Mes: julio 2024

Economistas ven difícil volver a las tasas previas a la crisis sanitaria y ven lejano el nivel neutral. También, estiman un impacto en la economía y en el refinanciamiento de la deuda
Luego de alcanzar un máximo de 11,25% en octubre de 2022, el Banco Central de Chile comenzó el 28 de julio de 2023 a recortar la Tasa de Política Monetaria (TPM), siendo uno de los primeros institutos emisores en el mundo en hacerlo.

El primer recorte fue de 100 puntos base (pb.) para situarla en 10,25% y, a la fecha, ya suman 550 puntos de baja hasta en 5,75%.

En su última Reunión de Política Monetaria (RPM), el Consejo aseguró que ‘de concretarse los supuestos del escenario central, la TPM habría acumulado durante el primer semestre el grueso de los recortes previstos para este año’.

Y lo dijo un día antes de que en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio el ente autónomo subiera a 4,2% su proyección de inflación para el año y a 3,6% para 2025, mientras que la convergencia a la meta de 3% la postergó para 2026.

En ese mismo reporte, la entidad aseguró que la tasa clave seguiría disminuyendo en los próximos dos años a un ritmo ‘que tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación’.

Luego de estos mensajes, los activos de mercado internalizaron un tipo rector que se mantendría en torno a 5% en 2025.

O sea, el país está frente a un escenario de tasas más altas y que se quedarán ahí por más tiempo.

Esto, considera que el 4% que estableció el Central en diciembre para la tasa neutral, o sea, el nivel que no es ni expansivo ni contractivo para la actividad (permitiendo un crecimiento anual del PIB a su nivel tendencia de 1,9%), todavía está lejos de alcanzarse.

De hecho, el economista senior de LyD, Tomás Flores, recién espera esa cifra para el primer trimestre de 2026, mientras que la investigadora de Clapes UC, Sofía Schuster, la ve ahí hacia fines de 2025 o principios de 2026.

Incluso, el gerente general de Gemines, Tomás Izquierdo, plantea que la tasa neutral será más alta para Chile, entre 4,25% y 4,5%, debido a ‘cambios estructurales’. El más importante, precisa, es el aumento en tasa neutral en Estados Unidos, ‘de la mano del retorno de la amenaza inflacionaria más sostenida en el mediano plazo y un aumento en el nivel de toda la curva de rendimiento por plazos’.

El director ejecutivo de Horizontal, Juan José Obach, prevé que en junio de 2026 ‘deberíamos llegar a un escenario de convergencia’, con una TPM entre 4% y 5%.

‘Hay buenos argumentos para pensar que no tendremos tasas tan bajas por tanto tiempo como antes de la pandemia’, dice el economista jefe de Pacifico Research, Igal Magendzo, pero suma que si la inflación sigue cayendo ‘quizás vaya a ser necesario un periodo de tasas bajas’.

Izquierdo menciona que ‘no volveremos a tasas prepandemia’ ni en lo que respecta a los intereses de corto plazo ni de largo plazo.

En el caso de la segunda, explica que ello es ‘acorde con el nivel más alto afuera, con mayor riesgo país para Chile, con menor profundidad de mercado largo en Chile, con pérdida de ahorro (retiros) y menor flujo de ahorro interno’.

Obach ve ‘difícil’ volver al nivel de tasas prepandemia, ya que los riesgos inflacionarios todavía no se disipan. Incluso, en algún momento de este año hubo la expectativa de que la inflación llegaría a 3%, pero finalmente eso se terminó por postergar dado el alza de las cuentas de la luz.

En el entendido que la TPM marca la pauta para los bancos, Magendzo recuerda que las tasas cortas altas afectan especialmente a quienes necesitan liquidez, como es el caso de las empresas y los hogares que se endeudan, mientras que las de largo plazo impactan en el financiamiento de proyectos, o sea, en la inversión.

Izquierdo señala que en el caso del financiamiento de largo plazo, ‘se hace cada vez menos accesible la vivienda’ y hoy recién la tasa está en 5%, en circunstancias que no era raro ver cifras de 3% en 2019.

También, ante un escenario de mayores tasas, se reduciría el consumo y se ‘ralentizaría’ el crecimiento, suma Schuster.

Refinanciar la deuda

En un contexto de intereses más altos, el costo de la deuda pública se encarece, tanto en emisiones internas como externas, dice Izquierdo.

Obach postula que si bien la deuda soberana chilena es a tasa fija, solo el nuevo financiamiento este 2024 estará en torno a US$ 11 mil millones. Por lo tanto, un aumento de, por ejemplo, 100 pb. en la tasa, implicaría recursos adicionales anuales por US$ 110 millones. ‘Son recursos significativos que, dado el escenario de estrechez fiscal actual, el Estado no cuenta con ellos’, menciona el director ejecutivo de Horizontal.

El economista senior del OCECUDP, Juan Ortiz, afirma que la tasa de interés del mercado secundario para un Bono de Tesorería en Pesos (BTP) a 10 años depende de diversos factores, tales como el crecimiento económico, la cobertura, el riesgo externo e interno y la política monetaria.

‘El alza marginal en el mercado secundario de la tasa de los bonos BTP a 10 años, no depende exclusivamente de la trayectoria de la TPM, donde el impacto fiscal en términos de mayores pagos de intereses, entre el escenario previo del IPoM de junio y la nueva trayectoria, es muy acotado. Por lo tanto, no es un factor sustancial de riesgo fiscal’, opina Ortiz.

Siempre hay algún “trámite”, “documento” o “papelito” que puede retrasarse hasta el infinito. Las respuestas tardan y el “silencio administrativo” se convierte en mutismo. Faltan papeles, no hay personal, está en proceso de firma, no llegó el oficio. Así las cosas, los ciudadanos y los inversionistas pierden la paciencia, el interés o el financiamiento, lo que ocurra primero. Mientras tanto, el objetivo final del proceso duerme en el sueño de los justos (…) Así, los caminos se cortan, se cierran o se interrumpen, los proyectos se estancan, y también lo hace la economía. ¿Cómo se combate este desánimo? Parece bastante obvio: despejando los caminos y pidamos menos papelitos.

La palabra trámite proviene del latín trames que significa camino, porque eso justamente es lo que debería ser un trámite: la vía para avanzar en alguna iniciativa, concretar un proyecto, ejercer un derecho o simplemente para cumplir con las normas que nos habilitan para cohabitar un territorio común.
En Chile estamos enamorados de los tramites. ¿Le ha pasado?
Hay oficinas estatales que piden certificado de nacimiento y además la cédula de identidad, cuando se supone que una persona que porta su cédula tiene registrado su nacimiento; o se pide la licencia secundaria pese a que el solicitante tiene título universitario. Se requiere acreditar la renta y, junto con la declaración de impuesto del SII (donde suponemos está todo), se pide además la liquidación de sueldo.
Por estos días, miles de postulantes se están inscribiendo para las próximas elecciones de concejales, alcaldes y gobernadores. Todos ellos deben declarar intereses ante el Servel y, para acreditar la tenencia de una propiedad, el Servel solicita el rol del Servicio de Impuestos Internos, que tiene todos los datos. Pero, además, para hacerlo fácil, también piden la fecha en que compró, las “fojas de la escritura” y detalle del avalúo de la propiedad. ¿No será mucho?
Así somos. Y así se demora todo innecesariamente.
En el caso de los proyectos inmobiliarios, por ejemplo, las direcciones de obras cuentan con revisores independientes, pero siempre hay un funcionario que revisa los papeles, duplicando el trabajo. Un estudio de este año de la ADI indicó que la demora para obtener un permiso de edificación en la Región Metropolitana pasó de 648 a 815 días en promedio. Y luego nos quejamos del déficit habitacional.
Por estos días, todos escuchamos hablar de la permisología como un exceso de burocracia que retrasa o bloquea inversiones. Tenemos un proyecto de ley sobre permisología en trámite en el Congreso y se dice que haremos esto y aquello por simplificar. Si el Estado tiene la información de los ciudadanos y de las persona jurídicas (empresas), ¿por qué no usar la tecnología para dejar de pedir papeles repetidos? Y así, de paso, cuidamos el medio ambiente imprimiendo menos papeles y apuramos el tranco.
A nivel público, particularmente en el ámbito de los proyectos que requieren de la denominada permisología, los trámites pueden ser utilizados como herramientas para frenar iniciativas que pueden no ser del gusto de una autoridad, aunque se cumplan con todos los requisitos exigidos por ley.
Siempre hay algún “trámite”, “documento” o “papelito” que puede retrasarse hasta el infinito. Culturalmente, además, se acostumbra a pedir los papeles de a poco. Las respuestas tardan y el “silencio administrativo” se convierte en mutismo. Faltan papeles, no hay personal, está en proceso de firma, no llegó el oficio. Así las cosas, los ciudadanos y los inversionistas pierden la paciencia, el interés o el financiamiento, lo que ocurra primero. Mientras tanto, el objetivo final del proceso duerme en el sueño de los justos.
Un estudio de la Universidad San Sebastián mostró -por ejemplo- que los Estudios de Impacto Ambiental aprobados en 2023 requirieron en promedio 985 días corridos de tramitación, siendo que el promedio habitual era de 434 días. Se adicionan así un año y 6 meses de trámites, con todos los sobrecostos asociados.
Es cierto que el Gobierno está haciendo esfuerzos por acelerar la permisología, pero yo haría un llamado a revisar lo repetido y dejar de pedir papeles que el Estado ya posee. ¿Será necesario un proyecto -me pregunto a ratos- o haremos otro refrito de papeles para completar? Permítanme dudar, porque esta idea simple no tiene eco en reparticiones y servicios. Pareciera que los caminos están cortados. Caminante no hay camino.
Esto tiene un efecto múltiple. Afecta a la economía, aumentando los costos, y al ánimo, haciendo perder tiempo y energía a las personas. El discurso público del gobierno no se condice con la realidad en las reparticiones públicas, donde los caminos se cierran.
Y mientras los caminos se cortan, se cierran o se interrumpen, los proyectos se estancan, y también lo hace la economía. El Imacec de mayo anotó su tercera baja mensual consecutiva, cosa que no ocurría desde el 2022. Junto con ello, aumenta la informalidad laboral y previsional así como la percepción negativa que tenemos los chilenos sobre nuestra economía.
¿Cómo se combate este desánimo? Parece bastante obvio: despejando los caminos y pidamos menos papelitos.

Alberto Naudon es actualmente el segundo consejero más antiguo del Banco Central (BC) -tras su presidenta, Rosanna Costa-, donde asumió en marzo de 2018. En esa calidad y siguiendo la tradicición, se esperaba que en enero de este año, cuando terminó su periodo Pablo Garcí­a, el cargo de vicepresidente que él tení­a recayera en Naudon. Sin embargo, el consejo optó por nombrar a Stephany Griffith-Jones, que fue designada en 2022 por el expresidente Sebastián Piñera para completar el periodo de Mario Marcel. Al respecto, Naudon prefiere no ahondar en el tema, pero sí­ puntualiza dos cosas: «Primero, Stephany fue elegida por unanimidad y estoy seguro de que lo hará muy bien, y segundo, la elección del vicepresidente es una decisión propia del consejo y cualquier debate al respecto no corresponde hacerlo público».
Donde sí­ se explaya, es sobre cuánto cambió el escenario macroeconómico del paí­s entre principios de año y ahora, el impacto del alza de las tarifas eléctricas en la inflación y la vigencia del último Informe de Polí­tica Monetaria (Ipom) que presentó el BC en junio, luego de conocidos el Imacec de mayo, de 1,1%, y el IPC de junio, de -0,1%. En relación al ritmo de bajas que seguirán con la Tasa de Polí­tica Monetaria (TPM) tras el nuevo escenario inflacionario, enfatiza que «claramente hacia adelante no debiese haber recortes con la intensidad y frecuencia que hubo en la primera parte». Y, en cuanto a ciertas crí­ticas por lo certeras o no de algunas de las estimaciones del ente rector, llama a mirar el trabajo global del BC y cómo logró reducir la inflación en este ciclo: «Que la proyección de no sé qué, la hayamos corregido un mes después, honestamente no creo que sea el punto», sostiene.
En enero, en un seminario, usted dijo que la inflación iba a volver a la meta a mediados de 2024 y que la TPM podí­a alcanzar su nivel neutral hacia fin de año. ¿Se apresuró?
-Ese fue un seminario en el que hablé de muchas cosas, principalmente de la evolución de las tasas largas y su conexión con el dólar, y ese punto que mencionan no era lo central.
Sin embargo, usted anticipó recorridos tanto para la inflación como para la tasa…
-Si leen bien esa presentación, se darán cuenta que son las opiniones personales mí­as, y no las opiniones del consejo. Y que ese elemento particular era pequeño dentro de una presentación muy grande.
Esas declaraciones, sumadas a otras de Stephany Griffith-Jones, ¿denotan que ahora hay más de libertad de los consejeros para dar sus puntos de vista?
-No, no me parece. El funcionamiento del consejo siempre ha sido de construir consensos en torno a visiones que quedan muy bien representadas en el Ipom y después cada consejero siempre ha tenido el espacio para dar sus matices. Incluso, no pasa pocas veces, para votar diferente a la mayorí­a. Entonces, si uno compara con épocas anteriores, no veo grandes diferencias al respecto.
¿No hay algo más de desorden en cómo los consejeros están saliendo a dar sus mensajes?
-No, para nada. Por el contrario, como consejo y como BC hemos logrado avanzar fuertemente en una tarea muy difí­cil. Porque bajar la inflación de 14,1% a niveles más cerca de 3%, sin generar un costo grande a la economí­a, es una tarea compleja que hemos logrado entre todos. Entonces, si algo este consejo ha sido capaz, es de tomar las medidas adecuadas en un momento particularmente difí­cil.
¿Qué pasó entre principios de año y ahora para que cambiaran tanto las proyecciones?
-Yo discrepo del supuesto de que ha habido grandes cambios entre las proyecciones que hicimos en el Ipom de marzo y en el de junio, salvo, obviamente, por la inflación total. De hecho, la inflación subyacente proyectada en este informe no es muy distinta a la anterior. Y las proyecciones de crecimiento tampoco lo son. Entonces, lo que hay más bien es una gran noticia asociada al incremento de las tarifas eléctricas, pero que, por significativa que sea, tiene en principio impactos transitorios. Y, por lo tanto, su impacto en la polí­tica monetaria no es tan grande. A qué me refiero con que «no es tan grande»: a que la trayectoria de tasas reales no se ve mayormente alterada por este fenómeno en particular, y es esa trayectoria la verdadera medida de expansividad o contractividad de la polí­tica monetaria.
Ha habido una crí­tica en el sentido de que el BC debió haber incorporado y alertado antes sobre el efecto de las tarifas eléctricas, ya que desde el año pasado se sabí­a sobre su proceso de normalización y, por ejemplo, en el Ipom de marzo no hubo ninguna referencia a ello…
-En marzo no solo no tení­amos los detalles sobre cómo se iba a implementar este ajuste de las tarifas, sino que el proyecto de ley estaba en plena discusión en el Congreso, por lo cual habrí­a sido poco adecuado especular sobre sus resultados en medio de la tramitación. Luego, a medida que fuimos conociendo los datos, los fuimos incorporando, e incluso la presidenta del BC habló de esto varias semanas antes del Ipom. El BC tiene un protocolo, una forma de actuar, en que incorpora las noticias que provienen de discusiones de leyes una vez que ellas están definidas, y nunca nos referimos a las discusiones legislativas, a menos que nos inviten a una comisión. Entonces, me parece que no correspondí­a incorporar el factor tarifas eléctricas en el Ipom de marzo.
¿Y eso significa que en sus estimaciones internas, en sus modelos, tampoco lo estaban considerando antes de mayo?
-En nuestras discusiones internas, por cierto, se hablan estos temas y uno puede ponerse en distintos escenarios. Pero lo que publicamos en los Ipom debe ser muy cuidadoso en relación a los debates legislativos que estén ocurriendo. Era inadecuado referirnos o hacer algún supuesto del resultado de una discusión legislativa que estaba sucediendo justamente cuando publicamos el informe anterior.
O sea, ¿el timing del BC fue el correcto?
-Tienen razón de que esta alza de tarifas eléctricas se sabí­a hace mucho tiempo. Entonces, quizás lo más curioso es por qué nadie más que el BC habló de sus efectos hasta tan encima. Era una discusión que estaba en el Parlamento hací­a un buen rato, hay un mensaje correspondiente a ese proyecto que tiene números bastante similares a los que nosotros, finalmente, publicamos. Por lo tanto, no se puede considerar como una información que el BC tení­a y no dio a conocer, porque era pública.
¿Y ese otro actor que debí­a haber alertado es el gobierno?
-No me corresponde a mí­ hacer juicios sobre lo que el gobierno hizo o no hizo.
Tras el Ipom de junio han surgido antecedentes de posibles nuevas alzas en las tarifas eléctricas por el lado de la distribución, hacia 2025. ¿Eso puede cambiar en algo las perspectivas del BC para la inflación?
-Evidentemente estamos mirando el desarrollo legislativo y la discusión pública en torno a las tarifas eléctricas. También se ha discutido sobre cambios en los subsidios. Toda esa información se va a ir incorporando en nuestro escenario central a medida que tengamos mayor certeza de que tales cambios van a ocurrir. ¿Cómo va a influir en nuestra proyección? Todaví­a es algo muy especulativo. De todos modos, los subsidios no pareciera que afecten demasiado las proyecciones de inflación porque, de partida, por lo menos como está diseñado ahora, no se incluyen en la medición del IPC según ya lo determinó el INE, y segundo, los montos son menores en comparación con el problema original.
Pero, dicho esto, lo central acá es entender bien el fenómeno. El alza de tarifas eléctricas afecta a la economí­a en tres dimensiones. La primera, es el impacto directo en el nivel de precios, que lo estimamos en torno a 1,2%. Ese efecto es bien significativo, porque es casi la mitad de la meta de inflación. Pero, por significativo que sea, es también transitorio. Y, por lo tanto, la polí­tica monetaria tiene la capacidad de administrarlo sin grandes cambios.
Lo segundo, es que un aumento de tarifas de esta magnitud es un shock negativo al ingreso de las familias y las empresas, un shock negativo de demanda, que deberí­a ayudar en el margen a contener la inflación. Y tercero, siempre hay que tener mucho cuidado con un cambio grande en la inflación, porque puede terminar afectando las expectativas y la persistencia misma del fenómeno inflacionario.
¿Efectos de segundo orden?
-Son efectos menos importantes. Nosotros hemos calculado que esos efectos indirectos de todo este fenómeno, incluyendo la indexación y la persistencia tradicional, le agregan un 0,3% al 1,2%. Por eso, el impacto total es del orden del 1,5%. Pero hay que tener cuidado, porque esos efectos de segunda vuelta pueden ser mayores. Entonces, el tercer elemento muy importante en esta discusión es ir corroborando que esos efectos sobre las expectativas y sobre la persistencia de la inflación no son mayores a los habituales. Además, venimos de un periodo de inflación alta y prolongada, por lo que hay que ser particularmente cuidadosos.
De momento entonces, ¿mantienen la visión de que el efecto tarifas se diluirá en el segundo semestre de 2025 y que la inflación volverá a 3% en el primero de 2026?
-El escenario central del Ipom sigue siendo plenamente válido, incluso después de los datos de Imacec e inflación que hemos tenido, que una vez considerados sus detalles, están en lí­nea con lo que proyectábamos. Por lo tanto, no veo razones para hacer ningún cambio relevante en nuestro escenario base.
¿Hay alguna reflexión del BC respecto a los costos del congelamiento de precios, dado los efectos que estamos viendo ahora?
-No como BC, pero en mi opinión siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de medidas que termina por distorsionar un precio y da señales equí­vocas al mercado, y que, tarde o temprano, se tienen que revertir a un costo que puede ser grande, sobre todo si uno se demora mucho en desarmarlas. Ahora, estábamos en medio de una gran pandemia y es muy difí­cil hacer un juicio al respecto.
Lo otro que me parece relevante hacer notar en este tema, es que parte importante de la diferencia entre la tarifa eléctrica «real» y la que estamos pagando, tiene que ver con el aumento del precio del dólar, que es un componente muy importante en la fórmula que fija el precio. Y ese aumento del dólar sí­ tiene que ver con otras polí­ticas que se han adoptado y sobre las cuales el BC ha sido bastante crí­tico, como fueron los retiros de ahorros previsionales. Es bien importante entender que cuando el BC habla de la importancia de tener un mercado financiero profundo y que funcione bien, no es problema solo de unos pocos, porque tasas y tipo de cambio más altos impactan a todos.
En cuanto a la respuesta de polí­tica monetaria ante el actual escenario, usted ha insistido ahora en que esta mayor inflación no requiere de tasas reales más altas…
-Efectivamente, cuando hablamos de que el impacto directo de esta alza se puede acomodar en el horizonte de polí­tica, nos referimos a que las tasas reales no deberí­an ser muy distintas de las que pensábamos en marzo. Pero, dado que el aumento de la inflación es significativo, eso va a generar que las tasas nominales, que son las reales más la inflación esperada, desciendan más lento de lo que pensábamos antes.
En ese contexto, ¿es esperable que en la Reunión de Polí­tica Monetaria (RPM) de fin de mes hagan una pausa en la baja de tasas?
-Dijimos con bastante claridad que la mayor parte de los recortes que se esperaban para este año ya se hicieron. Dado que todaví­a quedan algunos meses para cerrar el año, la probabilidad de que haya alguna pausa en la baja de tasas, me parece a mí­ que es algo que razonablemente puede pasar. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir? Es una decisión que se irá viendo reunión a reunión en base a los antecedentes.
Por lo mismo, es difí­cil pensar que la TPM se ubique bajo 5% al cierre de 2024.
-Prefiero no especular con números especí­ficos, pero claramente hacia adelante no debiese haber recortes de tasas con la intensidad y frecuencia que hubo en la primera parte.
Pero si la Reserva Federal de EE.UU. inicia su recorte de tasas en septiembre, como se espera ahora, ¿no les da eso a ustedes mayor espacio en igual dirección?
-Nosotros seguimos y analizamos con detalle la evolución de la economí­a de EE.UU. y la conducción de su polí­tica monetaria, pero no hay una relación mecánica entre ella y la local, o un diferencial de tasas máximo o mí­nimo que tengamos que mantener con ella. Tener un tipo de cambio flexible nos permite un grado de independencia sustancial en la fijación de la tasa. Donde lo que pase con la tasa de EE.UU. sí­ puede tener más incidencia es en las tasas largas chilenas, que son más sensibles a lo que ocurre en los mercados financieros globales. Pero la capacidad de afectar las tasas más cortas es grande y muy relevante para ayudar a controlar la inflación, sin inferir dolor innecesario en la economí­a.
Con respecto a la actividad, ¿cuán decepcionante fue el Imacec de junio de 1,1%?
-El Imacec de junio dio cuenta de una actividad menor a la que esperaban el BC y el mercado. Ahora, ¿es suficiente para hacernos dudar de nuestro escenario central? No. Y eso, porque los números mensuales son muy volátiles, y además, al analizar este en particular, si bien hay indicios de mayor debilidad en algunos sectores, también hay varios elementos transitorios.
A nivel del mercado, varios agentes tras este Imacec señalaron que se desalentaban las expectativas de un crecimiento del PIB de 3% en 2024…
-En nuestro caso, me parece que el Imacec de junio prende alguna alerta, pero todaví­a es muy temprano para cambiar el escenario base y las proyecciones del Ipom.
En materia de proyecciones, han surgido crí­ticas al BC por no ser las suyas tan certeras, y en especial se ha apuntado a las de inversión. ¿Admiten algo de ese cuestionamiento?
-En términos generales, no veo que nuestras proyecciones sean muy distintas a las del promedio del resto de los actores. De hecho, no hay grandes diferencias con la última encuesta de expectativas, con una excepción, que es el tema de la inversión. Entonces, no harí­a una generalización de esta diferencia. La inversión, es cierto, es donde nuestra visión cambió más en este Ipom, previendo ahora un mejor desempeño. Y esto responde, principalmente, a una mejor perspectiva en el sector minero, asociada en parte al mayor precio del cobre en los años que vienen.
Eso es hacia adelante, sin embargo, hace un tiempo el ministro Nicolás Grau mostró un gráfico donde mostraba que el BC habí­a subestimado la inversión en los últimos dos años. ¿Qué responde a eso?
-Hacia atrás nosotros no tení­amos incorporado el aumento más significativo que ha habido en maquinaria y equipo, pero no harí­a un gran punto de la diferencia de proyección sobre una variable en particular. El BC y su staff tienen un track récord bastante bueno en términos de proyecciones y, además, me quedarí­a con el big picture: la tarea de bajar la inflación desde los niveles que estaba, con una economí­a con los desequilibrios que tení­a. Disminuir esa inflación, sin generar un sobreajuste en la economí­a como algunos temí­an, es lo de primer orden. Que la proyección de no sé qué, la hayamos corregido un mes después, honestamente no creo que sea el punto. Esto no quiere decir que nosotros no estemos siempre buscando la manera de mejorar nuestros modelos y que no seamos exigentes con nuestro staff en el sentido de estar siempre a la vanguardia en estas materias. Pero no perdamos el foco.
El í­ndice de incertidumbre económica que publica el BC está en su menor nivel desde agosto de 2019, pero eso no se refleja en un mejor ánimo empresarial para invertir.
-La incertidumbre es uno de los elementos que afecta la inversión, pero no es el único. En el perí­odo posestallido y Covid, sumadas las discusiones constitucionales que tuvimos, ese indicador subió mucho y fue parte de las razones por las cuales la inversión fue bastante baja en ese momento. Esos indicadores han ido normalizándose, lo que no implica que todos los problemas asociados a la inversión han desaparecido.
En ese sentido, ¿el escenario electoral que tenemos este y el próximo año puede afectar la economí­a?
-Los paí­ses tienen elecciones todo el tiempo y Chile posee un track récord muy bueno de procesos transparentes y muy bien llevados. No veo que sea un elemento que haya que considerar de manera especial. Es distinto a discutir una nueva Constitución.
¿El BC está analizando medir el impacto que el crimen organizado puede tener sobre la economí­a chilena?
-La evidencia mundial es bien clara en el sentido que el crimen afecta negativamente al crecimiento. Es un elemento que está comprobado que importa. Ahora, respecto de Chile, no hemos incorporado formalmente elementos asociado a esto en nuestros modelos, pero de forma indirecta se va incorporando en nuestras proyecciones a través de las mediciones de incertidumbre, expectativas, en los datos de ahorro y consumo de hogares, y de gasto de las empresas. Pero no tenemos una modelación y no hay un desarrollo formal todaví­a de cómo medir el impacto directo de este factor de inseguridad.
«Hoy no hay ninguna razón para emitir una moneda digital del BC en Chile»
¿En qué pie está el proyecto de moneda digital del Banco Central?
-La discusión sobre una moneda digital de bancos centrales tomó mucha fuerza en el mundo cuando Facebook propuso crear una moneda llamada Libra. En ese momento, los bancos centrales se sintieron amenazados de que una empresa con más de 2.000 millones de clientes entrara con una moneda privada. Ese proyecto no fructificó, pero sí­ generó un movimiento en los bancos centrales de casi todo el mundo.
¿Y qué pasó después?
-Los paí­ses fueron tomando distintos caminos. Aquellos con sistemas de pago, especialmente minoristas, poco desarrollados, o que tení­an ciertas fricciones difí­ciles de subsanar, avanzaron mucho más en el desarrollo de monedas digitales del Banco Central. En el caso nuestro, que tenemos un sistema de pago minorista desarrollado, comparado con paí­ses de ingresos similares -aunque siempre estamos intentando que sea más eficiente y competitivo-, y donde los temas de inclusión financiera no son tan grandes, en gran parte gracias a las cuentas Rut de BancoEstado, no ha sido necesario avanzar con tanta rapidez en ese proyecto. En pagos minoristas, hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en medidas que ayuden a que el sistema actual sea más robusto.
¿En qué etapa están ahora?
-El proyecto de moneda digital del Banco Central ha ido avanzando, pero a un ritmo no tan rápido. En marzo publicamos el segundo informe, que da cuenta de las actividades desde la publicación del primero y los aprendizajes surgidos de ellas. Seguimos avanzando, pero hoy no hay ninguna razón para emitir una moneda digital del Banco Central en Chile. Algo que, por cierto, no sabemos si va a seguir siendo cierto en tres o cinco años más. Por eso, debemos estar preparados y estamos en el proceso de desarrollar pruebas de concepto, que es el paso previo a decidir hacer un piloto. Pero esto último, por ahora, no está en el horizonte.

La segunda concesión de esta carretera contempla inversiones por US$ 1.275 millones. El ministerio espera que esté totalmente lista en 2031 y anticipa rebajas en los valores de los peajes como Pichidangui y El Melón.
Dos empresas originarias de España presentaron ayer sus ofertas técnicas y económicas al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para intentar quedarse con la Segunda Concesión Ruta 5 Santiago-Los Vilos. El proyecto involucra una inversión de US$ 1.275 millones –el segundo más cuantioso en proceso de relicitación tras la Ruta 68– y fue el primer llamado a licitación de obra pública concesionada –en julio de 2023– del gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Los oferentes fueron Sacyr Concesiones Chile y Vías Chile, ligada a Abertis (empresa con sede en España, ligada a Mundys, ACS y Hochtief), que por primera vez realiza una oferta para aspirar a adjudicarse una concesión, ya que hasta ahora su presencia en el país es a través de adquisiciones.
Vías Chile opera las rutas 68, Los Libertadores, Los Andes y Autopista Central, por lo que adjudicarse Santiago-Los Vilos le permitiría continuar sus operaciones desde Santiago al norte por la Ruta 5.
Sacyr, en tanto, posee concesiones aeroportuarias, hospitalarias, de servicios sanitarios y viales en Chile. Tiene obras como la Ruta 78, Vespucio Oriente I y la carretera entre Los Vilos y La Serena. Por ello, sería un complemento para su cartera quedarse con Santiago-Los Vilos, cuya concesión hoy está en manos de Globalvia, la cual vence en marzo de 2025.
Obras y peajes
La nueva concesión de la Ruta 5 tendrá una extensión de 223,4 kilómetros. Involucra un tramo de la Ruta 5 que comienza en el kilómetro 10,8, que corresponde a la salida norte de Santiago en la comuna de Quilicura, y que termina en Los Vilos (km 229,1).
Dentro de los principales hitos de este proyecto se pueden mencionar 10,7 km de ampliación de tres a cuatro pistas por sentido, entre los enlaces Buenaventura y Batuco-Liray; y 102 km de aumento de dos a tres pistas por sentido, desde Batuco-Liray hasta el enlace sur del Túnel El Melón —que se incorpora a esta nueva concesión—, incluyendo el Túnel La Calavera.
El MOP informó que la iniciativa contempla “rebajas importantes” en los valores de los peajes como Pichidangui (en un tercio) y El Melón.
Confianza y permisos
Pese al optimismo y a manifestar confianza en el país, los máximos ejecutivos de Vías Chile y Sacyr Concesiones Chile indican que la “permisología” es uno de los desafíos a enfrentar en la construcción de las obras de la nueva concesión Santiago-Los Vilos. La aprobación ambiental del proyecto debe ser obtenida por el futuro concesionario.
El MOP estima que las faenas comenzarían el cuarto trimestre de 2028 y que la totalidad de los trabajos estén listos a fines de 2031. La construcción generaría 7.300 empleos.
El gerente general de Sacyr Concesiones Chile, Fernando Ruiz de la Torre, sostuvo que “nos motiva seguir estando presentes en el país. Apostamos por el sistema de concesiones, que es una herramienta muy importante de desarrollo del país”. Añadió que “la tramitología es complicada de solucionar, pero confiamos en el apoyo de todos los estamentos, el Estado y políticos. Se necesita tener estas infraestructuras, dar los servicios a los usuarios y contamos con que sirva la nueva ley de permisos”.
Andrés Barberis, director general de Vías Chile, señaló que “estamos muy contentos de participar y obviamente es una confianza del grupo Vías Chile el seguir invirtiendo en el país”. Agregó que “todos estos proyectos requieren aprobaciones ambientales. Obviamente que eso es desafiante y esperemos que puedan conseguirse”.
Si bien poco más de una decena de compañías habían adquirido las bases de licitación para Santiago-Los Vilos, el director general de Concesiones del MOP, Juan Manuel Sánchez, valoró el interés de las empresas que presentaron sus ofertas. “Es importante que tengamos competencia”, sostuvo.
Explicó que quien se adjudique el proyecto –la apertura de ofertas económicas será el 14 de agosto– deberá operar y construir las nuevas obras de forma simultánea. Sánchez espera que se puedan adelantar plazos para tener ciertos tramos en servicio antes de 2031. “Damos esa fecha (2031) porque nos ponemos en el escenario de la historia que ha tenido la tramitación ambiental y básicamente lo que dura y demora toda la ingeniería de detalle. Sin embargo, tenemos bastante certeza de que este es un proyecto que está muy bien planteado, que contó con una cantidad súper importante de participación ciudadana, ha sido divulgado, conversado y trabajado junto a los alcaldes y las organizaciones sociales”.
La autoridad recordó que las próximas recepciones de ofertas están ligadas a proyectos como la cárcel de Talca, la ruta Caldera-Antofagasta y para dos corredores del transporte público en Concepción. En el último trimestre de 2024, recibirá las propuestas para la relicitación de la Ruta 68 (US$ 1.490 millones).
PROCESO
El próximo 14 de agosto se abrirán las ofertas económicas y el cuarto trimestre de 2024 se prevé adjudicar la obra.

En Chile no existe ninguna entidad que mida los efectos que la delincuencia y el crimen organizado puede generar en el Producto Interno Bruto (PIB). Y por ello, los expertos plantean que sea la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, o el Banco Central, la entidad que realice estos estudios.
Hace unos años el foco de preocupación de los analistas y del sector privado era cómo mejorar la productividad, cómo hacer sistemas tributarios que incentivaran la inversión y el ahorro, o el cómo mejorar la capacitación de los trabajadores y de esa manera mejorar el crecimiento.
Sin embargo, en el último tiempo y crecientemente durante los meses recientes, hechos de mayor connotación delictual como asesinatos, ajustes de cuenta y el avance del crimen organizado comenzaron a estar presentes ahora en los análisis macroeconómicos de los economistas, pero también de los empresarios (Ver página 3).
En ese nuevo escenario, los economistas coinciden en que el aumento de la delincuencia genera efectos tanto en las decisiones de inversión como en los mayores costos que deben tener las empresas para financiar las mayores medidas de seguridad.
Una aproximación del impacto que esto puede generar en la economía es la estimación que realizó en octubre del año pasado el exministro de Hacienda y actual director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés. En un estudio en el que da cuenta de que América Latina, la región con el peor récord de criminalidad, podría aumentar en cerca de 0,5% el PIB anual si se logra reducir el nivel de criminalidad al promedio mundial.
Y en Chile, el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann, realizó junto a su equipo un análisis de cómo este fenómeno puede impactar en la economía chilena: «La evidencia internacional que recogimos a partir del número de homicidios por cada 100 mil habitantes por país y la dinámica económica en cada caso, apunta a que el incremento en Chile de estos delitos en los últimos años resta entre 2 a 3 décimas de crecimiento» anual en el mediano plazo, apunta.
Para el economista la inseguridad no sólo involucra una mayor necesidad de tomar medidas de protección, sino que además genera incertidumbre con efectos macro. La inversión se ve resentida, recogiendo los mayores temores y riesgo asociado, afectando la capacidad de crecimiento y el consumo».
Otro experto que entrega cifras para tener una noción del impacto es Leonardo Hernández, director alterno de Clapes UC: «El costo de la delincuencia, en una estimación conservadora, alcanzó a 2,1% del PIB en 2022, esto es aproximadamente US$6.500 millones de ese año».
Hernández sostiene que este costo se ve reflejado en que «las empresas evalúan los proyectos de inversión considerando un mayor costo en seguridad y/o riesgo de pérdidas por los robos. Además, hay actividades que se deben modificar o simplemente se dejan de hacer, como el hecho de que los restaurantes cierran más temprano o el comercio no abre en algunas fechas o zonas específicas».
Otro costo que menciona es el gasto en recursos en cosas que antes no lo hacíamos entre ellas, las alarmas, rejas más altas y electrificadas. Todo esto es un costo social y en bienestar para las personas».
Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal sumó datos: «Desde un punto de vista macro, desde Horizontal estimamos que el aumento del 14% de robos con violencia e intimidación el segundo trimestre del 2022 se asoció con una caída del producto de 0,9% del PIB».
En su análisis menciona que para «la economía real afectan los sobrecostos de las empresas para protegerse de robos o ataques, el desincentivo a las inversiones por un mayor costo de capital y la pérdida de competitividad, en especial por la disrupción de las cadenas logísticas y canales de venta. Por el lado de las expectativas, un país menos seguro es un país menos atractivo para invertir».
Natalia Aránguiz, socia y gerente de Estudios en Aurea Group, suma argumentos que ven efectos negativos en la inversión: «La preocupación por el costo de la delincuencia sobre la economía es un tema recurrente desde el estallido social. En ese momento, la vandalización, destrucción y robos sobre la propiedad privada y pública, se hicieron costumbre. El comercio fue tremendamente vulnerado. Por tanto, existen interesantes trabajos académicos que comenzaron a seguir el tema».
El economista de LyD, Tomás Flores, también considera que algunos efectos de la delincuencia ya están presentes: «En el sector de restaurantes ya está afectando puesto que han tenido que acortar el horario de atención con el consiguiente efecto negativo en las ventas. Esto ha generado mayor gasto en todo tipo de empresas para resguardar a los trabajadores y clientes».
Otra mirada entrega el economista de Euroamerica, Felipe Alarcón, quien sostiene que «seguramente, el ítem seguridad ya tiene alguna relevancia en curva de costos de la economía, pero eso es algo que ya tiene un cierto historial, no es algo nuevo. Ciertamente, con las condiciones actuales puede haber aumentado en lo último, particularmente ex post estallido social».
Alejandro Fernández, economista de Gemines, ve también que estos hechos generan impacto negativo en la inversión: «Ya está incidiendo, porque aumenta los costos de emprender, pero sus efectos son de segundo orden comparado con todos los otros factores que afectan negativamente a la inversión».
En Chile no existe ninguna entidad que mida los efectos que la delincuencia y el crimen organizado puede generar en el Producto Interno Bruto (PIB). Y por ello, se abrió un debate sobre qué organismo es el más indicado para hacerlo: ¿Banco Central, Hacienda o la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad?. Ante esa pregunta, la mayoría de los economistas consultados se inclinan por el hecho de que sea este último organismo el que tenga esa misión.
Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) sostiene que «frente a la discusión para reactivar la inversión hoy la inseguridad es un gran cuello de botella. Y si bien la Comisión Nacional de Productividad hace estudios sectoriales en relación a la productividad, tiene la capacidad técnica para evaluar el impacto de la delincuencia en la productividad y la inversión privada».
Flores también cree que la comisión de productividad «podría dimensionar este daño, utilizando experiencia comparada de países que lamentablemente han tenido la misma trayectoria hacia una delincuencia descontrolada».
Fernández, si bien dice que «es difícil medirlo, pero si alguien debería hacerlo es la Comisión de Productividad».
Aránguiz cree que la institución que debería hacerlo es el Banco Central: «El Banco Central usualmente publica recuadros en sus Informes de Política Monetaria, así como en el Informe de Política Financiera que suelen abordar temas como éstos. Además de genera documentos de trabajo e investigaciones con misceláneos temas. Por tanto, no me extrañaría ver investigaciones que aborden este preocupante asunto».

El índice que elabora el Banco Central cerró a junio en 111,94 puntos. Los economistas señalan que existen razones de fondo que están permitiendo que la incertidumbre se aleje de los niveles máximos que alcanzó luego de la crisis social y de la pandemia, como el cierre de los procesos constitucionales.
La incertidumbre económica es una de las variables que ha ido tomando importancia en el análisis económico de los distintos agentes e instituciones, incluido el propio Banco Central. Y si bien el último Imacec de mayo decepcionó, con un crecimiento de 1,1%, y mayoritariamente las expectativas de inversión para este año todavía se mantienen en terreno negativo, el nivel incertidumbre sigue mejorando.
Así da cuenta el Índice de Incertidumbre Económica que elabora el instituto emisor, el que cerró a junio en 111,94 puntos, el que constituye su menor nivel desde agosto de 2019, previo al estallido social de octubre de ese año. En ese momento se ubicó en 111,93.
Tras los acontecimientos del 18-O, sus efectos se comenzaron a reflejar rápidamente en dicho indicador. En noviembre de ese año escaló hasta los 195 puntos y en diciembre ya rozó los 230 puntos. De allí en más, solo siguió subiendo: en marzo de 2020, cuando la pandemia del Covid llegó al país generando sus primeros impactos económicos, superó los 250 puntos. Y en abril sobrepasó los 400 puntos. Luego, hasta agosto de 2020 se mantuvo rondando los 350 puntos. En septiembre y octubre de ese año se ubicó en 272 y 288, respectivamente, para a continuación, en noviembre, nuevamente subir sobre los 300 puntos.
En la primera parte de 2021 estuvo entre 210 y 250 puntos y en agosto volvió a bajar de los 200 puntos, hasta que en diciembre de ese año cruzó otra vez la barrera de los 300 puntos, en medio de la recta final de la primera vuelta presidencial.
El peak de este índice se alcanzó en marzo de 2022, registrando 409 puntos, en medio del proceso de instalación del actual gobierno en La Moneda.
De acuerdo al Banco Central, este índice de incertidumbre económica utiliza información obtenida desde cuentas de Twitter (ahora X) en temas relacionados con la economía, políticas económicas, incertidumbre acerca de eventos particulares, y la contingencia económica en Chile.
Según se detalla, la metodología utilizada muestra aumentos significativos que coinciden con varios episodios locales e internacionales que provocaron niveles extraordinarios de incertidumbre económica en Chile, especialmente luego de los eventos en torno a las protestas de mediados de octubre 2019 y la pandemia del Covid-19 a mediados de marzo 2020. Esta metodología fue inicialmente diseñada por los economistas del Banco Central Juan Sebastián Becerra y Andrés Sagner.
Los expertos afirman que existen razones «estructurales» que están permitiendo que la incertidumbre se aleje de los niveles máximos que alcanzó luego de la crisis social y la pandemia. Entre los principales mencionan que los procesos constitucionales se cerraron y que las «ideas refundacionales» ya no están en la agenda, puesto que cualquier reforma deberá ser consensuada con la oposición, ya que el gobierno no tiene mayoría parlamentaria.
En ese sentido, Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, afirma que «este indicador muestra que para avanzar en cualquier reforma se requiere de un acuerdo entre el gobierno y la oposición, dejando fuera cualquier idea refundacional».
Mientras que el economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz, indica que «la reducción de la incertidumbre económica responde a diversos factores, siendo el principal el hecho que los cambios constitucionales impulsados hace unos años, ya no forman parte de la agenda política o económica actual. Asimismo, tampoco se visualiza que este tipo de propuestas tenga realmente un apoyo político en el futuro. Este hecho, sin duda, ha reducido estructuralmente la incertidumbre».
Ortiz añade que «el alcance de las reformas emblemáticas del gobierno, que tendrían un impacto no menor en el sector privado, tanto a nivel tributario como en términos del mercado pensional, será mucho más acotado respecto a lo esperado tiempo atrás. Es decir, existe poca claridad hoy respecto a la posibilidad que el pacto fiscal o la reforma pensional se puedan lograr en la práctica y de avanzar el resultado será una negociación política en el Parlamento, lo que ya ha obligado al Ejecutivo a contener el alcance de estas reformas».
Para los economistas, si bien es positivo que este indicador registre bajas, no es una condición suficiente para que aumente el apetito por invertir en el país y, por ello, el hecho de que la incertidumbre hoy esté en niveles previos al estallido social, no implica que la economía retomará una senda más sostenida de crecimiento.
«La inversión sigue frenada por la permisología y dudas que aún persisten en el ámbito de reformas. La economía crece en torno a su potencial de expansión, por lo que no es posible, dados los factores estructurales que hoy se reconocen, pedirle más. Pagamos los costos de malas políticas adoptadas en los últimos años», puntualiza Lehnmann, quien suma como argumento que «falta aún recuperar las confianzas y comenzar a mirar el largo plazo del lado político. Por cierto, abordar la permisología es clave, pero estableciendo metas ambiciosas».
Ortiz agrega que «si bien la incertidumbre es un factor que incide en las decisiones de inversión, especialmente en el sector privado, hay otros factores que también repercuten tanto a nivel estructural como a nivel coyuntural». Uno de ellos, según describe el economista, es el hecho que «los costos de transacción para implementar proyectos de inversión, entre ellos los permisos, evaluación ambiental, entre otros, juegan un rol no menor en esta área».
Además, sostiene que «hay factores internos que hoy limitan la capacidad de mayor inversión: por una parte, la perspectiva de estancamiento del crecimiento económico en el corto plazo, dada una baja productividad, sumado a un aspecto que antes en Chile no era tan relevante, como es la seguridad».