llegue a su nivel neutral durante el cuarto trimestre del 2025’.

Nathan Pincheira, economista jefe de Fynsa, apunta que el escenario probable de bajas para la TPM en lo que resta del año dependerá ‘del ruido externo por las elecciones en EE.UU’. Para 2025, el nivel neutral se alcanzaría probablemente durante el tercer trimestre del 2025′.

Y Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP comenta que ‘previo a este Ipom las expectativas de mercado apuntaban a un recorte adicional de 25 puntos base para cerrar el año en 5,25%. Sin embargo, la información entregada por el BC abre espacio para recortes acumulados superiores a los 25 puntos base en las próximas reuniones. De todas formas, la TPM debiera seguir ubicándose en torno a 5% en diciembre de este año’.

En materia de crecimiento a largo plazo, planteó que se requieren políticas públicas bien diseñadas con el esfuerzo de los sectores ‘privado y público’, dijo la presidenta Rosanna Costa.
Un sombrío panorama en materia económica delineó el Banco Central en su Informe de Política Monetaria de septiembre. Recortó su estimación de expansión de la actividad de este año, como también del consumo y la inversión, mientras que en un horizonte a 10 años pronosticó que el escenario de crecimiento de tendencia será bajo, determinado por deterioros en la productividad y el mercado laboral.
‘Crecer a las tasas de mediano plazo que proyectamos (1,8%) no permite satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones, entonces es algo de lo que debemos hacernos cargo’, remarcó Rosanna Costa, presidenta del organismo rector. ‘Nos encontramos cara a cara con el límite a nuestra capacidad de crecer’, alertó en el marco de la presentación del Informe de Política Monetaria en el Senado.
En el desglose, el Banco Central ajustó a la baja su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a un rango de 2,25% a 2,75%, debido a la reducción del consumo privado y una esperada mayor caída en la inversión. Para 2025 y 2026, espera una expansión del PIB de entre 1,5% y 2,5%. (Ver infografía).
Desempeño de Gobiernos
Con estas cifras del instituto emisor, el actual gobierno de Gabriel Boric cerraría su mandato con un crecimiento económico promedio de 1,7%, el más bajo desde el retorno a la democracia. (Ver infografía).
En una mirada de más largo plazo, el Banco Central también estimó que el crecimiento del PIB tendencial promediará un 1,8% en el período 2025-2034, es decir, un 0,1 punto porcentual menor respecto del cálculo de fines del año pasado, por una menor incidencia de la recuperación de la participación laboral a niveles prepandemia.
‘Ciertamente, si tenemos aspiraciones de subirlo (el PIB de tendencia), se requiere trabajar por el lado de las fuerzas que están detrás de los determinantes del crecimiento (productividad, participación laboral, educación)’, dijo Costa.
Para enfrentar este desafío y superarlo se requiere de políticas públicas ‘bien diseñadas’, precisó. Destacó que es clave la participación del sector privado como del público. ‘Para mejorar nuestro crecimiento de mediano plazo también necesitamos de una economía estable. Por ello, debemos trabajar juntos para dejar atrás algunas debilidades o cicatrices del ciclo que se inició en 2019-2020. El ahorro de largo plazo y la profundidad de los mercados se han resentido y tardarán años en recuperarse’, agregó.
Más allá de la preocupación que manifestaron los parlamentarios por los ajustes en las proyecciones de crecimiento e inflación de este año, mayor fue la inquietud sobre la decisión de apurar el recorte de tasas de interés que el Consejo adoptó el martes, cuando por otro lado el escenario central del IPoM eleva a 4,5% el pronóstico de inflación a fin de año, desde 4,2% contemplado en junio.
Detrás de este aumento, respondió, hay algunos shocks transitorios, como el alza de las tarifas eléctricas, mayores costos del transporte internacional y algo de depreciación del tipo de cambio. ‘En la medida en que los mercados internalicen que son shocks transitorios y que la inflación converge al 3%, la posibilidad de que esos factores tengan efectos de segunda vuelta o sean persistentes en el tiempo, disminuye bastante’. Y el consumo más bajo y también de la inversión ejerce menos presiones sobre la inflación, apuntó.
Otro de los fundamentos para acelerar la baja de tasas es que el actual nivel de 5,5% en que quedó la tasa de interés de política monetaria (TPM) está muy por sobre la tasa neutral que es de 3,5% a 4,5% y una media de 4%. ‘Esto significa que hoy día estamos en un nivel de contracción monetaria. La política monetaria todavía está contrayendo la economía’, sentenció. Estimó que esa contracción se irá suavizando de a poco en la medida en que se esté dando el escenario central del informe.
En inversión en capital fijo, en junio señalizaba una caída de -0,3% este año y ahora prevé un retroceso de -0,8%. Esta variable se estabilizó luego de la fuerte caída en el segundo semestre de 2023 y en el segundo trimestre de este año presentó un mejor desempeño tanto en el componente construcción y obras como en maquinaria y equipos, expone.
El informe incluye un recuadro sobre la inversión minera y su propagación al resto de la economía, que ha sido relevante para el crecimiento en los últimos años. Prevé que la inversión de capital fijo crecerá en torno a 20% acumulado en términos reales entre 2024 y 2026. ‘Esto compensaría en parte la debilidad de la inversión no minera, que se mantiene rezagada a la luz de los datos recientes’, señala. Detalla algunos riesgos como la habitual incertidumbre entre los cronogramas de las empresas y la aprobación de los permisos ambientales para sus proyectos.
Crédito bancario
El reporte da cuenta de una debilidad en el crédito bancario, aun cuando la reducción de la TPM ha seguido traspasándose con baja de 630 puntos base en los créditos comerciales respecto al primer trimestre 2023; 350 pb menos en los créditos de consumo, mientras que las tasas de crédito hipotecario han bajado 20 pb respecto al máximo de fines de 2023. El IPoM apunta a la debilidad en el crédito comercial que otorgan los bancos a las empresas, coherente con la inversión sectorial más dinámica en la minería y más débil en el resto de los sectores.
Recuerda además que las políticas activas de crédito ayudaron a expandir los préstamos comerciales más allá de lo coherente con los fundamentos y finalizadas esas políticas, el aumento de las tasas de interés y el inicio de un lento crecimiento durante 2023 ‘han contribuido a un bajo dinamismo del crédito en todo el mundo.
Frente a la preocupación de varios senadores por el costo y el pie exigido de 20% en los créditos hipotecarios, Rosanna Costa explicó que se trata de préstamos a largo plazo y hay una combinación de resguardos prudenciales que los bancos deben cumplir —como las provisiones— para tener un adecuado control de los riesgos y no generar problemas de estabilidad. El pie para los créditos tiene una regulación que no es obligatoria, pero se busca que los bancos tengan debidamente contenidos los riesgos. Dijo que en el proceso de ajuste subieron los impagos.
Ante otra consulta, la presidenta del Banco Central enfatizó que para la institución es importante que se siga definiendo un nivel de gasto público consistente con el compromiso de balance estructural y con el nivel de deuda pública sostenible en el tiempo, que se ha establecido en un 45% del PIB y hoy está en 41% del PIB. Destacó que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) está revisando y opinando sobre la consistencia de las cifras.

Estos cambios pueden frenar las intenciones de algunos inversionistas de desarrollar proyectos, hasta conocer las nuevas exigencias, generándose una merma en la oferta de viviendas en ciertas zonas, indican en el sector.
La baja demanda de viviendas, las restricciones de financiamiento para nuevas inversiones y la debilidad de la economía en los últimos años son algunos de los factores que han generado incertidumbre en el sector inmobiliario. A lo anterior se suma un tema poco abordado: la gran cantidad de cambios de planes reguladores comunales (PRC) en la capital del país.
Actualmente, seis de cada 10 (62%) comunas del Gran Santiago están modificando —con distintas fases de avance— sus planes reguladores comunales, lo que involucra a una población de más de 4,78 millones de personas. En general, estos cambios terminan estableciendo mayores exigencias a las construcciones.
Los datos del “Barómetro Normativo”, un informe de la consultora AGS Visión Inmobiliaria, que se enfocan en un diagnóstico de las condiciones vigentes en los instrumentos de planificación territorial, muestran la alta proporción de comunas en este escenario. Aparecen La Cisterna, La Pintana, La Florida, Maipú, Estación Central, Santiago, Las Condes, Providencia, Macul y Quinta Normal, entre otras. Este es el primer reporte de este tipo.
Procesos e impacto
En las comunas que están con modificaciones de sus PRC se abren espacios de congelamiento de entregas de permisos —por hasta un año—, lo que inhibe el desarrollo de nuevas inversiones en ese lapso.
En AGS señalan que muchos inversionistas inmobiliarios ven con incertidumbre este período de cambios, que en total pueden tardar entre tres y seis años. Esos agentes prefieren no incursionar en dichas comunas hasta que se establezcan las nuevas reglas de construcción.
“Hoy en día un anteproyecto no da un peso jurídico para poder desarrollar. Hemos visto anteproyectos que han sido, de alguna manera, botados. También hay proyectos con permisos de edificación vigentes, como los edificios ‘fantasma’ (de Estación Central) sin recepción. Entonces, desde la perspectiva jurídica y de la firmeza de ese permiso, hoy no existe 100% certidumbre. Por ello, muchos prefieren no invertir en una comuna donde se está modificando el plan regulador y buscan, obviamente, certeza para invertir en zonas donde hay una normativa, ojalá, recién promulgada”, comentó Esteban González, director de Asesoría Estratégica de AGS.
Rodrigo Aravena, director comercial de AGS, agrega que “ha habido un proceso de aprendizaje. El mercado inmobiliario no ha querido seguir con la práctica de ingresar (proyectos) cuando la puerta se está cerrando. Cuando un municipio inicia un proceso de modificación del plan regulador, se sabe que viene un eventual congelamiento y, por lo tanto, hay un grupo de inversionistas que aprovecha esa coyuntura e ingresa anteproyectos. Pero hay otro que decididamente opta por esperar las condiciones que vengan a futuro”.
Aravena señala que “muchas veces las condiciones futuras son muy antagónicas con respecto a la norma que ya existía. Entonces se producen brechas muy grandes entre aquellos que generaron derechos adquiridos y aquellos que, a posteriori, van a iniciar desarrollo”. En esos casos, indica, “se producen lagunas de desarrollo inmobiliario”.
Sostiene que el fenómeno provoca “incertidumbre”. Es “la palabra más importante”, afirma.
Rodolfo Bambach, socio de CBS Inmobiliaria, sostiene que “los cambios en los planes reguladores, sin duda, generarán un quiebre de oferta en varias comunas. Existen muchos casos emblemáticos como San Miguel, que actualmente cuenta con una oferta mínima, prácticamente nula. El efecto de estos cambios es el aumento de la escasez de viviendas, aun cuando la zona tenga excelentes condiciones de conectividad”. Añade que ello ocasiona “el desplazamiento de la población hacia comunas periféricas y el aumento en los valores de las propiedades en comunas céntricas”.
Baja participación ciudadana
El estudio indica que el período promedio sin actualización de los planes reguladores es de 21 años, aunque estos deben renovarse periódicamente en un lapso no mayor a 10 años.
Una de las deficiencias en los procesos de cambios de planes reguladores, advierte AGS, es la baja participación ciudadana, que apenas alcanza a un promedio de 0,8% de la población en las comunas analizadas. Esta situación se explica, entre otros, por la escasa difusión de las municipalidades de estas modificaciones, afirma la consultora.
Estaciones de metro
Otro dato que detectó el informe es que el 54% de la superficie total alrededor de las estaciones actuales y proyectadas del metro —en un radio de influencia de 500 metros— cuenta con una densidad bruta inferior a 1.200 habitantes por hectárea. Esto significa que solo se permiten construcciones de cinco a siete pisos. En tanto, apenas el 24% de los espacios colindantes a los accesos al tren subterráneo posee densidad libre.
“Se observa una falta de integración de los planes reguladores tanto a nivel comunas como metropolitano, respecto a las áreas de influencia inmediata del metro, lo que ha tendido a minimizar los efectos y la rentabilidad social de la inversión pública, tal es el caso de comunas como Puente Alto, Vitacura y Cerro Navia”, señala el estudio.
En AGS indican que la ciudad debe apuntar a una densificación equilibrada, definiendo condiciones e incentivos normativos que permitan el desarrollo urbano en áreas estratégicas.
Reconversión urbana
La consultora identificó 1.210 hectáreas (ha) bajo normativa industrial, dentro del anillo de Américo Vespucio, correspondientes a zonas con un potencial de reconversión a usos mixtos, es decir, que pueden combinar comercio, viviendas u oficinas.
Renca es la comuna con mayor suelo en este aspecto, con un total de 256 hectáreas. Le siguen Cerrillos (220,5 ha), Estación Central (158,6 ha) y Macul (146,4 ha).
TARDANZA
Tres a seis años puede tardar la promulgación de una actualización de un plan regulador comunal.

La inversión dejó de ser un motor de crecimiento. Si en los 2000, la formación bruta de capital fijo crecí­a al 9% anual, en la última década (sin contabilizar la pandemia) se estancó en un magro 0,6%. Uno de los principales factores detrás de este frenazo es una excesiva, fragmentada y poco coherente regulación para aprobar proyectos de inversión. Con 400 tipos de permisos y tiempos promedios de tramitación de 7 años para proyectos grandes, se vuelve difí­cil argumentar que la «permisologí­a» no es un problema mayor.
Lo positivo es que hoy existe una voluntad transversal para solucionar el problema. El gobierno ya presentó dos proyectos de ley y habla de construir una cárcel en modo fast-track. Desde la academia y sociedad civil también se han hecho propuestos como incorporar procesos previos (pre-screening) o modelos «super fast-track» para proyectos verdes (siguiendo el modelo FAST-41 de USA). Aunque valiosas, me temo que estas medidas por sí­ solas no son suficientes. La burocracia kafkiana a la que se enfrentan los proyectos de inversión obliga a pensar el tema «desde cero».
El primer (y más complejo) desafí­o no es legal, sino cultural. Si no cambiamos la cultura funcionaria, no avanzaremos. Para los funcionarios públicos encargados de evaluar proyectos, el beneficio de hacer bien su trabajo es nulo y el costo de equivocarse, alto. Resultado: inmovilismo y cultura de la desconfianza. ¿Por qué no movernos a una lógica cooperativa entre funcionarios públicos y privados para mejorar los proyectos? Para esto debemos desprendernos de la camisa de fuerza que impone el estatuto administrativo y reformarlo hacia una carrera funcionaria de carácter técnica y meritocrática y con más atribuciones a los jefes de servicio.
También debemos dejar atrás la lógica de la evaluación individual donde, sometidos a la discrecionalidad del evaluador de turno, los proyectos deben demostrar que cumplirán los estándares. Esto genera excesivas iteraciones, con observaciones que muchas veces sobrepasan las atribuciones de los servicios públicos. Por el contrario, debemos avanzar hacia la estandarización de variables objetivas (ambientales y sociales) para tener una tramitación ágil y luego dar paso a una fiscalización ex-post. En simple, un sistema menos intervencionista y más inspirado en la tradición de paí­ses anglosajones como Australia y Canadá.
Por último, no podemos soslayar las pobres capacidades de gestión de instituciones crí­ticas como el Consejo de Monumentos o CONAF. Resguardando siempre altos estándares de probidad y transparencia deberí­amos evaluar lógicas de financiamiento público/privado, con fondos ciegos donde los privados también aporten con recursos para contratar más evaluadores, mejorar sistemas y capacidades de estas instituciones.
Las propuestas aquí­ delineadas no son fáciles de llevar a cabo, son estructurales, tocan intereses de diversos grupos y requieren una mirada polí­tica de largo plazo, cada vez más ausente en nuestra clase polí­tica. La tarea es compleja, pero bien vale la pena si de verdad queremos que la inversión vuelva a ser un motor de crecimiento.
Por Juan José Obach, Director ejecutivo Horizontal.

Según informó el Banco Central, el Imacec de julio subió 4,2%, por sobre lo que esperaba el mercado. Con ello, entre enero y julio la actividad acumula un alza de 2,4%. Servicios e industria fueron los sectores que más aportaron al dinamismo del mes.
Las cifras del segundo trimestre que publicó el Banco Central en agosto enfriaron los ánimos de los económica. 1,6% fue el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre y con ello el primer semestre terminó con una expansión de 2,1%.

Con esa cifra, las expectativas de los economistas se ajustaron a la baja, centrándose en 2,3% y alejándose del 2,6% que tiene incorporado Hacienda como proyección.

Sin embargo, el crecimiento de julio revivió la opción de que la economía crezca en torno a 2,5%, e incluso alcanzar el 2,6% que proyectó Hacienda en el último Informe de Finanzas Públicas.

¿Qué pasó? La actividad económica medida en el Imacec subió 4,2%, muy por sobre las expectativas del mercado que esperaban e incluso de las proyecciones más optimistas que llegaban al 3,9%. Este es el segundo mayor crecimiento del año superado solo por febrero cuando la expansión fue de 4,4%. Con este crecimiento, el acumulado del año es de 2,4%.

De acuerdo al Banco Central, la serie desestacionalizada aumentó 1,0% respecto del mes precedente y creció 2,8% en doce meses. El mes registró un día hábil más que julio de 2023.

El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de todos sus componentes, destacando por su contribución los servicios que incidió en 2,5 puntos porcentuales y creció 5,3% en términos anuales. Este resultado se explicó por los servicios de educación, donde se registró una semana adicional de clases por el cambio en el calendario de las vacaciones de invierno. En tanto, los servicios de transporte también contribuyeron al resultado.

La industria, en tanto, fue el segundo sector que mayor aporte tuvo al Imacec con 0,7% y un alza de 7,8%. Este dinamismo se debió a la mayor producción de alimentos, en particular, de la industria pesquera.

Comercio y minería tuvieron un aporte de 0,4 puntos porcentuales y un alza de 4,9% y 3,6% respectivamente.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 4,4%, y en términos desestacionalizados creció 1,5% respecto del mes anterior.

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó que ‘hay que tener bastante prudencia para interpretar los datos de un mes y otro. Y así como con motivo de un mes que fue más bajo, no bajamos la proyección, ahora tampoco la vamos a incrementar mientras no tengamos alguna evidencia adicional de cómo se vaya desarrollando la economía en lo que resta del año’, añadió.

Para los expertos, este mayor crecimiento al esperado abre la puerta nuevamente para que la actividad económica crezca 2,5% o incluso más que esa cifra.

Desde Scotiabank, por ejemplo, sostienen que el Imacec de julio de 4,2% ‘da cuenta de una importante y sorpresiva reversión de los negativos efectos climáticos observados en mayo y junio pasados’. En ese contexto, esperamos que ‘el Informe de Política Monetaria (Ipom) de septiembre corrija el rango de crecimiento del año hacia 2,5-3,0%. Sin embargo, será algo más complejo explicar la recuperación de crecimiento que no ha sido acompañada por una creación cíclica del empleo’.

Pavel Castillo, economista y gerente de Intelligence en Corpa comenta que ‘el buen dato de julio sube nuestras estimaciones de 2,3% a 2,4% de crecimiento anual esperado en 2024’. Sin embargo, dice que ‘un crecimiento de 2,6% está dentro del intervalo esperado’.

Otra visión entrega Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, quien sostiene que ‘previo a los datos de julio, veníamos proyectando un crecimiento PIB en torno a 2,4%, lo que hoy se ve como algo bastante realista’. No obstante, menciona que el 2,6% ‘no es imposible’.

Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP comenta que ‘efectivamente, el crecimiento de julio mejora las perspectivas de crecimiento para el año, pero en términos más bien marginales. En nuestro caso, esta cifra nos permite ajustar la proyección desde un 2,3% a 2,4% anual, pero no cambia mayormente el escenario central, puesto que gran parte de los factores que se observaron en julio fueron más bien transitorios’.

Sebastián Piña, analista económico de BTG Pactual Chile, puntualiza que ‘creemos que la economía crecerá entre 2,3 y 2,5% este año. No obstante, si bien no es nuestro escenario base, esta cifra hace más factible que el año crezca 2,6%. Esto podría darse, por ejemplo, si tenemos alguna sorpresa modesta al alza en lo que va del año’.

Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, se suma al análisis y sostiene que ‘estamos comenzando el segundo semestre en un muy buen pie y eso nos permite mirar con más confianza el obtener un crecimiento en torno a 2,2 o 2,5% para este 2024, que de nuevo se sitúa dentro del contexto de lo que es la capacidad de crecer de nuestra economía en el largo plazo’.

El economista jefe de Coopeuch, Felipe Ramírez, puntualiza que ‘el Imacec de julio entrega buenas noticias, sorprendiendo incluso hasta los más optimistas. Los protagonistas fueron los servicios, que entregaron más de la mitad de la incidencia positiva de la variación anual del Imacec’. Ramírez indica que con este registro mantienen su proyección que ya estaba en 2,6% para el crecimiento del PIB 2024.

Más cauta se muestra Francisca Pérez, economista de Bci, quien ‘no ve cambios significativos respecto a que la economía crezca más allá de 2,3%’. La economista explica que ‘hay que recordar, que durante el tercer trimestre creceremos 2,2% y el cuatro deberíamos crecer un 3,0% para llegar a crecer un 2,3% este año, por lo que aún hay un largo trecho que seguir’.

Este mayor crecimiento podría dar espacio para que el Banco Central mantenga nuevamente la Tasa de Política Monetaria (TPM) en la reunión de este martes, y de esa manera esperar la cifra de IPC que el INE publicará el viernes.

Sin embargo, los expertos consideran que no es necesario que el BC cambié su trayectoria para la política monetaria, por lo que se mantiene la visión de que en las tres reuniones de Política Monetaria que restan antes de que finalice el año, el BC debería recortar 50 puntos base para llegar a diciembre a 5,25%. Hoy la TPM se ubica en 5,75%.

‘Nuestra expectativa apunta a una reducción de 25 puntos base. Luego, esperamos otro recorte de 25 puntos base en octubre o diciembre, para cerrar el 2024 con una tasa de 5,25%’, sostiene Apablaza.

Piña se suma a esa mirada y espera también un recorte de 25 puntos base en la reunión de este martes y que la TPM se ubique en 5,25% a fines de año.

Pérez prevé que el BC debería bajar la tasa a 5,50%, y llegar a fin de año a 5,25%. ‘Existe espacio para que el BC continúe disminuyendo la TPM, ya que la Fed comenzaría a bajar la tasa en septiembre, y es probable que la recorte 2 veces más en el año’, comenta.

Iniciativa del Ministerio de Vivienda busca mejorar la definición de áreas de riesgo a través de una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, para evitar que se construya en zonas bajo amenazas naturales.
Se estima que tiene una extensión de 50 km; se ubica entre los ríos Mapocho y Maipo, y cruza las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto. Incluso, nuevas estimaciones afirman que se prolonga hasta Lo Barnechea y Pirque.

La falla San Ramón, una falla geológica, inversa y activa, está situada en la sierra de Ramón, 10-12 kilómetros bajo la superficie terrestre. Hasta hace algunas décadas se estimaba que no representaba peligro, pero hoy no solo se sabe que está activa, sino que se estima que más de tres millones de personas serían afectadas en un eventual evento telúrico.

Los géologos estiman que la comuna más afectada sería Puente Alto. El 61,8% de su población vive en ella o cerca de ella. Le siguen Las Condes con 55,4% de la población cerca de la falla, Peñalolén (39,6%) y La Florida (34,6%).

Esta falla geológica es apenas una de las decenas amenazas naturales que hay en torno a las principales ciudades y desarrollos urbanos en el país.

Por ello, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), presentó una propuesta que mejora la definición de áreas de riesgo en los planes reguladores.

A través de la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), el organismo precisó de mejor forma los tipos de amenazas y los niveles de riesgo que ahora deben contemplarse en los Instrumentos de Planificación Territorial, entre los que están los planos reguladores regionales y comunales.

Los riesgos incorporados en la modificiación incluyen los gravitacionales, inundaciones, sísmicas (como la Falla San Ramón), volcánicas, incendio forestal y suelos con potencial presencia de contaminantes.

Además, se establecieron seis niveles de riesgo: Extremo, Muy Alto, Alto, Moderado, Bajo y Poco Significativo.

‘En el contexto de la emergencia climática, el principal foco de esta propuesta del Minvu está puesto en la seguridad de las personas, de manera que se sepa con precisión y anticipación cuáles son los terrenos amenazados por una catástrofe. Queremos evitar exponer a la población a las negativas consecuencias de las catástrofes’, señala el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

‘Queremos que los planes reguladores digan con precisión dónde no se debiera construir, dónde están las zonas seguras, por qué vías se puede evacuar a la población y qué medidas de mitigación se deben adoptar donde hay un riesgo menor’, añade.

‘Modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en materia de áreas de riesgo de los Instrumentos de Planificación Territorial’, es el nombre exacto de la propuesta, la que inició su período de consulta el 9 de agosto y terminó el 30 de agosto. La publicación de los resultados será el 30 de octubre de este año.

La iniciativa debe ser aprobada por el Minvu, luego por la Segpres, dado que es un Decreto Supremo, que debe firmar el presidente de la República. Luego la Contraloría General de la República efectúa un control de legalidad. Finalmente se publica en el Diario Oficial. Este decreto propone que sus normas entren en vigencia seis meses después de publicado en este último.

Según explican desde Minvu, las áreas de riesgo se definirán sobre la base de un Estudio de Riesgo, el cual considera la situación existente y la proyectada por el plan, tomando en cuenta las alternativas de estructuración del territorio, y que estará conformado por una memoria y una representación cartográfica del riesgo.

Por áreas de riesgo se entienden aquellos territorios con algún nivel de riesgo, en los cuales, por razones de seguridad, se prohíben las urbanizaciones, edificaciones o la división del suelo, o se establece algún grado de limitación a las mismas para su emplazamiento en dichas áreas, en concordancia con dicho nivel de riesgo. Estas zonas se definirán en los planes reguladores, sean de nivel comunal, intercomunal o metropolitano, y en los planes seccionales.

De acuerdo al Minvu, hoy existe una caracterización inadecuada de las áreas de riesgo en este tipo de instrumentos, las que además no incorporan las experiencias recogidas en diversas catástrofes, en especial las derivadas del terremoto y maremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010, así como en diversos fenómenos aluvionales, incendios forestales, inundaciones y de remoción en masa que han afectado al país, con posterioridad a esa fecha.

Si bien el riesgo ha estado presente desde las primeras normativas de urbanismo y construcciones bajo denominaciones muy específicas, dichas normas estaban orientadas básicamente desde cómo las edificaciones debían abordarlo, no obstante, solo en posteriores adecuaciones, tales normas las fueron incluyendo como parte de los estudios que debían considerar los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT).

La propuesta intentará corregir los principales problemas que se presentan en la actual normativa, entre los que están:

– En general, las ‘zonas no edificables’ no son, en estricto rigor ‘no edificables’, ya que muchas de ellas solo representan una restricción, como por ejemplo los conos de aproximación de los aeropuertos.

– Las Áreas de Riesgo que se definen en los IPT, en general, surgen solo del análisis de las amenazas.

– En muchos casos, no se incluyen ciertas amenazas presentes en el territorio, sea por falta de información o por falta de una metodología adecuada.

– Los tipos de amenazas contemplados en la OGUC no dan cuenta de las tipologías de amenazas presentes en el territorio nacional.

– Los estudios de riesgo, en general, no consideran el análisis prospectivo del riesgo en base a la secuencia: amenaza * vulnerabilidad = riesgo.

– En muchos casos, las áreas de riesgo no son consistentes con los estudios de riesgo sobre los cuales se fundan.

– Hay consenso que ciertas actividades (edificaciones o instalaciones estratégicas) no debieran localizarse en áreas de riesgo, y esto requiere contar con una norma de rango nacional.

– La normativa actual no permite establecer niveles de riesgo, con lo cual se dificulta establecer gradientes, que permitan graduar las normas aplicables a los proyectos.