El movimiento de Patio Comercial con el que busca reducir su deuda financiera

La firma vendió doce terrenos a una sociedad ligada a los accionistas de Patio (Patio Comercial, las hermanas Luksic y Eduardo Elberg), en la que se hizo un aumento de capital de 146.000 UF.
Días agitados ha tenido Grupo Patio. El holding inmobiliario fundado por la familia Jalaff ha sido mencionado en las investigaciones del caso Hermosilla debido a que Álvaro Jalaff —quien estaría en la mira del Ministerio Público— era su gerente general durante el periodo investigado por la fiscalía. Dejó el cargo en septiembre de 2023 y, junto a su hermano Antonio, vendieron la propiedad que tenían en el conglomerado en abril de 2024.
En Patio buscan marginarse del conflicto enfatizando que las maniobras con facturas falsas corresponderían a los Jalaff y no a la firma. De hecho, pronto se materializaría la salida de Cristián Menichetti (actual gerente de operaciones de Patio) y Christian Cahe (gerente de finanzas de Patio), quienes eran cercanos a Jalaff.
Pero ahora se conoció otro tipo de movimiento en Patio, el cual se relaciona con los negocios inmobiliarios del holding, en cuya propiedad se encuentran las hermanas Paola y Gabriela Luksic, Eduardo Elberg y Guillermo Harding. Este domingo por la noche, Patio Comercial —la parte del conglomerado dedicado a centros comerciales— anunció la venta de doce activos inmobiliarios a un precio de 431.550 UF, es decir, unos $16.300 millones.
Pero esos activos no fueron muy lejos: se vendieron a Landbank SpA, firma que a su vez es propiedad de los accionistas de Patio. Landbank es en 40% propiedad de Patio Comercial, y el resto de la participación accionaria corresponde a Inversiones Inmobiliaria Algeciras Limitada, con un 29,74% (de Eduardo Elberg), Inversiones SMLP Chile Limitada (de Paola Luksic) y Petra SpA, con un 14,64% (Gabriela Luksic). Es decir, los actuales accionistas de Patio.
Según la información comunicada por Patio Comercial, “la operación antes descrita generó una disminución en las propiedades de inversión de Patio Comercial de aproximadamente 389.000 UF, considerando las valorizaciones de los inmuebles determinadas al 31 de marzo de 2024”. Y también implicaría una reducción “de aproximadamente 262.000 UF en las deudas financieras”, generando también “un aumento en las inversiones contabilizadas usando el método de la participación en 146.000 UF y un resultado de 42.000 UF [unos $1.586 millones más en los balances de la firma]”.
Este aumento del valor de las inversiones de Patio Comercial se debe a un aumento de capital de 146.000 UF, hecho en Landbank, el cual fue suscrito proporcionalmente por los accionistas.
Según pudo conocer El Mercurio Inversiones, estos activos son terrenos sin desarrollo inmobiliario. Y fuentes cercanas al holding explicaron a este medio que esta operación “se trata de una estructura que replica un fondo de tierras, que son activos que no generan flujos”, y que el objetivo de la operación “es desconsolidar deuda y fortalecer el balance de Patio Comercial reduciendo la deuda financiera en aproximadamente 262.000 UF”.
En otras palabras, Patio Comercial está vendiendo doce terrenos que no generaban ingresos a la compañía, pero que sí abultaban sus cifras de deuda financiera. A su vez, esta venta transfiere los terrenos a una sociedad de propiedad de los accionistas de Patio, los cuales en la misma operación celebraron un aumento de capital de 146.000 UF. De esta forma, en el balance de Patio Comercial se verán más activos por 146.000 UF, además de una reducción de su deuda financiera por aproximadamente 262.000 UF.
Según la última memoria anual de Patio Comercial, la sociedad contaba con un “banco de terrenos” de 16 tierras desde la Región de Antofagasta hasta Los Lagos, con cuatro de ellos en la Región Metropolitana.
En la operación, Patio Comercial suscribió otros acuerdos con Landbank, entre los cuales se encuentran: “(i) un pacto de accionistas, en el cual regularon ciertas materias relativas a la administración de Landbank; (…) (ii) un contrato de derecho de compra de acciones, en virtud del cual los nuevos accionistas concedieron a Patio Comercial la opción de comprar la totalidad de sus acciones en Landbank, sujeto a los términos y condiciones señalados en el referido instrumento, y (iii) un contrato de derecho de compra de los inmuebles propiedad de Landbank (actualmente 22 inmuebles), en virtud del cual Landbank otorgó a Patio Comercial la posibilidad de comprar los inmuebles sujeto a los términos y condiciones señalados en el referido instrumento”.

El plan maestro para no seguir construyendo en la falla de San Ramón

Iniciativa del Ministerio de Vivienda busca mejorar la definición de áreas de riesgo a través de una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, para evitar que se construya en zonas bajo amenazas naturales.
Se estima que tiene una extensión de 50 km; se ubica entre los ríos Mapocho y Maipo, y cruza las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto. Incluso, nuevas estimaciones afirman que se prolonga hasta Lo Barnechea y Pirque.

La falla San Ramón, una falla geológica, inversa y activa, está situada en la sierra de Ramón, 10-12 kilómetros bajo la superficie terrestre. Hasta hace algunas décadas se estimaba que no representaba peligro, pero hoy no solo se sabe que está activa, sino que se estima que más de tres millones de personas serían afectadas en un eventual evento telúrico.

Los géologos estiman que la comuna más afectada sería Puente Alto. El 61,8% de su población vive en ella o cerca de ella. Le siguen Las Condes con 55,4% de la población cerca de la falla, Peñalolén (39,6%) y La Florida (34,6%).

Esta falla geológica es apenas una de las decenas amenazas naturales que hay en torno a las principales ciudades y desarrollos urbanos en el país.

Por ello, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), presentó una propuesta que mejora la definición de áreas de riesgo en los planes reguladores.

A través de la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), el organismo precisó de mejor forma los tipos de amenazas y los niveles de riesgo que ahora deben contemplarse en los Instrumentos de Planificación Territorial, entre los que están los planos reguladores regionales y comunales.

Los riesgos incorporados en la modificiación incluyen los gravitacionales, inundaciones, sísmicas (como la Falla San Ramón), volcánicas, incendio forestal y suelos con potencial presencia de contaminantes.

Además, se establecieron seis niveles de riesgo: Extremo, Muy Alto, Alto, Moderado, Bajo y Poco Significativo.

‘En el contexto de la emergencia climática, el principal foco de esta propuesta del Minvu está puesto en la seguridad de las personas, de manera que se sepa con precisión y anticipación cuáles son los terrenos amenazados por una catástrofe. Queremos evitar exponer a la población a las negativas consecuencias de las catástrofes’, señala el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

‘Queremos que los planes reguladores digan con precisión dónde no se debiera construir, dónde están las zonas seguras, por qué vías se puede evacuar a la población y qué medidas de mitigación se deben adoptar donde hay un riesgo menor’, añade.

‘Modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en materia de áreas de riesgo de los Instrumentos de Planificación Territorial’, es el nombre exacto de la propuesta, la que inició su período de consulta el 9 de agosto y terminó el 30 de agosto. La publicación de los resultados será el 30 de octubre de este año.

La iniciativa debe ser aprobada por el Minvu, luego por la Segpres, dado que es un Decreto Supremo, que debe firmar el presidente de la República. Luego la Contraloría General de la República efectúa un control de legalidad. Finalmente se publica en el Diario Oficial. Este decreto propone que sus normas entren en vigencia seis meses después de publicado en este último.

Según explican desde Minvu, las áreas de riesgo se definirán sobre la base de un Estudio de Riesgo, el cual considera la situación existente y la proyectada por el plan, tomando en cuenta las alternativas de estructuración del territorio, y que estará conformado por una memoria y una representación cartográfica del riesgo.

Por áreas de riesgo se entienden aquellos territorios con algún nivel de riesgo, en los cuales, por razones de seguridad, se prohíben las urbanizaciones, edificaciones o la división del suelo, o se establece algún grado de limitación a las mismas para su emplazamiento en dichas áreas, en concordancia con dicho nivel de riesgo. Estas zonas se definirán en los planes reguladores, sean de nivel comunal, intercomunal o metropolitano, y en los planes seccionales.

De acuerdo al Minvu, hoy existe una caracterización inadecuada de las áreas de riesgo en este tipo de instrumentos, las que además no incorporan las experiencias recogidas en diversas catástrofes, en especial las derivadas del terremoto y maremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010, así como en diversos fenómenos aluvionales, incendios forestales, inundaciones y de remoción en masa que han afectado al país, con posterioridad a esa fecha.

Si bien el riesgo ha estado presente desde las primeras normativas de urbanismo y construcciones bajo denominaciones muy específicas, dichas normas estaban orientadas básicamente desde cómo las edificaciones debían abordarlo, no obstante, solo en posteriores adecuaciones, tales normas las fueron incluyendo como parte de los estudios que debían considerar los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT).

La propuesta intentará corregir los principales problemas que se presentan en la actual normativa, entre los que están:

– En general, las ‘zonas no edificables’ no son, en estricto rigor ‘no edificables’, ya que muchas de ellas solo representan una restricción, como por ejemplo los conos de aproximación de los aeropuertos.

– Las Áreas de Riesgo que se definen en los IPT, en general, surgen solo del análisis de las amenazas.

– En muchos casos, no se incluyen ciertas amenazas presentes en el territorio, sea por falta de información o por falta de una metodología adecuada.

– Los tipos de amenazas contemplados en la OGUC no dan cuenta de las tipologías de amenazas presentes en el territorio nacional.

– Los estudios de riesgo, en general, no consideran el análisis prospectivo del riesgo en base a la secuencia: amenaza * vulnerabilidad = riesgo.

– En muchos casos, las áreas de riesgo no son consistentes con los estudios de riesgo sobre los cuales se fundan.

– Hay consenso que ciertas actividades (edificaciones o instalaciones estratégicas) no debieran localizarse en áreas de riesgo, y esto requiere contar con una norma de rango nacional.

– La normativa actual no permite establecer niveles de riesgo, con lo cual se dificulta establecer gradientes, que permitan graduar las normas aplicables a los proyectos.

LA TRAMPA DE LOS PERMISOS

Un fast track para liberar de los nudos burocráticos a proyectos de inversión relevantes daría impulso al crecimiento y al empleo.
Chile acumula una década de estancamiento económico y las perspectivas, hasta ahora, no son particularmente auspiciosas. El comité de expertos convocados por el Ministerio de Hacienda para calcular el PIB de tendencia, con el que se elaborará el Presupuesto 2025, cifró la tasa de crecimiento en 2,2% para el próximo año, por debajo del 2,3% de este y estimó que la expansión promedio del período 2025-2029 se ubicará en solo 2,1%. Más allá de las declaraciones voluntaristas, de diversas autoridades que celebran que ‘habrá crecimiento’, no se puede desconocer que hay trabas estructurales que impiden el despegue económico, pese a las condiciones privilegiadas del país para la explotación de recursos naturales como la minería del cobre, tierras raras, litio o nuevos energéticos, como el hidrógeno verde.

Una de las grandes piedras de tope es la burocracia estatal, que detrás de una concepción añeja concibe a las empresas como depredadoras per se, a las que se exige un sinnúmero de permisos, que terminan redundando en una tramitología excesiva que desincentiva el desarrollo de grandes inversiones, el crecimiento y el empleo. La solución no tiene que ver con menos exigencias medioambientales, sino con que éstas sean razonables.

El propio gabinete procrecimiento del Gobierno identificó a fines de la semana pasada una cartera de 181 proyectos relevantes afectados por la permisología sectorial, que deben acometer en conjunto 414 gestiones ante 25 servicios públicos. Su destrabe significaría concretar inversiones por más de US$ 67 mil millones. Este levantamiento puede ser un buen primer paso para comenzar a resolver los nudos, pero se puede hacer más.

En esa línea, es atendible el llamado de Sonami a establecer un fast track para 36 proyectos mineros que, de materializarse, permitirían concretar inversiones superiores a los US$ 10.400 millones, aumentar en 20% la producción de cobre, y sumar US$ 1.200 millones en ingresos fiscales adicionales. Si se mantiene un precio del cobre levemente superior a los US$ 4 la libra, ‘liberar’ esta mayor producción de la trampa de los permisos generaría, además, un incremento cercano al 0,9% del PIB nacional.

Soluciones en esta línea inyectarían recursos a la estrechez en las cuentas fiscales que enfrenta el Ejecutivo, y sentarían condiciones para impulsar las inversiones, el crecimiento y la generación de empleos. El mismo catastro del gabinete procrecimiento muestra en qué áreas podrían enfocarse los esfuerzos para un fast track de grandes proyectos, pues evidencia que por áreas geográficas es Antofagasta, zona minera, la que enfrenta más trabas en permisología; por sectores económicos lo son energía y minería; y por montos, los proyectos de hidrógeno verde, en Magallanes.

La economía chilena recuperó el aire durante julio

Las proyecciones para el Imacec que se conocerá el lunes parten cerca del 2%.
Un día hábil adicional y las vacaciones de invierno se convirtieron en una óptima combinación para darle una mano a la actividad productiva en julio. Esta mezcla, según opinó la mayoría de analistas este viernes, se habría traducido en una expansión del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) en dicho periodo en torno a 2,5% respecto al mismo mes de 2023. O sea, atrás quedarían los débiles registros de mayo y junio, de 1% y 0,2%, respectivamente.

La minoría ve una opción que el crecimiento sea inferior a 2% y, en el otro extremo -lo más optimistas-, también aparece la opción de que supere el 3%. (ver tabla)

¿Qué explican las diferencias?

La lectura más o menos positiva de lo que fueron los resultados del sector comercio y de la industria en julio, que informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y que es la antesala del resultado del Imacec que informará el Banco Central el próximo lunes.

‘Los datos muestran una recuperación durante julio que fue bastante generalizada entre sectores económicos. Las cifras se ubicaron por sobre las expectativas de mercado, en particular en manufactura’, opinó el economista jefe para Chile de Credicorp Capital, Samuel Carrasco.

El economista jefe de BICE Inversiones, Marco Correa, afirmó que el sector de comercio estuvo levemente sobre lo esperado, pero que la principal ‘sorpresa’ fue del rubro industrial. ‘La producción de alimentos sorprendió, y además la minería, fue impulsada por una mejor ley mineral del cobre’.

A lo anterior, destacó OCEC UDP, se anticipa un impulso transitorio positivo en el componente servicios derivado de una semana adicional de clases que tuvo julio en comparación al mismo mes del año anterior, producto de la anticipación de vacaciones de invierno en junio.

Un mejor tercer trimestre

La proyección de Imacec de los agentes también para julio también dio luces sobre lo que podría pasar con el tercer trimestre en su conjunto.

Así, en función de si sus pronósticos se acercaron más a una expansión de 2% de 2,5%, el resultado podría ser mejor mucho mejor que el débil 1,6% de crecimiento observado en abril-junio. ‘Esperamos que el tercer trimestre sea mejor que el trimestre previo y, en general, durante la segunda mitad del año deberíamos ver una aceleración en el componente no minero’, dijo Carrasco.