Mes: julio 2023

En una presentación firmada por los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube, la Confederación de la Producción y del Comercio enumeró diversos vicios de inconstitucionalidad que contendría la iniciativa que fue despachada por el Congreso en mayo. Según la multigremial, el proyecto de ley establece un régimen punitivo distinto a personas que tienen cargos de alta responsabilidad, como gerentes generales y directores, en caso de cometer delitos económicos.
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un téngase presente en el proceso de control de constitucionalidad que el organismo realiza sobre el proyecto de ley que sistematiza y penaliza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente, una reforma legal que tardó varios años y que fue despachada por el Congreso el 16 de mayo pasado. En su presentación, el organismo empresarial -que agrupa a la industria, la minería, la banca, la agricultura, el comercio y la construcción- solicita al TC tener presentes «las consideraciones y vicios de inconstitucionalidad contenidos en preceptos del proyecto de ley».

En un texto de 34 páginas, la multigremial enumeró varios reparos a la iniciativa legislativa. Según el libelo, patrocinado por los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hübe, el proyecto en cuestión «atenta contra el propio Orden Público Económico al seleccionar a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto y más gravoso que el general».

Según la presentación, «el proyecto de ley presume de derecho una culpabilidad muy elevada de una persona sólo por el hecho de tener posición jerárquica superior en la organización al momento de intervenir en el delito. Esto último vulnera las garantías penales reconocidas en la Constitución».

«El nuevo sistema de multas (días-multa) no permite determinar la cuantía específica de la sanción aplicable, ni una base de cálculo cierta y verificable ex ante, que posibilite a las personas, especialmente a los destinatarios de las reglas prever la multa esperable frente a los hechos sancionables, enfrentándonos a una indeterminación sancionatoria», agregó.

Por otro lado, el texto de la CPC explicó en su escrito que los delitos medio ambientales considerados incorporados en el proyecto de ley «constituyen una ley penal en blanco propia, que no es tolerada por el ordenamiento jurídico».

Según el documento, una de las características «más negativas del proyecto es que establece un derecho penal especial y mucho más duro solo para ciertas personas (por su posición o cargo), que trabajan en ciertas empresas (medianas y grandes).

Esto último da cuenta de «una vulneración a la igualdad ante la ley, generando un verdadero sistema penal paralelo y ad hoc a ciertos tipos de delitos, alejándose de una lógica general». En efecto, según el téngase presente, «este proyecto pareciera justificar un tratamiento distinto de los denominados delitos económicos por el solo hecho de cometerse al interior de una empresa u organización y por ejecutivos, directores, administradores o personas que detentan otras posiciones o cargos».

«En esta línea, el proyecto de ley genera situaciones absurdas y derechamente desproporcionadas que han sido recogidas en el debate público», remató.

VICIOS

En el mismo escrito, la CPC cuestionó directamente los preceptos legales de la iniciativa. Uno de ellos es el artículo 16 numeral 1° letra a que establece como «agravantes muy calificadas de un delito económico» que «el condenado participó activamente en una posición jerárquica superior en la organización en la que se perpetró el delito».

«El legislador en este ámbito vulnera la Constitución al presumir de derecho la responsabilidad penal de aquel -un gerente, por ejemplo- por el solo hecho de ocupar un determinado cargo o posición jerárquica al momento de producirse el delito», agregó.

En este aspecto, el proyecto de ley establece que «se impondrá el comiso de ganancias obtenidas a través de un hecho ilícito que corresponda a delito económico, aunque se dicte sobreseimiento temporal o sentencia absolutoria fundados en haberse extinguido la responsabilidad penal o en haber sobrevenido un hecho que, con arreglo a la ley, ponga fin a esa responsabilidad».

La iniciativa también establece como tipo penal la alteración fraudulenta de precios considerando una pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo o reclusión mayor en su grado mínimo (es decir de tres años y un día a cinco años y de cinco años y un día a diez años respectivamente) en caso de que dicho fraude recayere sobre el precio de «bienes o servicio de primera necesidad o de consumo masivo».

El problema es que, según la CPC, la forma en cómo se tipifica el delito, vulnera las garantías constitucionales. Ejemplo de ello es que según la multigremial, «el proyecto no especifica qué se entiende bienes de primera necesidad o de consumo masivo, siendo los efectos de la norma en consecuencia imprevisibles para quien incurriese en la conducta base del tipo».

EL ARTÍCULO 134 BIS

La reforma legal modificó además la ley de sociedades anónimas y creó el nuevo artículo 134 bis, que determina lo siguiente: «Los que prevaliéndose de su posición mayoritaria en el directorio de una sociedad anónima adoptaren un acuerdo abusivo, para beneficiarse o beneficiar económicamente a otro, en perjuicio de los demás socios y sin que el acuerdo reporte un beneficio a la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados».

Sobre esta materia, Zaliasnik y Hube sostienen que, en relación a los acuerdos abusivos, «no se define, no se conceptualiza ni se establecen los elementos que permitan hacer determinable la conducta tipificada penalmente».

Por lo mismo, sostienen que el proyecto no identifica claramente cuál es la conducta penalizada. «¿Se trata de la adopción del acuerdo abusivo? O más bien ¿se trata de quienes participando del acuerdo se hayan prevalecido de su posición mayoritaria?». Por ello, concluyen que aquello es una «ley penal abierta que vulnera de manera clara la Constitución, al no describir la conducta de manera expresa y previa».

MEWES

El presidente de la CPC, Ricardo Mewes, desde la Región de Los Lagos, indicó que el proyecto de ley atenta contra la actividad empresarial.

«El proyecto de delitos económicos crea una serie de nuevos delitos con sanciones que nos parecen totalmente arbitrarias. Por eso, hicimos esta presentación al Tribunal Constitucional, señalando que se atenta contra la actividad empresarial. Por ejemplo, presume una culpabilidad muy elevada de ejecutivos, vulnerando las garantías penales reconocidas en la Constitución. En otros casos, se establecen sanciones que son desproporcionadas en relación con la falta», dijo Mewes.

La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó el jueves pasado la sentencia del 10 de enero de la Corte de Apelaciones de Iquique que había rechazado un recurso de protección que un grupo de vecinos interpuso en contra de un proyecto inmobiliario del consorcio entre las firmas Bravo Izquierdo y Argenta, que se aliaron para construir una torre de 26 pisos más subterráneos en Avenida Prat, comuna de Iquique.
Los opositores al proyecto Acqua, de la Inmobiliaria Boulevard Santiago, pidieron paralizar la iniciativa hasta que se aprobara previamente un Estudio de Impacto Ambiental.

Esta semana se conectó al Metro. Las primeras tiendas a pie de calle ya están funcionando y en los días que vienen se irán abriendo las cocinerías, el mercado y demás comercios. El 70% de los locales ya están colocados y en las torres de oficinas esperan la orden para habilitar sus espacios. El gerente general de Territoria y uno de sus socios, Ignacio Salazar, muestra Mercado Urbano Territoria por dentro y adelanta cómo será Santa Rosa 76, donde también invertirán los dubaitíes de ADIA.
Aquí y allá los trabajadores cortan y pulen materiales, encajan piezas y se mueven por los diferentes pisos del MUT. Los plazos se están cumpliendo y la gestora inmobiliaria Territoria ya comienza a abrir su esperado Mercado Urbano Tobalaba, un centro comercial y de oficinas que imaginaron hace doce años y que promete convertirse en parada obligada en Santiago. Esta semana inauguraron la conexión a la estación del Metro Tobalaba, algunas de las tiendas a pie de calle ya están operando y, en su interior, los locatarios alistan sus negocios. Mientras, algunas de las empresas que ocuparán las torres de oficinas, preparan su arribo.

La actividad es frenética en la cuadra comprendida por Apoquindo, Bosque Norte, Roger de Flor y Encomenderos, donde se unen las comunas de Las Condes y Providencia. Son 160 mil metros cuadrados construidos y más de US$ 550 millones de inversión, para el único proyecto inmobiliario en Chile donde uno de sus inversionistas es ADIA, el riquísimo fondo de inversiones de Dubái, que también será socio de Territoria en Santa Rosa, el proyecto del grupo en el centro de Santiago (ver recuadro).

Aún quedan espacios cerrados por el muro perimetral que el artista Alberto Montt ilustró y que irán desapareciendo a medida que se vayan abriendo las instalaciones. Adentro, el mobiliario de las zonas de comida y ocio ya está instalado y luce reluciente. La cuarta torre sigue en construcción: «Será la última en integrarse», explica Ignacio Salazar, socio de Territoria y gerente general, mientras se dirige a la oficina de ventas, ubicada en el primer piso de una de las torres, ya terminada.

«En términos comerciales, tenemos cerca de un 70% de avance en relación a los espacios totales disponibles, que son 316. Tenemos ya cerca de 230 cierres de negocios, contratos y negociaciones en fase final, con alrededor de 150 de ellos ya trabajando en sus habilitaciones, entre tiendas, cocinerías y almacenes que son los que darán cada vez más vida a MUT», cuenta Salazar. Los otros socios de Territoria son el arquitecto Francisco Rencoret (presidente) y Nicolás García (director de administración, finanzas y negocios).

Aquí, Salazar (abogado) habla de la entrega de MUT a la ciudad y los dos nuevos proyectos en que la firma está concentrada ahora: las nuevas oficinas centrales del banco Santander en Las Condes, y Santa Rosa 76, el edificio de la eléctrica Enel, que fue afectado por las llamas la noche del 18 de octubre de 2019 y que ahora se llamará Mercado Santa Rosa.

Estándar

En el tercer piso del MUT hay una plaza. Con plantas y árboles, abierta al cielo. La recorre un surco de agua. Parece un jardín japonés, con la ciudad de fondo y en la tierra se divisan algunas hierbas medicinales y aromáticas. «La idea inicial de contar con mayores y mejores áreas verdes, que tomó en consideración las expectativas de los vecinos encuestados, nos permitió de alguna manera adelantarnos a varios de los efectos de la pandemia, especialmente en cuanto a una mayor apreciación por los espacios abiertos que a partir de ella se produjo», explica Salazar.

Comenta que la pandemia, que con sus cierres y cortes de suministros encareció para siempre la construcción en todo el mundo, no los afectó tanto, ya que habían comprado los materiales antes. Sí les pegó en la cuarta torre, el último edificio en comenzar sus obras.

MUT cuenta con cuatro edificios de oficinas, que albergarán a más de 4.000 personas. Estas torres, aun cuando tienen accesos independientes, se conectan con los espacios públicos del proyecto: Enel, Buk, Albemarle, Schneider Electric, Metlife e ISDIN, entre otros, son algunos de sus futuros inquilinos.

Hace 12 años en las oficinas de Territoria -que también ha construido Territoria El Bosque, Isidora 3000 y Hotel W- imaginaron este proyecto. Pensaron en una fusión entre el antiguo mercado, la plaza y los negocios cercanos con el concepto de sustentable, manteniendo ese carácter de lugar de abasto y centro de reunión y ocio. «Uno de los pilares del proyecto, y que justamente permite que este sea parte de la trama urbana, son sus espacios públicos y áreas verdes. Son 20.000 metros cuadrados de este tipo de espacios, desarrollados principalmente en el tercer y quinto piso del proyecto», añade Salazar.

El inmueble cumple con las más altas exigencias en cuanto a ahorro energético y de agua, energías renovables y construcción. Salazar cuenta que mientras trabajaban en el proyecto preguntaron en el barrio qué debían considerar las obras y el 70% respondió que áreas verdes. «¡El 70%!», subraya. Por eso decidieron que entre jardines y plazas superarían los 12 mil metros cuadrados de superficie, que es lo mismo que suma la cuadra donde están emplazados.

El ejecutivo habla con entusiasmo de las medidas de sostenibilidad del proyecto. Por eso, cuando en el recorrido por la obra aparecen unas vetustas escaleras de madera -hechas en colaboración con Arauco- se explaya en las ventajas de este material para la construcción. Lo mismo pasa después con el biodigestor -fabricado en Holanda- que permitirá compostar todos los desechos orgánicos del MUT para transformarlos en biogás para las cocinas y fertilizante para los jardines. Para hacerse una idea: se prevé que MUT genere a diario 15 toneladas de basura y el plan es que nada de eso llegue a los vertederos. Al menos la mitad de los desechos serán orgánicos, ya que de los 316 locales comerciales, la mayoría estarán ligados al negocio gastronómico. Solo las cocinerías, que atenderán todo el día, son cerca de 80.

«MUT también se integra a la ciudad desde una visión sostenible», resume el gerente.

Durante el recorrido, confiesa que le hubiera gustado hacer menos estacionamientos para vehículos, pero la municipalidad le exigió dos mil. «Es una norma que debiera ser revisada», añade después.

La idea es que la gente no llegue en auto, para ayudar a descongestionar esa zona de la capital, que cuenta con una amplia oferta de transporte público. «Es un nuevo centro», justifica Salazar y cuenta que en la conexión con el metro (ver recuadro) llevan cerca de 12 años trabajando. «Y desde un principio Territoria ha formado con Metro de Santiago un marco de colaboración de excelencia», destaca.

En una de las esquinas del MUT, en Roger de Flor, la gente espontáneamente ha comenzado a dejar sus scooters y bicicletas para seguir al metro o a sus oficinas. Pareciera un preludio de la ocupación que tendrá el Bici Hub, un estacionamiento de bicicletas con 2.000 plazas, tiendas y servicios relacionados al mundo de las dos ruedas. El más grande de su tipo en Latinoamérica.

Negocios y ecosistemas

MUT está pensado como un mercado de varios espacios capaces de albergar distintos negocios y ecosistemas. Por eso, junto a las tiendas de artesanos, habrá lugares para talleres y cursos. Lo mismo pasará con los emprendimientos, los negocios culturales o restaurantes, chefs y productos de alimentación.

En Territoria apostaron por un mix de marcas y tiendas consolidadas, con otras emergentes o derechamente nuevas y que ya han ganado popularidad en barrios como Franklin, Avenida Italia, La Vega, la galería Drugstore de Providencia, y en Internet. Varias tiendas de Instagram estarán ocupando algunos de los módulos más pequeños para partir.

Las empresas fueron propuestas por la propia firma buscando una selección variada. Entre las estrellas de la comida estarán Café Altura, Antigua Fuente, Maestranza Franklin, Ambrosía, Huentelauquén, La Fiambrería y Galpón Italia, entre otros.

Por aquí también se podrán encontrar emprendimientos textiles, de vinilos, anteojos, mochilas, cosmética y cultura en negocios como La Plage, Creado en Chile, Libro Verde, Galería OMA, Natura, Body Shop, FjallRaven, Mappin, Ben & Frank, Needle y Ecocitex entre otras.

El lugar sobresale por la fuerte presencia del fierro pintado de negro, piedras y madera. El mobiliario público fue traído de la India o mandado a fabricar a artesanos locales, como los 100 pájaros chilenos encargados en Chimbarongo y que cuelgan desde uno de los techos.

El lugar, además, contará con espacios públicos con wifi , habrá enchufes y diversas medidas de seguridad.

Mientras los trabajadores siguen cortando y puliendo materiales, Salazar cuenta que para la próxima semana ya tienen agendada su primera feria del libro. Se llamará «Anda a Leer!» y concentrará a unas 60 editoriales independientes y una exposición de los cuentos sobre la ciudad que tuvieron un lugar destacado en el concurso literario Santiago en 100 Palabras. Así comenzó la apertura del MUT.

La demanda interpuesta por el municipio de Daniela Peñaloza busca anular un derecho público emitido en abril de 2018 por la comuna de Vitacura.
Un caso judicial envuelve a dos comunas aledañas del sector oriente de la Región Metropolitana. En marzo de este año la Municipalidad de Las Condes interpuso una millonaria demanda contra su comuna vecina Vitacura, debido a un terreno ubicado en Tabancura de aproximadamente tres hectáreas.

La demanda busca anular la Modificación N° 32 al Plan Regulador Comunal de Vitacura ‘Áreas Verdes Costanera Sur Oriente’, emitido en abril de 2018. Este decreto le otorga carácter de área verde metropolitana a los paños de Tabancura que, según la definición del Ministerio de Obras Públicas, son ‘destinadas tanto a hermosear el paisaje, otorgar un espacio de recreación, compensar la vegetación extraída por efecto de las obras concesionadas, como a los sistemas que se implementen con el propósito de controlar la erosión’.

La municipalidad de Las Condes afirmó que se cambió de forma ilegal las condiciones de uso de suelo y de edificación aplicables a dichos predios, vulnerando la normativa urbanística de fondo.

Pero, ¿en qué afecta este terreno a la comuna de Daniela Peñaloza? A pesar de que los paños están insertos en Vitacura, el propietario del área es el municipio de Las Condes. Es por eso que el demandante declaró que la finalidad real de la modificación no fue la de habilitar la creación de un parque urbano, ‘sino la de impedir que la municipalidad pueda hacer uso de sus predios en cuanto propietario para así poder desarrollar un proyecto de viviendas sociales o enajenar los terrenos en condiciones adecuadas que permitan el financiamiento de la construcción de viviendas sociales en otro lugar de su comuna’.

En la misma línea, el documento señala que dicho decreto significó un empobrecimiento efectivo por parte de la Municipalidad de Las Condes de aproximadamente $ 21.600 millones, a raíz del ‘ilegal cambio en las condiciones de suelo y edificación de los predios’, esperando una indemnización por aquel perjuicio.

Una larga controversia

La demanda interpuesta por la municipalidad de Las Condes revive una disputa que remonta a 2017. Durante dicho período los exalcaldes Joaquín Lavín y Raúl Torrealba hicieron públicas las diferencias que existían entre ambos respecto al uso de suelo del terreno. El primero pretendía construir viviendas sociales en los predios, mientras que su par buscaba hacer un parque.

Tras algunos meses de controversia, el exministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, se reunió con los alcaldes para lograr llegar a un acuerdo entre ambas partes. La solución que propuso fue que la Municipalidad de Las Condes debía traspasar la propiedad del terreno a Vitacura mediante la vía legal, entregándole la mitad de forma gratuita y la otra mitad por alrededor de $ 10 mil millones, para que con ese dinero trasladara el programa de viviendas sociales a la Rotonda Atenas.

A pesar de que ambos alcaldes recibieron de buena manera la solicitud presentada por el extitular de la cartera y firmaron un documento denominado ‘Compromiso’, los municipios no lograron llegar a puerto con la solución.

Vitacura responde

Respecto a la demanda, la municipalidad de Camila Merino la rechazó en todas sus partes. ‘La planificación urbana que aprobó el municipio está acorde con el ordenamiento jurídico y con la condición modal, con la que fueron transferidos esos terrenos a la municipalidad de Las Condes hace muchísimo tiempo atrás con la condición de cumplir una finalidad pública, situación que quedó registrado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago’, declaró la directora de asesoría jurídica de la Municipalidad de Vitacura, Sandra Ponce de Leon, añadiendo que el decreto de Vitacura cumple con lo necesario.

En relación a la indemnización de perjuicios que está pidiendo Las Condes, la directora concluyó que esta ‘no tiene ningún sentido’.

Las Condes se mantiene firme

Ante la respuesta de su contraparte, la Municipalidad de Las Condes pide ‘dar lugar a la demanda en todas sus partes’, añadiendo que el municipio de Vitacura intenta ‘desviar la discusión del punto central’.

Respecto al objetivo público de los predios, mencionado en el documento del municipio de Camila Merino, el demandante afirmó que los terrenos son bienes apropiables y comerciables, cuyo uso no pertenece a todos los habitantes, sino que a la entidad propietaria.

En este sentido, el director jurídico de Las Condes, Nicolás Lucero, recalcó que previo al decreto, los paños tenían un uso de suelo y vivienda, por lo que la modificación causó un perjuicio al patrimonio del municipio, desvalorizando el predio.

‘Nosotros como municipalidad claramente tenemos que proteger el patrimonio de cara a los vecinos. Siempre estuvo la intención utilizar esos recursos para poder destinarlos a proyectos de viviendas sociales, de integración social, como ha sido la línea de la alcaldesa. Antes de la modificación los terrenos no eran de funcionamiento público’, afirmó.

Como municipio, están dispuestos a conversar y dialogar con Vitacura, y esperan que en la citación de conciliación fijada por el juzgado para el 8 de agosto, logren llegar a un buen acuerdo entre ambas comunas.

Según el INE, con este último dato el IPC acumula un incremento de 2,1% al sexto mes del año, y en términos anuales se ubicó en 7,6%.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó esta mañana que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una sorpresiva baja de 0,2% en junio de este año, siendo este el menor registro mensual desde septiembre de 2017.

Se trata además de un dato que se ubicó en la parte baja de las proyecciones de analistas, quienes pronosticaban desde una variación nula hasta un alza de 0,2%. De esta forma, según el órgano estadístico, el IPC acumula un incremento de 2,1% al sexto mes del año, y un aumento de 7,6% en términos anuales.

Con esto, la inflación en el país también dejó atrás la racha de tres subidas consecutivas que venía mostrando, luego de que previamente la medición arrojara una escalada de 1,1% en marzo; de 0,3% en abril y de 0,1% en mayo. Eso sí, se trata del segundo dato negativo del año (considerando el -0,1% de febrero).

Según el reporte del INE, siete de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC incidieron en forma negativa en la variación mensual del índice, cuatro aportaron una incidencia positiva y una presentó nula incidencia. Entre las divisiones con disminuciones en sus precios destacó vestuario y calzado (-2,4%), que incidió -0,069 puntos porcentuales, y transporte (-0,4%), con -0,058 puntos porcentuales. Por otro lado, entre las divisiones con alzas en sus precios destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,3%), con 0,072 puntos porcentuales.