Incremento de gastos en sistemas de vigilancia, robos de herramientas, equipos y materiales, son algunos de los problemas a los que se enfrentan las constructoras y que hacen que aumenten sus costos, según una investigación realizada por el académico de la UTalca, Armando Durán Bustamante
El aumento de la delincuencia en nuestro país afecta a todos los sectores sociales y económicos, entre ellos está el de la construcción, donde este fenómeno está impactando con fuerza. Así lo observó el académico de la Universidad de Talca, Armando Durán Bustamante, quien realizó una investigación en un ámbito que no se había estudiado, y, que permite comprender y precisar cómo afecta esta problemática a los costos en los diferentes proyectos inmobiliarios.
En el estudio se pudo establecer –entre otras cosas- que, “el impacto de la delincuencia en los costos de construcción de proyectos inmobiliarios podría encarecerlos hasta en un 14%”.
Este valor asociado, explicó el académico de la UTalca, golpea a proyectos de densificación como los edificios, pero por sobre todo encarece los proyectos inmobiliarios de extensión, que se emplazan en varias hectáreas y donde se crean las condiciones ideales para el robo de maquinarias, equipos y materiales de construcción.
“Las empresas constructoras han tenido que hacer cambios profundos en las instalaciones de faenas, planificación de las obras, y especialmente en las etapas de terminaciones. En el estudio, pudimos determinar que, las constructoras entrevistadas han tenido que incorporar más de 20 acciones, que antes no se contemplaban”, detalló el profesor.
La investigación determinó que estos cambios, que se repiten en las diferentes obras en construcción, van desde el retiro e instalación de cálefont y griferías, reforzamiento de talleres y accesos, aumento de luminarias y mejora en cercos perimetrales, casetas de guardias, instalación de bodegas reforzadas, aumento en el personal de control de materiales en obras, contratación de empresas externas para el monitoreo con cámaras de vigilancia y hasta el arriendo bodegas especiales de resguardo de materiales y equipos de alto valor, entre otras.
Las empresas que participaron del estudio y que fueron entrevistadas, están desarrollando proyectos inmobiliarios entre Antofagasta y Puerto Montt. “Está el caso de una constructora en la región del Maule que durante ocho meses de obra ya registra más de 100 millones de pesos de pérdidas por robos. Sin duda, hay elementos y datos que arroja el estudio, que nos pueden hacer pensar que son producto del crimen organizado”, manifestó el especialista.
La idea de una organización delictual que se beneficia con estos robos surge de la forma en que se realizan y los datos que manejan los asaltantes. “En la Macrozona Norte, por ejemplo, hay constructoras que deben contemplar cambios de ruta y vehículos a la hora de transportar maquinarias y aun así siguen sufriendo asaltos”, agregó Durán.
Este fenómeno redundaría, además, en la disminución de proyectos realizados. “Las cifras de permisos de edificación divulgadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), indican que en julio de 2024 se aprobaron solo 2.966 viviendas nuevas en el país, lo que representa una caída del 76,7% anual. A su vez, la caracterización por región, da cuenta de cómo la delincuencia influye en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y en un rubro de inversión, donde este tema es un factor fundamental en la toma de decisiones, trae como consecuencia menor construcción de proyectos privados de viviendas en Chile”.
El especialista subrayó que inevitablemente este aumento del valor en la construcción termina siendo traspasado directamente a los compradores. “La mayoría de las empresas encuestadas señalaron que, según su registro, los costos asociados al tema de la protección por la delincuencia superan el 10 % de la obra y ese aumento lo pagará quien compre la vivienda”.
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Hacienda confirma que proyecto de impuesto a la renta ingresará al Congreso a fines de octubre o inicios de noviembre
Así lo ratificó este jueves el propio titular de esa cartera, Mario Marcel, quien -en línea con lo que adelantó Pulso- anunció que la fecha de envío de la iniciativa al Parlamento será entre fines de octubre e inicios de noviembre. En entrevista con TVN el ministro sostuvo que ‘en el proyecto de reforma de impuestos de la renta, que vamos a ingresar hacia fines del próximo mes o a principios de noviembre, va a haber una serie de medidas para facilitar la formalización (de las empresas)’.
Explicó que será un proyecto que no aumentará en términos netos la recaudación. En ese sentido, dijo que ‘habrá medidas que reduzcan la recaudación, entre ellas, medidas en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, incentivos a la inversión y a la clase media’. También una reducción en la tasa del impuesto de primera categoría, de 27% a 25%.
Todo eso, indicó Marcel, reducirá la recaudación tributaria. Y por ello, agregó, ‘tendrá que ser compensado con algunas medidas que van a aumentar la recaudación, de manera que las dos cosas se equilibren’.
Al respecto, el secretario de Estado también entregó pistas de cuál será la vía para generar recaudación. ‘Las medidas para compensar los menores ingresos van a estar concentradas en el impuesto a la renta, particularmente en el impuesto a la renta de los ingresos de los propietarios de las empresas’, precisó.
Dicha medida, según lo que ha transmitido Hacienda a parlamentarios y asesores, consiste en aplicar una tasa pareja para todos quienes estén en esa situación. En este punto estaría concentrada gran parte de la recaudación que el gobierno necesitaría para generar los mayores recursos. Y con ello se dejaría atrás la idea de perseverar en un incremento del impuesto global complementario, que es el que pagan las personas.
En los sectores más de izquierda del bloque oficialista, esta posibilidad de excluir de la discusión un incremento de impuestos a los sectores altos del global complementario no gusta del todo, puesto que a su juicio la idea es que la iniciativa, más allá de que sea fiscalmente neutra, avance en progresividad y equidad tributaria. No obstante, han afirmado que la realidad política legislativa también tiene que ser considerada a la hora de analizar el texto en su conjunto. Por lo mismo, plantean que todavía se debe esperar a que el contenido del proyecto se conozca en su totalidad.
De acuerdo a quienes conocen las tratativas en la materia, las complejidades de incluir un alza en los tramos altos del impuesto global complementario son al menos dos: una es la realidad política, puesto que el gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria ni el Cámara de Diputados ni en el Senado, y desde la oposición ya han advertido que un incremento de ese tipo no será apoyado.
Y como número dos se suma que el próximo año es electoral, por lo que los legisladores ven poco probable que ellos aprueben un aumento tributario a las personas.
Según estas mismas fuentes, otra medida que estaría descartada es aplicar una tasa más alta que el 10% actual que pagan las ganancias de capital.
Banco Central presentó IPoM de septiembre: consumo privado crecerá 1,7% y la inversión caerá un 0,8%
El Banco Central, a través del Gerente de la División de Política Monetaria, Elías Albagli, expuso las proyecciones del Informe de Política Monetaria de septiembre de 2024.
Adicionalmente, se refirió a las estadísticas del Producto Interno Bruto (PIB) regional que publicó el BCCh y que dan cuenta de una baja de 0,9% en Biobío el segundo trimestre.
El gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central, Elías Albagli, presentó el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, que señala que el consumo privado crecerá 1,7% este año y la inversión caerá un 0,8%. “Para el próximo año esperamos que el crecimiento esté entre el 1.5% y 2.5%, lo que es coherente con la velocidad del crecimiento tendencial de la economía para los próximos años”, señaló Albagli.
Adicionalmente, el economista expuso los datos publicados en el Informe de Cuentas Nacionales del Banco Central, que describen una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) nacional de un 0,6% en el segundo trimestre de este año respecto del trimestre anterior.
En la región del Biobío, Elías Albagli especificó que el PIB se contrajo 0,9% y explicó que la caída del segundo trimestre obedeció principalmente a la industria manufacturera, en particular una menor producción de la industria pesquera y la refinación de combustibles. Los servicios también contribuyeron negativamente.
En relación con el consumo de los hogares, éste retrocedió 0,4%, incidido mayoritariamente por el menor consumo de servicios, en específico, de restaurantes y hoteles y servicios personales.
El alza de la delincuencia impacta el mercado inmobiliario: Costos en aumento y menos proyectos en Chile
El aumento de la delincuencia en Chile está afectando todos los sectores sociales y económicos, y el mercado inmobiliario no ha sido la excepción.
Una reciente investigación realizada por Armando Durán Bustamante, académico de la Universidad de Talca, revela que este fenómeno está incrementando los costos de construcción de proyectos inmobiliarios hasta en un 14%, afectando principalmente a obras de extensión y a aquellas en zonas de alta densificación. Por Paola Castelli Tribes El estudio, inédito en su enfoque, permite comprender cómo la delincuencia está impactando de manera directa en los proyectos inmobiliarios.
Según el académico, los proyectos que abarcan grandes extensiones de terreno son los más vulnerables, ya que los amplios espacios abiertos se convierten en zonas propicias para el robo de maquinaria, equipos y materiales de construcción. Las constructoras que participaron en la investigación han tenido que adaptar sus procedimientos y reforzar significativamente sus medidas de seguridad.
“Las empresas han implementado más de 20 acciones adicionales que antes no se contemplaban, como el retiro y reinstalación de griferías y cálefont, reforzamiento de cercos perimetrales, instalación de más luminarias, casetas de guardia, cámaras de vigilancia y la contratación de empresas especializadas en monitoreo”, explicó Durán.
Además, se ha registrado un aumento en el control de materiales en obra, y el uso de bodegas reforzadas o arrendadas para el resguardo de equipos y materiales de alto valor. Estas medidas de seguridad no son baratas, y el estudio estima que este costo adicional puede representar más del 10% del total de la obra, un valor que finalmente es traspasado al comprador.
Esto significa que quienes adquieren viviendas construidas bajo estas condiciones terminan pagando más debido a la necesidad de proteger los proyectos contra el crimen. Impacto en el desarrollo de proyectos inmobiliarios Además de aumentar los costos de construcción, la delincuencia está afectando la planificación y ejecución de proyectos.
La investigación de la Universidad de Talca documenta cómo algunas constructoras han sufrido millonarias pérdidas por robos, lo que está afectando directamente su capacidad de llevar a cabo nuevos desarrollos.
Un ejemplo es el caso de una empresa en la Región del Maule, que en ocho meses de operación ha registrado pérdidas superiores a los 100 millones de pesos por hurtos y vandalismo. La situación es particularmente crítica en la Macrozona Norte, donde los asaltos a camiones que transportan maquinaria son recurrentes, obligando a las constructoras a modificar rutas y modos de transporte sin que esto garantice una solución efectiva.
Este tipo de robos, caracterizados por la precisión y coordinación, sugieren que podrían estar vinculados a redes de crimen organizado que tienen un conocimiento detallado de las operaciones de las empresas. Un fenómeno que frena el crecimiento del sector El estudio también señala que la delincuencia es un factor que influye en la disminución del número de proyectos inmobiliarios.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en julio de 2024 solo se aprobaron 2.966 viviendas nuevas en el país, lo que representa una caída del 76,7% en comparación al mismo mes del año anterior.
Esto se debe en parte al aumento de los costos de seguridad, que desincentiva la inversión en nuevas construcciones, especialmente en regiones afectadas por altos índices de criminalidad. “Este tema es un factor clave en la toma de decisiones de los inversionistas, y la delincuencia está trayendo como consecuencia una menor construcción de proyectos privados de viviendas en Chile”, destacó Durán.
Esto tiene un impacto directo en la oferta de viviendas, lo que contribuye a la desaceleración del mercado inmobiliario y eleva los precios de los inmuebles disponibles. La delincuencia, un costo que pagan todos En definitiva, la investigación de la Universidad de Talca deja en claro que la delincuencia no solo afecta a las constructoras, sino que también tiene un impacto directo en los compradores de viviendas.
Los costos adicionales de seguridad que deben asumir las empresas se ven reflejados en el precio final de las propiedades, lo que afecta a todos los actores involucrados en el proceso inmobiliario. El desafío para el sector, tanto público como privado, es encontrar soluciones que permitan reducir estos costos sin sacrificar la seguridad en las obras.
Mientras tanto, la delincuencia sigue siendo un factor determinante en la dinámica del mercado inmobiliario chileno, encareciendo los proyectos y limitando la oferta de nuevas viviendas en un contexto económico ya complejo.
La ley antievasión fue aprobada: compras al exterior pagarán IVA
La iniciativa fue aprobada en la Sala de la Cámara por 124 votos a favor y 16 en contra, principalmente del Partido Republicano.
La ley incluye una nueva gobernanza del Servicio Impuestos Internos; crea la figura del denunciante anónimo; pone restricciones a los pagos en efectivo de más de $5,1 millones; y ratifica el levantamiento vía judicial y con plazos acotados del secreto bancario, que fue una de las medidas más resistidas en la tramitación de la ley.
Además, termina con la exención del cobro de IVA a las compras que se hacen en sitios extranjeros, del tipo Aliexpress, Chain o Temu, y que actualmente se cobraba sólo a partir de la adquisición de productos de US$41. En la Cámara de Comercio sostenían que mantenerla era una competencia desleal, porque celebraron el cambio.
Con la ley en curso el Gobierno espera recaudar 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, unos US$4.500 millones. De ellos, US$1.200 millones se incluirán en el Presupuesto 2025, que debe ser presentado por el Ejecutivo antes del 1 de octubre.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que ‘hace casi un año y medio, cuando se rechazó el proyecto de reforma tributaria, dijimos que estarían celebrando los evasores y quienes lo asesoran. Hoy día decimos que los evasores y quienes lo asesoran tendrán que prepararse, porque aplicaremos las nuevas facultades con todo rigor, porque la evasión y elusión son fuentes de tremendas injusticias’.
Marcel dijo que los US$1.200 millones se destinarán en un tercio al financiamiento de la Pensión Grantizada Universal (PGU), otro a seguridad ciudadana y otro a reducir las listas de espera y los programas de cuidado.
Sobre seguridad, contó que financiará la creación ‘del Ministerio de Seguridad Pública, el fortalecimiento del Ministerio Público, Fiscalía Supraterritorial, monitoreo telemático. También los proyectos de inteligencia del Estado, seguridad municipal, inteligencia economía y defensoría de victima’.
Y frente a las pensiones, dijo que financiará la cobertura de la PGU y su reajuste, ‘más el incremento a $250 mil para la población que esté definida en el proyecto’, añadió.
“Se debería terminar (la politización en las municipalidades) con el silencio negativo”
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, declaró a DF que uno de los principales objetivos es precisar las responsabilidades que tienen las Direcciones de Obras Municipales (DOM). ‘Es un cambio muy grande porque se acota muchísimo su rol’.
– ¿En cuánto esperan disminuir los plazos?
– No estoy en condiciones de hacer un cálculo de esa manera. Antes la DOM no tenía un plazo que cumplir, ahora estará obligada. Tendrán 15 días para los proyectos que tienen menos exigencia, 30 para los de mediana envergadura y 60 para los más grandes. – ¿Qué pasa si no se cumplen? – Habrá silencio negativo. Éste es el elemento más detonante y que apura el tiempo de tramitación, porque se van a ver obligados a reaccionar. Esperamos que disminuyan los plazos y que haya más certeza, porque hay casos en que la DOM interviene en aspectos que no son de su responsabilidad.
– ¿Por qué no un silencio positivo? – Porque si queda aprobado puede ser un mal proyecto. – ¿No será más engorroso? – Puede darse para los dos lados. En todo caso, es más riesgoso aprobar cualquier cosa.
– Actores de la industria han acusado una politización en las municipalidades al momento de la entrega de los permisos. ¿Este proyecto podría detener esto?
– Si por politizar se entiende de que se aprueba más rápido aquellos que son del vínculo político de una persona determinada, se debería terminar con el silencio negativo. Pero siempre hay riesgo de que haya una actitud subjetiva. Ahora va a haber un camino de reclamación mucho más preciso, que permite contrarrestar al DOM. – ¿Cómo va a funcionar?
– Se crea un recurso de reclamación en materia urbanística para impugnar a la DOM. Esta pasa a la Seremi y luego a la Corte de Apelaciones. También van a haber cosas que no van a ser con permiso, sino con declaraciones juradas.
– ¿Cómo cuáles?
– La instalación de faena, preparación de cancha, confección e instalaciones para el hormigón, instalación de grúa, ejecución de excavaciones, entubaciones, etc.
Nuevos Proyectos
– El Ministerio informó que busca el envío de un nuevo proyecto de ley que permita continuar con la simplificación de otros trámites sectoriales. ¿Cuáles serían estos?
– Para lograr un acuerdo y sacar el proyecto lo antes posible, hubo al menos una materia que concordamos que lo viéramos después, que tiene que ver con el Informe de Mitigación de Impacto Vial.
Para eso decidimos ir con un nuevo proyecto. También hay otros temas específicos que quedaron abiertos.
– ¿Cuáles?
– Como el Consejo de Monumentos Nacionales y todo el tema de las vías ambientales. También es importante que las empresas fortalezcan las condiciones de calidad de su producción.
Otras medidas
En paralelo a la tramitación del proyecto de ley, las autoridades han estado barajando otras medidas para hacer frente a la crisis. Por ejemplo, en el último tiempo el Gobierno ha creado mecanismos para disminuir el pie, han aumentado los subsidios y han comprado un porcentaje del sobrestock de viviendas existente.
– ¿Van a seguir comprando parte del sobrestock?
– Vamos a comprar aquello que tenga relación con los precios que consideramos adecuados. Estamos reuniéndonos permanentemente con empresas del sector para barajar esa alternativa.
– En el Chile Day la ABIF propuso la baja de 200 puntos base de la tasa de crédito hipotecario, ¿piensan implementar esto?
– Es clave. Aquí lo que se está planteando es que baje la tasa del Banco Central, pero se demora muchísimo en tener efecto. La propuesta de la banca la pueden hacer ellos también. Si se trata de aumentar el subsidio para efecto de bajar la tasa, hay que evaluar que se hace con los recursos públicos. Hay distintas alternativas, no todo lo tiene que hacer el Estado.
Cámara de Diputados despachó a ley proyecto que busca simplificar y agilizar la tramitación de permisos de construcción
El ministro Montes destacó la aprobación unánime, lo cual permitirá reducir la permisología en la construcción de viviendas.
Por: Tomás Rodríguez Botto
La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) en materia de plazos y sanciones por incumplimiento con el objetivo de simplificar y agilizar la tramitación de permisos de construcción.
A través de una votación unánime, el proyecto de ley busca delimitar las responsabilidad de los directores de obras municipales, desahogar las Direcciones de Obras Municipales (DOM) y aumentar la certeza jurídica al reducir las instancias de reclamación.
En ese sentido, el ministro Montes, señaló que “es urgente trabajar a otro ritmo y evitar la cantidad de acciones innecesarias que a veces tienen normas que llevan mucho tiempo funcionando, en este camino se inscribe esta iniciativa que nos permitirá simplificar procesos, reducir la permisología en el sector y responder de manera oportuna a las familias que esperan una vivienda.
“Por ello, esperamos que el consenso alcanzado en esta ley permita, además, saldar deudas históricas de tramitación, certeza y participación de quienes quieren hacer buenos proyectos para la ciudad y contribuir a la implementación del Plan de Emergencia Habitacional”, agregó el secretario de Estado.
Además, el ministro explicó que hay regiones que demoran 24 y hasta 30 meses, mientras que en Maule la situación es más esperanzadora donde se están produciendo viviendas en 12 meses.
Por otra parte, el proyecto busca avanzar en el sistema de tramitación de los permisos de edificación, ante eso, plantea un recurso de reclamación en materia urbanística para refutar decisiones de las DOM por cualquier interesado.
Donde en una primera instancia será en sede administrativa, que corresponderá a las Seremi Minvu, y una segunda etapa en sede judicial.
Esto permitirá que al unificar jurisprudencia sobre la materia y disminuir la dispersión de medios de impugnación respecto de permisos de construcción, se pueda otorgar una mayor certeza jurídica a todas las partes.
Senado visa proyecto antievasión y pasa a tercer trámite a la Cámara: qué cambió y cómo queda
El gobierno logró un apoyo transversal a las modificaciones que incorporó en la Comisión de Hacienda. De hecho, en la mayoría de los artículos contó con el respaldo de la oposición. Con esta iniciativa Hacienda espera recaudar 1,5 puntos del PIB, unos US$4.500 millones. De ellos, US$1.200 millones se podrían sumar al Presupuesto 2025.
Después de cinco meses de discusión en el Senado, este martes el proyecto de ley de cumplimiento tributario o antievasión fue aprobado y despachado a su tercer trámite a la Cámara de Diputados para su revisión, debido a los cambios que se hicieron en esta etapa.
Las modificaciones que se ejecutaron en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta fueron varias, por lo que si se compara la iniciativa con la que ingresó al Senado, es totalmente distinta. Ello le permitió al gobierno lograr un apoyo transversal en la votación de la sala. De hecho, en la mayoría de los artículos contó con el respaldo de la oposición.
Con este proyecto, el Ejecutivo espera recaudar 1,5% del PIB, unos US$4.500 millones. De ellos, US$1.200 millones se podrían sumar el Presupuesto 2025, recursos que se destinarán principalmente a seguridad ciudadana y pensiones.
Al término de la sesión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró el trabajo de los senadores y en especial de los integrantes de la Comisión de Hacienda donde se forjó el acuerdo que logró destrabar el debate y que la iniciativa fuera visada en esta instancia.
Ahora el texto será visto este miércoles en la Cámara de Diputados. En caso de aprobarse el proyecto, saldría del Congreso y quedaría listo para ser promulgado ley. Si se rechazan algunos de sus artículos, tendrá que ser revisado por una comisión mixta, lo que en todo caso podría ocurrir durante la misma jornada, o eventualmente el jueves, ya que el gobierno pretende que la iniciativa esté despachada antes de que ingrese la nueva Ley de Presupuestos que tiene como plazo máximo el próximo lunes 30 de septiembre.
Los principales cambios que se realizaron en el Senado apuntaron al funcionamiento de la norma antievasión, secreto bancario, gobernanza del SII y denunciante anónimo.
1) Norma General Antievasión
En la discusión en la Comisión de Hacienda del Senado se acordó que la norma general antielusión se mantendrá en sede judicial, tal como es ahora, dejando atrás la idea original del Ejecutivo de cambiarla a sede administrativa, para que fuera el SII el que tuviera la iniciativa para abrir un caso de norma antielusión. ‘La existencia de abuso o simulación será declarada a requerimiento del director por el Tribunal Tributario y Aduanero competente, de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 160 bis’, dice la indicación. Con esto se mantiene el procedimiento actual y se institucionalizan dos procesos internos que ya funcionan el servicio’, dice el proyecto aprobado.
Para la aplicación de esta norma, se creará un comité ejecutivo que estará integrado por el director del SII quien lo presidirá, y los subdirectores de Normativa, de Fiscalización y Jurídica. Ellos estarán encargados de evaluar si el SII inicia un proceso de investigación por norma antielusión.
El procedimiento de fiscalización será dirigido por el Departamento de Normas Generales Antielusión, en coordinación con la Dirección Regional o Dirección de Grandes Contribuyentes, según corresponda.
Una vez finalizada la etapa de fiscalización, y dentro de los plazos de prescripción, el Departamento de Normas Generales Antielusión deberá elaborar un informe que contenga, al menos, los antecedentes analizados, los argumentos del contribuyente y los fundamentos para calificar los actos o negocios jurídicos, o un conjunto o serie de ellos, como constitutivos o no de elusión. El informe deberá ser firmado por los funcionarios a cargo de la fiscalización y por el jefe del Departamento.
Ese informe será presentado al Comité Ejecutivo, quien deberá en un plazo de 15 días desde recibido el informe establecer la procedencia recomendando al director del SII la presentación del requerimiento ante el Tribunal Tributario y Aduanero competente (TTA), recomendar la aplicación de una norma especial o resolver que no existe elusión.
2) Secreto Bancario
El proyecto que llegó de la Cámara de Diputados consideraba que el SII podía pedir el levantamiento de secreto bancario para cierto tipo de delitos o investigaciones de evasión o elusión. Sin embargo, en el debate en el Senado eso cambio. En el caso del secreto bancario, la modificación que dejó conforme a ambas partes consiste en que el levamiento de la información será vía judicial, pero con plazos acotados, situación que no existe en la actualidad.
En el texto se detalla que habrá dos procedimientos: uno para delitos tributarios de distinta índole y otro para delitos de mayor penalidad (cárcel) como crimen organizado y narcotráfico o lavado de activos, entre otros.
Para el primer caso, el Servicio, dentro de un proceso de fiscalización y previo a una citación o con ocasión de una, podrá requerir al contribuyente la entrega de su información bancaria, para lo cual deberá especificar las operaciones o tipo de operaciones o productos bancarios respecto de los cuales se solicita información y el período que comprende. El requerimiento se realizará en conjunto con la respectiva citación o con posterioridad a ella. Luego, el contribuyente deberá, en la respuesta a la citación o dentro de los 10 días siguientes a la notificación del requerimiento señalado en el párrafo anterior, informar si accede a la entrega de su información y el plazo en el cual será entregada, el que no podrá ser superior a veinte días.
De ser así, ‘el contribuyente podrá autorizar que la información sea enviada directamente por el banco, circunstancia que deberá constar por escrito y deberá contener expresamente la información sobre los productos, cuentas y los bancos respecto de los cuales se requirió información. De esta autorización se dejará constancia en el expediente electrónico’.
Ahora, en caso de que el contribuyente no entregue de forma voluntaria la información requerida o no autorizare su entrega por parte del banco, ‘el Servicio solo podrá acceder a la información bancaria mediante la Justicia Ordinaria’.
Un tratamiento distinto tendrá las investigaciones por crimen organizado y narcotráfico. ‘En los casos antes señalados el banco deberá entregar la información requerida por el Servicio según el siguiente procedimiento: el Servicio deberá presentar el requerimiento ante el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al domicilio del contribuyente, junto con los antecedentes que den cuenta del procedimiento de fiscalización bajo el cual se encuentra el contribuyente y sus antecedentes fundantes’.
El juez tendrá un plazo de 5 días para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en ese numeral. Vencido dicho plazo, el tribunal deberá notificar al Servicio, mediante correo electrónico, la resolución dando cuenta del cumplimiento de los requisitos legales, señala el articulado.
Cuando el juez no autorice la entrega de información requerida por el Servicio, esta sólo podrá ser obtenida por sentencia judicial firme en base al procedimiento establecido en el artículo 62 bis. El procedimiento establecido será siempre secreto.
3) Gobernanza del SII
Uno de los cambios importantes es la gobernanza del SII. Cuando ingresó el proyecto al Senado, no incorporó nada con respecto a la estructura del SII. En cambio, en la tramitación en el Senado se fijó que el cargo de director del SII y los subdirectores serán nominados vía Alta Dirección Pública. De esta manera se saca al director del SII de la nominación directa por parte del Presidente de la República. Lo mismo sucederá con las nominaciones de los subdirectores quienes hoy son nombrados por el director del SII. Ahora también serán vía ADP.
También se crean dos comisiones de expertos. Una es el Consejo Tributario que tendrá como principal función emitir opinión sobre las circulares del Servicio de Impuestos Internos que deban ser sometidas al procedimiento de consulta pública obligatoria y el plan de gestión de cumplimiento tributario.
El director del SII será quien lo presidirá y estará integrado por cuatro consejeros que durarán cinco años en sus cargos, no pudiendo renovarse. Las funciones de los consejeros y del Director no serán delegables.
Los consejeros serán elegidos por el Ministro de Hacienda, entre una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública. El perfil del cargo de consejero deberá ser aprobado por el Consejo de Alta Dirección Pública, previa propuesta del Ministro de Hacienda. El Consejo se renovará por parcialidades.
Entre las inhabilidades de quienes quieran postular a consejero está el realizar funciones de asesoría tributaria o jurídica y/o tengan la representación administrativa o judicial de contribuyentes en procedimientos ante el Servicio de Impuestos Internos o ante tribunales por juicios tributarios, mientras ejerzan su labor de Consejero. No se considerará como inhabilidad o incompatibilidad la realización de asesorías a organismos internacionales.
El Consejo deberá sesionar a lo menos dos veces al mes. Y una de las sesiones de cada semestre se deberá destinar a conocer y evaluar el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario.
El otro es el comité ejecutivo. Este estará integrado por el director del SII, quien lo presidirá, y los subdirectores de Normativa, de Fiscalización y Jurídica. Ellos estarán encargados de evaluar si el SII inicia un proceso de investigación por norma antielusión.
El procedimiento de fiscalización será dirigido por el Departamento de Normas Generales Antielusión, en coordinación con la Dirección Regional o Dirección de Grandes Contribuyentes, según corresponda.
4) Denunciante anónimo
El otro tema relevante que se acordó y modificó fue el denunciante anónimo.
En el texto ingresado se menciona que ‘perderá la calidad de denunciante anónimo aquel que, habiéndose otorgado la resolución señalada en el inciso segundo, renuncie al anonimato o haga publicidad de la denuncia’. Asimismo, se establece que ‘para la procedencia de la retribución establecida en el presente artículo el impuesto defraudado deberá ser superior a 100 UTA’, unos $80 millones.
También se detalla que ‘no tendrán derecho a la retribución establecida en el presente artículo aquellos denunciantes que hubieran renunciado al anonimato o que hubieran efectuado publicidad de la denuncia regulada en el artículo anterior’.
5) Uso del efectivo
Fue un tema que no estuvo en el proyecto original y que solo apareció hacia el final de la discusión en la Comisión de Hacienda. Se trata de limitar el pago en efectivo desde cierto tipo de montos. La primera indicación del Ejecutivo planteaba que las operaciones de compra y venta que superen las 50 UF (casi $1,9 millones) o su equivalente en moneda extranjera deberán efectuarse siempre a través de medios de pagos electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Luego la modificó a que ‘las operaciones de compra y venta que superen las 50 UF ($1.889.848) y hasta las 135 UF ($5.102.590) o sus equivalentes en moneda extranjera, podrán efectuarse con cualquier medio de pago legalmente aceptable, en la medida que se encuentren respaldadas en cualquier documento que registre la identidad del pagador, según determine el director del Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución, o en una factura afecta o exenta.
Cuando el pago se hubiese realizado en efectivo, dicha circunstancia deberá constar en la respectiva factura o documento. Todo esto previo informe favorable del Banco Central.
Pero se incluyó un artículo transitorio que señala que ‘durante los años 2025 y 2026, el umbral establecido en esa norma será de 135 UF o su equivalente en moneda extranjera. En los años siguientes, se mantendrá este monto mientras no se dicte una resolución de conformidad al procedimiento establecido en su inciso segundo’.
6) Créditos a empresas
También fue una indicación que ingresó el gobierno en la última parte de la discusión en el Senado. La idea apuntaba a restringir el crédito a empresas con deudas tributarias. La propuesta original señalaba que ‘cuando el solicitante fuera una persona jurídica u otro tipo de entidad, el banco deberá exigir el inicio de actividades de la respectiva persona jurídica o entidad, así como comprobar que tenga su situación tributaria al día’.
Eso cambió luego a: ‘Respecto de las operaciones señaladas en el inciso anterior que se lleven a cabo con bancos comerciales, y en que el solicitante sea una persona jurídica u otro tipo de entidad empresarial, el banco deberá exigir el inicio de actividades de la respectiva persona jurídica o entidad empresarial’.
Proyectos habitacionales se facilitarán con nueva ley despachada desde el Congreso
Hasta ahora, diversos trámites y excesivos plazos prolongan, dificultan y encarecen la constitución de proyectos habitacionales. Sin embargo, haciendo frente al problema, una propuesta despachada por la Cámara al Ejecutivo permitirá modificar esta realidad y dar un giro al tema.
La Sala respaldó las enmiendas planteadas por el Senado, con lo cual la iniciativa quedó en posibilidad de pasar a fase de promulgación como ley.
Entre los variados cambios, se abordan aspectos como las reclamaciones ante los Serviu; responsabilidades para los arquitectos y profesionales que realicen los estudios de cálculo estructural y de mecánica de suelo; requerimientos ante las Direcciones de Obras Municipales; exigencias y plazos para la aprobación de permisos de construcción; facultades y responsabilidades de los revisores independientes; medidas de transparencia; y recepción de las obras.
Para sus fines, la propuesta modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), simplificando y agilizando los procedimientos administrativos. Considera el proceso, desde la etapa de anteproyecto, hasta la respectiva inscripción de las unidades a nombre de sus propietarios.
Esta ley amplía las facultades de las secretarías regionales ministeriales de Vivienda. Así, cuando falte el director de Obras, podrán otorgar, no sólo los permisos regulados en la LGUC, sino también todas las autorizaciones y certificados, incluidas las solicitudes para acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria.
Por otra parte, el texto responsabiliza a las Direcciones de Obra Municipal (DOM), a los Servicios de Vivienda y Urbanización, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Transporte y Telecomunicaciones y al Conservador de Bienes Raíces por las demoras injustificadas en el despacho de los instrumentos esenciales para el desarrollo de un proyecto inmobiliario.
Crecimiento, inversión y certezas regulatorias
Pareciera haberse instalado por fin en Chile un consenso transversal en torno a la urgencia de retomar las cifras de crecimiento que el país mantuvo durante los años anteriores a este último decenio.
Son muchos los economistas, centros de estudios e instituciones y expertos de distintas áreas que advierten de la profunda desaceleración que la economía chilena viene sufriendo desde hace ya más de diez años.
Al revisar la evolución del crecimiento del PIB durante este siglo, Chile presenta un promedio anual del 3,44%, que se divide en dos períodos muy diferenciados:
Entre el 2000 y el 2013 el crecimiento promedio fue de un 4,58% anual, mientras que entre el 2014 y el 2024 (*) el promedio fue de apenas 1,98%.
La Cámara Oficial Española de Comercio de Chile lo ha venido manifestando este último tiempo, apuntando a cuatro factores que, en nuestra opinión, repercuten en este magro desempeño de la economía chilena: las incertidumbres políticas, jurídicas y regulatorias; el fenómeno conocido como la permisología; el deterioro de la seguridad, y un sistema tributario poco competitivo.
En el crecimiento económico de un país la inversión juega un rol primordial.
La inversión extranjera, cuando es de largo plazo, como lo es la española en cualquiera de los sectores en los que está presente, requiere de confianzas, y la confianza no es fruto del azar, sino el resultado de una sólida relación fundada en el conocimiento recíproco y en la certidumbre política, jurídica y regulatoria, y que no pueden tomarse por descontadas: construir y fortalecer la confianza requiere una vocación, un foco y trabajo permanentes, ya que sus frutos son de largo plazo y trascienden a los gobiernos, por lo que deben considerarse ‘política de Estado’.
Modificar la regulación o legislación en la que se basaron empresas y bancos internacionales, para ejecutar o financiar un proyecto de inversión durante la vida de este, puede suponer el inicio de un proceso de destrucción de confianzas. Y, como se sabe, la confianza es algo que puede tomar décadas construirse y apenas unos minutos para destruirse.
Así, para implementar cualquier modificación, actualización, modernización de legislaciones o regulaciones, se debe evitar en lo posible la retroactividad, de manera de no afectar a inversiones realizadas con anterioridad, buscando así la confianza en el país.
Las consecuencias de lo contrario pueden ser muy negativas, graves y de largo plazo.