Mes: julio 2024

El respiro que le dio el cobre al tipo de cambio parece haberse disipado en las últimas semanas, con un valor de la divisa que, incluso, cerró sobre $ 950 la semana pasada, aunque este jueves terminó la sesión en $ 935,6.

En mayo, el dólar se mantuvo por más de siete jornadas consecutivas por debajo de los $ 890.

El consejero del Banco Central, Claudio Soto, planteó hace unos días que el hecho de que el dólar esté en torno a $ 940 se debía al cambio de las perspectivas para la política monetaria en Estados Unidos, y que también afectaba el precio del cobre, donde los elementos transitorios que había en el valor del metal rojo se han tendido a deshacer.

Pero, ¿qué está viendo el mercado detrás de este tipo de cambio reacio a bajar?

La economista de Econsult, Francisca Kegevic, afirmó que el factor más importante detrás de esta coyuntura es el diferencial de tasas, donde un mensaje más conservador por parte del instituto emisor no ayudó a mover la aguja.

‘Actualmente, tenemos un diferencial de 25 puntos base (pb), cuando, en promedio, es de aproximadamente 210 pb, por lo que el peso está muy presionado por las altas tasas que mantiene la Fed que aumentan la demanda por dólares’, explicó Kegevic y sumó que, en momentos en que las expectativas del diferencial estuvieron en el promedio histórico, el tipo de cambio se encontraba entre $ 870 y $ 900.

El peso del cobre

Otro factor es el cobre. Desde mediados de junio hasta el final de dicho mes, el precio del metal bajó 2% -y el dólar se fortaleció 1%- ambos impactando negativamente a la moneda chilena, apuntó la gerente de economía y mercado de Banchile Inversiones, Florencia Ricci.

En tanto, Kegevic complementó que el valor del metal rojo se ha devuelto casi un 10% desde el máximo que alcanzó en mayo.

La economista de Econsult también está de acuerdo con el rol que juega la divisa norteamericana, y afirmó que el dólar se ha fortalecido más de 3% en el año y eso ‘afecta a nuestro tipo de cambio directamente dado que es un precio relativo’.

El analista senior de estudios de Aurea Group, Ignacio Dabed, mencionó paralelamente como variables que impactan, tanto el ascenso de Donald Trump en las encuestas en EEUU y el cambio de fondos de pensiones desde D y E (más conservador) hacia A y B (más riesgo) debido a un mayor apetito por la renta variable internacional, lo que genera compra de dólares.

Baja la volatilidad

Para la segunda mitad de 2024, analistas anticipan que la volatilidad del dólar persistirá pero con menor intensidad. Este comportamiento estará influenciado principalmente por la evolución del precio del cobre, así como por las decisiones de la Reserva Federal y el Banco Central.

En cuanto a una posible disminución del valor de la divisa, Kegevic estimó que ‘se daría una baja en el precio del dólar, si el diferencial de tasas esperado sorprende al alza, es decir, si los datos económicos hacen que la Reserva Federal pueda empezar a recortar tasas antes de lo esperado y/o que el Banco Central reduzca más el ritmo de sus recortes’.

La apuesta de Banchile Inversiones es que el tipo de cambio se ubicará en $ 935 a finales de julio, y $ 930 a término de agosto.

‘El principal riesgo para nuestra recomendación es que se mantenga la fortaleza del dólar, en cuyo caso, el tipo de cambio encontraría su techo en $ 940 para los próximos meses’, dijo Ricci.

Dabed, a su vez, sostuvo que el rango en el que se movería el tipo de cambio en el corto y mediano plazo es de $ 930 a $ 960.

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle afirmó que el 75% del PIB de Chile proviene de negocios con el extranjero, pero plantea que para afianzar esta actividad se debe tener más apertura comercial y avanzar en infraestructura logística.
“Tenemos miles de oportunidades, pero no las aprovechamos”, dijo el exmandatario, quien expuso ayer sobre el estado actual del comercio exterior en un seminario de la Universidad del Desarrollo. Eduardo Frei sostuvo que “para afianzar esa actividad importadora y exportadora hay que exportar más, para eso tenemos que tener más apertura comercial, tener más tratados y renovar los que tenemos”. Señaló que el 75% del PIB viene del comercio exterior, y dos tercios provienen de negocios con países de Asia Pacífico.
Agregó que para pensar en “ser un país desarrollado, alcanzar los niveles que merecemos después del esfuerzo de estos años, una de las condiciones fundamentales es aumentar las exportaciones”. En este sentido, Frei manifestó que las tasas actuales de expansión económica no son suficientes para alcanzar el desarrollo. “Creciendo a tasas del 1 al 2%, ¿cuánto nos vamos a demorar? No hay atajo. No hay otra manera de hacerlo”, aseveró.
Infraestructura
Un desafío clave que observa Frei para aumentar las exportaciones es el estado de la infraestructura logística, especialmente en puertos y ferrocarriles. “Nuestra infraestructura logística no da para mantener este 75% (del PIB que viene del comercio exterior)”, afirmó. Por ejemplo, consignó que, con los conflictos bélicos a nivel mundial y los problemas de sequía en el Canal de Panamá, ha aumentado el paso de barcos con carga por el Estrecho de Magallanes. Este año, dijo Frei, se estima que va a aumentar en 80% el paso de embarcaciones.
Esa es una oportunidad que Chile podría aprovechar; sin embargo, no hay un puerto en Magallanes del tamaño que se necesita para estos barcos, agregó. Es más, el exmandatario comentó que las embarcaciones que están navegando por ese paso pueden llegar a cargar 24.000 containers. En contraste, el país tiene puertos para barcos que cargan hasta 15.000 containers como máximo.
“Permisología” y seguridad
Dos aspectos que también afectan las inversiones en Chile, de acuerdo con el expresidente, son la “permisología” y la inseguridad. “Aquí la ‘permisología’ nos mata”, dijo. Agregó que “el otro día un gran empresario fue castigado porque dijo que no podían invertir en Chile. Porque cuando el proyecto se demoraba 14 años en ejecutarse, los costos financieros de eso no daban. No había posibilidad. Y hoy día grandes empresas chilenas, muchas, están invirtiendo en el extranjero”.
Por otro lado, relató que en sus viajes en el extranjero, a países como Indonesia, China y Japón, la pregunta que le hacen es “¿qué pasa en Chile? Íbamos a Chile, no teníamos problemas y ahora la inseguridad es terrible”. La conclusión de Frei es que el alza en los delitos “ya está afectando las inversiones”.
Para el exmandatario la solución está en la cooperación entre el sector público y el privado. “Para las grandes obras de inversión que Chile necesita no tenemos los recursos”, afirmó.
“Nadie dice que esto es fácil. No hay atajo. Aquí la pega hay que hacerla y es dura”, concluyó.

Un balance positivo al cierre del primer semestre, aunque con matices, dejó la revisión de la plataforma que administra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), órgano técnico creado en 2010 para coordinar la tramitación de proyectos de inversión por parte de los organismos del Estado.

Durante los primeros seis meses del año, 135 proyectos recibieron luz verde en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), con un monto total de inversión de US$7.313 millones, lo que representa un aumento del 61% en comparación con el mismo período de 2023, cuando se aprobaron 116 iniciativas por US$4.541 millones.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, ese monto total de inversión aprobada y el número de iniciativas todavía no alcanzan el promedio anotado en los últimos seis años (2018-2023), que asciende a 203 proyectos, y suman US$8.682 millones.

A su vez, en enero-junio ingresaron a evaluación ambiental 283 proyectos con una inversión de US$23.481 millones, mientras que en igual lapso del año pasado se presentaron 288 iniciativas, por un total de US$16.844 millones. Es decir, durante la primera mitad del presente año hubo un incremento de 39% en cuanto al monto ingresado, pero un leve descenso de 1,7% en el número de proyectos.

De todos modos, a diferencia de la inversión aprobada, el monto y el número de proyectos ingresados al SEIA durante el primer semestre se encuentran por encima del promedio de los últimos seis años. Este es de 412 iniciativas, que alcanzan a US$23.163 millones.

Los cinco mayores proyectos de inversión aprobados durante la primera mitad del año corresponden al sector de energía, en particular al de Energía Renovable No Convencional (ERNC), solar y eólica: Parque Fotovoltaico Cristales de Cristales SpA (US$710 millones), Celda Solar de Colbún (US$450 millones), Parque Eólico El Guanaco de Atlas Energía (US$348 millones), Parque Solar Cordillera de Eco Santiago (US$315 millones) y Parque Eólico Los Lagos del Sur de Eólica Los Lagos SpA (US$312 millones).

En el análisis por trimestre, se observa que entre abril y junio 71 proyectos obtuvieron una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, es decir fueron aprobados, lo que implica un aumento de 11% respecto a igual trimestre anterior, cuando se emitieron 64 permisos ambientales. A su vez, el monto aprobado fue de US$3.714 millones, versus US$2.437 millones de abril-junio de 2023, con un alza de 52%. No obstante, aún sigue estando muy lejos del peak trimestral de los últimos años, que fue de US$8.402 millones del cuarto trimestre de 2021, cuando se aprobaron 163 iniciativas.

En cuanto a los proyectos presentados, en el segundo cuarto del año también hubo un repunte significativo. Así, entre abril y junio pasados ingresaron a tramitación 159 proyectos, los que representas un ascenso del 13% respecto al mismo período del año anterior.

Sin embargo, el repunte mayor se observó en el monto total de las iniciativas presentadas a evaluación ambiental que fue de US$11.157 millones, marcando un alza del 83% en comparación con el mismo período de 2023, cuando llegó a US$5.925 millones. Con todo, este monto total de inversión registrado en el segundo trimestre de 2024 refleja una nueva caída en relación al trimestre inmediatamente previo (US$12.324 millones), siguiendo la tendencia que a su vez ese había mostrado respecto del cuarto trimestre de 2023 (US$15.905 millones).

De igual forma, esa cifra también sigue estando lejos de los US$21.546 millones de inversión total presentada en 171 proyectos el primer trimestre de 2022, que abarca el fin del segundo gobierno de Sebastián Piñera y los primeros días de la actual administración de Gabriel Boric.

En su presentación del Momento Económico en el Centro de Estudios Públicos (CEP), el expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara destacó que el proyecto sobre cumplimiento tributario incluye dos cosas: “Uno es la evasión y elusión y otro los aumentos de impuestos que todavía no sabemos y la verdad es que no hay espacio para eso”, sentenció el economista, quien formó parte de la Comisión Marfán que concluyó que el margen fiscal hacia mediano plazo está quedando muy bajo.
Durante su participación en el foro, el investigador del CEP llamó la atención sobre el deterioro de la situación fiscal con una caída en los ingresos fiscales más allá de las rentas del litio y con los gastos creciendo. En 2023, el déficit fiscal alcanzó a un 2,4% del PIB y en los últimos doce meses —incluidos 7 meses del año anterior y 5 del año en curso—, el déficit está en 3,8%. Las cifras de mayo indican que hay que hacer un “apretón fiscal” bastante fuerte si es que no está dando con los ingresos tributarios, aunque en algo van a ayudar los ingresos en el precio del cobre, acotó.
En su opinión, la llegada de Javier Etcheberry al Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene que ver con tratar de destrabar todo esto, luego que la administración anterior “no estaba dando el ancho”. Además de los permisos para el desarrollo de inversiones, el pacto fiscal y de cumplimiento tributario contempla generar la norma antielusión. Vergara piensa que se puede avanzar mirando las mejores prácticas en varios países. En este tema, la gran preocupación es la discrecionalidad del SII, explicó Vergara, pero dijo que en la experiencia comparada hay muchos países que tienen una comisión —que incluso puede ser externa al servicio—, que califica lo que es o no elusión, de manera de dar más garantía a los contribuyentes.
Seguidamente aludió a la necesidad de avanzar en materia de reducir el secreto bancario para depósitos y captaciones. Chile es uno de los pocos países, sino el único, en que si el SII u otras instituciones quieren acceder a las cuentas bancarias porque estiman algo sospechoso, tienen que consultar al banco y este a su cliente el cual puede rechazar el acceso y luego puede venir un proceso judicial muy largo.
Agregó que hay muchos países que tienen una gobernanza colegiada que permite reducir la discrecionalidad. “En esto estamos atrasados y debiéramos avanzar en facilitar el acceso a las cuentas bancarias (del servicio), con todas las previsiones para mantener la privacidad de las personas y empresas y por otro lado evitar cualquier tipo de discrecionalidad”, enfatizó. Si bien no está originalmente en el proyecto, mencionó el tema del denunciante anónimo que si existiera, debería ser con un castigo a denuncias falsas.
Tras conocerse el crecimiento de solo 1,1% interanual en mayo, Vergara expresó especial preocupación por la desaceleración que registra en los últimos meses la economía, lo que debería llevar a una revisión de las proyecciones cuyo techo para este año el BC sitúa en un 3%. Para acercarse a esa cifra se requeriría un fuerte repunte en el segundo semestre, que por ahora no se da, comentó.
El problema está en que debido al decreto de descongelamiento de las tarifas eléctricas, la inflación no va a seguir bajando como se esperaba y recién en 2026 llegaría a la meta de 3%. Si bien el aumento tarifario es un shock de oferta, eso no significa que no debiera combatirse con política monetaria restrictiva o que deba ignorarse. “La buena noticia es que es un shock transitorio, como ha dicho la presidenta del Banco Central, pero ojo, es muy fuerte y muy significativo, tiene efectos importantes en la inflación, y puede afectar también las expectativas, así que yo no lo minimizaría”, puntualizó.
En su opinión, el error en todo esto es que no se comunicó antes con mucha fuerza y la magnitud fue una sorpresa. Cree que el Ministerio de Energía y probablemente también el Ministerio de Hacienda tuvieron un error de comunicación y también el Banco Central podría haber dicho algo antes: “El Banco Central se defiende hoy día y tiene toda la razón, dice que no sabía exactamente cuánto era esto, pero podría haber hecho alguna advertencia, que había una contingencia en materia de tarifas eléctricas, porque el efecto es muy significativo”.

El Banco Central entregó a mediados de junio un mensaje más moderado en relación a su manejo de la tasa de interés de política monetaria, algo que tuvo un efecto en el mercado financiero.

Al finalizar su reunión del 18 de ese mes, la entidad señaló que ‘de concretarse los supuestos del escenario central, la Tasa de Política Monetaria (TPM) habría acumulado durante el primer semestre el grueso de los recortes previstos para este año’, y que la tasa clave seguiría reduciéndose ‘a un ritmo que tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación’.

En esa ocasión, el banco acotó a 25 puntos base el recorte de la TPM para llevarla a 5,75% y completar una disminución de 250 puntos base (pb) tan solo este año.

Ante esto, las tasas de los Swaps Promedio Cámara (SPC) en pesos chilenos subieron casi 15 pb en el tramo a seis meses, y en los tramos que van de uno a cinco años lo hicieron alrededor de 20 pb, según datos recopilados por el Central.

El piso de la curva se elevó de 5,16% a 5,37%.

Los SPC marcan posiciones ligadas a la Tasa Interbancaria (TIB), que sigue los pasos del tipo rector. Los valores de la curva indican los promedios de los niveles en que se espera ver la TIB en los respectivos plazos a partir del momento actual.

El director de portfolio solutions en Credicorp Capital, Klaus Kaempfe, explicó que el alza de los SPC se debe principalmente a las expectativas de mayor inflación para los próximos dos años, impulsadas en gran medida por el aumento de las tarifas eléctricas.

Por otro lado, señaló el experto, la curva swap en UF también experimentó un incremento, aunque de manera más moderada que la nominal, reflejando así una mayor inflación implícita a dos años, que pasó del 3% al 3,3% en los días siguientes al informe.

El ente autónomo aumentó desde 3,8% a 4,2% sus expectativas de inflación para este año, y de 3% a 3,6% en 2025. A su vez, aseguró que la meta de 3% se alcanzaría recién en la primera parte de 2026.

El economista jefe de BICE Inversiones, Marco Correa, coincidió con la visión de Kaempfe, y agregó que las tasas ‘en general muestran espacios acotados para recortes, donde este año se implementaría uno y el próximo uno o dos más’.

De cara a la reunión de julio -agendada para los días 30 y 31- Correa consideró posible una pausa en los recortes, pero planteó que luego del dato del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo -que decepcionó con un crecimiento de 1,1% anual- y otras señales, como la caída en las colocaciones, se abre la posibilidad de que las autoridades implementen otra baja de 25 pb. ‘Será importante ver cuál será el registro de inflación de junio para tener una mayor claridad’, complementó el economista jefe de BICE Inversiones.

Presionados hacia arriba por las tasas externas, los SPC no han visto grandes movimientos tras el Imacec.

Kaempfe se la juega por una pausa, y solo ve dos recortes adicionales para el resto del año. ‘Las tasas de mercado están incorporando un escenario de política monetaria más contractiva, pasando desde una TPM esperada a fin de año en torno al 5% a un nivel en torno al 5,25%-5,5%’, menciona.

El economista jefe de EuroAmerica, Felipe Alarcón, expuso que el escenario de tasas swap es más bien consistente hoy con una mantención del tipo rector.

Ya para 2025, las tasas muestran uno o dos recortes más, añadió Correa, mientras que Alarcón divisó que será solamente uno, para finalizar dicho ejercicio en 5%.

Kaempfe señala que la tasa terminal estaría en torno al 5,25% desde el 4,75% previo al Informe de Política Monetaria (IPoM), y ‘muy por encima’ de la estimación del Banco Central para la TPM neutral (4%).

Un nuevo fondo inmobiliario se apresta a entrar en liquidación. Se trata de ‘Banchile Rentas Inmobiliarias’ de la administradora general de fondos (AGF) Banchile Inversiones, que podría cerrar su cortina en diciembre, luego de que no prosperó la idea de extender en tres años la duración del vehículo.

El viernes 28 de junio, la gestora informó al mercado mediante hecho esencial a la CMF que más del 1% de sus cuotas en manos de inversionistas ejercieron el derecho a retiro de su capital, límite que condicionaba la prórroga que fue aprobada en asamblea extraordinaria de aportantes el 29 de mayo.

‘La condición suspensiva a la que se sujetó la referida prórroga no se cumplió, manteniéndose como fecha de vencimiento del fondo el día 22 de diciembre de 2024’, sostuvo la AGF.

En una presentación de fines de mayo, Banchile advirtió que, de entrar en liquidación, ‘la venta de UF 8 millones en activos inmobiliarios resultaría en una afectación significativa al patrimonio del fondo dada la coyuntura actual del mercado inmobiliario’.

Los activos

La cartera de ‘Banchile Rentas Inmobiliarias’ está compuesta por un 42% de inmuebles en el segmento comercial, seguido por oficinas (38%), residencial y estaciones de servicio (7% cada uno), y bodegas (6%), según informó el fondo al cierre de abril.

En el sector de oficinas, destaca el Edificio de la Industria (en la foto), que alberga las dependencias de, entre otros, la Sofofa, y mantiene una vacancia en metros cuadrados de 26,69%, al cierre de abril de 2024, según información del fondo. También posee la torre Mistral, ubicada en el barrio de Nueva Las Condes, con una desocupación de 10,3%.

En el negocio de renta comercial el fondo cuenta con locales, supermercados y el complejo de salas de cine Cinépolis de La Reina, que representa un 11,4% de la cartera directa de inversiones del fondo.

Además, la venta de su cartera también significaría la búsqueda de un nuevo socio para Parque Arauco en Arauco Express, ya que el fondo de Banchile es dueño del 49% de la sociedad, mientras que el 51% restante pertenece a la compañía controlada por la familia Said.

Mediante esta asociación, operan 16 strip centers entre las regiones de Tarapacá y del Biobío (40.702 metros cuadrados arrendables), con activos valorizados en UF 2,12 millones.

Nuevas propuestas

La situación del fondo de Banchile se sumaría al fondo ‘Toesca Renta Inmobiliaria’, cuyos aportantes ya aprobaron el plan de liquidación del vehículo, que incluye a la propia AGF Toesca como el liquidador y un plazo de hasta cinco años.

En su hecho esencial del viernes, Banchile sostuvo que el vencimiento del fondo quedó para fin de año ‘sin perjuicio que una posterior asamblea de aportantes pueda pronunciarse acerca de una eventual prórroga’.

Así, fuentes del mercado apuntaron que Banchile tendría espacio para proponer nuevas extensiones con distintas condiciones a sus aportantes.

De hecho, antes de salir a liquidación, Toesca propuso en tres ocasiones distintas prórrogas para su fondo a sus inversionistas. Las dos primeras -el 5 de diciembre de 2023 y el 18 de enero de 2024, respectivamente-, por una extensión de dos años y una condición suspensiva de que los retiros no superaran el 0,5% de las cuotas, la que no se cumplió.

La última, el 28 de marzo, propuso dos años de prórroga y el límite de 5% a las cuotas que pidan rescate, el cual también fue superado.

Un reciente estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) analizó el Plan Regulador Comunal (PRC) de las 34 comunas que integran el denominado Gran Santiago, revelando que el 82% de ellas mantiene el mencionado instrumento desactualizado.

La medición reveló, junto con ello, que la problemática no sólo se registra en territorio capitalino, pues a nivel nacional -según indicaron desde la CChC- la antigüedad promedio de los planes es de 22 años, a pesar de que la norma dice que éstos deben ajustarse cada 10 años.

Por lo mismo, los profesionales que elaboraron el estudio advirtieron: ‘Pareciera ser que los desafíos no están en la existencia de los planes sino más bien en su antigüedad y el volumen de modificaciones o evaluaciones que deberán desarrollarse en el corto o mediano plazo’.

Y para analizar la magnitud del dilema, sostienen los expertos, es conveniente tener presente que un PRC es un conjunto de reglas y directrices que definen cómo se puede usar y desarrollar el suelo en una comuna, estableciendo dónde se pueden construir casas, oficinas, parques y otros tipos de edificaciones, así como también las normas sobre la altura de los edificios, la densidad poblacional y el uso del suelo.

De ahí, entonces, la necesidad de que éstos se ajusten a la realidad de cada territorio.

El estudio de la Cámara, en primer punto, hace presente que 28 de las 34 comunas del Gran Santiago poseen planes desactualizados por antigüedad, es decir, el 82%. Del total de esas comunas, en todo caso, 56% (19) tienen actualmente un proceso de modificación en curso.

Conforme al detalle, 13 comunas tienen un PRC que data de antes de 2000. Entre ellas: El Bosque, Cerrillos, Santiago, Estación Central, La Pintana, Vitacura, Peñalolén y Pedro Aguirre Cerda.

De todas maneras, dadas las obligaciones que fija la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para abril de 2025 todos los planes reguladores con más de 10 años de antigüedad deberán haber sido sometidos a un proceso de revisión y, si es necesario, iniciado un proceso de modificación. Por lo mismo, desde la CChC subrayaron que son 12 las comunas del Gran Santiago las que están obligadas a comenzar a evaluar la vigencia de sus PRC en el corto plazo.

‘Es avance muy positivo la obligación de que los planes reguladores sean revisados y eventualmente actualizados antes de que cumplan 10 años de antigüedad, pero lo que estamos viendo es un desafío práctico mayor, por lo que creemos necesario evaluar estrategias que permitan hacerle frente en forma efectiva y que se cumpla la ley’, aseguró en ese sentido el gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, Nicolás León.

Lo anterior, además, porque el estudio mostró que más allá de los límites de la Región Metropolitana la situación puede ser peor. Valparaíso, por ejemplo, tiene un PRC que tiene 39 años de antigüedad, el de Viña del Mar tiene 21, y el de Iquique, 42 años. Todas estas comunas, eso sí, están actualmente en un proceso de elaboración para cumplir con la normativa a 2025. Y si bien hay al menos 69 comunas que no tienen un PRC, según afirma el estudio, aquellas ‘que solo cuenten con el Límite Urbano no deberán aplicar un proceso de actualización’.

¿Cuál es el efecto de no contar con planes actualizados? De acuerdo con lo planteado por Nicolás León, ‘la falta de planificación generalmente se traduce en conflictos por el uso del territorio, pérdida de oportunidades (e inversiones), además de una menor capacidad de respuesta a las demandas y necesidades de sus habitantes, tanto actuales como futuros’.

Los efectos de aquello quedan, en parte, graficados en los cuestionamientos que expresó la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (Ind.-FA), quien cuestionó la construcción de viviendas en espacios no aptos. ‘Se cambia el uso de suelo, pero la zona sigue siendo lo que es. El uso de suelo no cambia por escribirlo en el papel’, indicó cuando viviendas en el sector de Lo Cruzat terminaron completamente inundadas ya que ahí, según expresó, hay un humedal urbano.

Sirve de ejemplo, igualmente, la situación que expuso la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), sobre la falta de universidades, centros comerciales u hospitales en esa zona. ‘Lo único que se construye en La Pintana es vivienda social’, decía la edil cuando se rechazó entregar un terreno en comodato para la instalación de una sede del DUOC UC.

Expertos mencionan que una de las principales problemáticas de planes desactualizado es la disminución de parques, espacios recreativos o servicios comunitarios, ya que su instalación no va en sintonía con el crecimiento de la población en el país.