¿Extender la negociación tributaria después de julio? La idea enfrenta a la CPC con Hacienda

Líder de los empresarios, Ricardo Mewes, pidió más tiempo, mientras Mario Marcel replicó que le llamaba “la atención”.
Hace dos semanas fue la directiva y los parlamentarios de Evópoli los que propusieron al ministro de Hacienda, Mario Marcel, extender la negociación por el pacto fiscal hasta diciembre y enviar recién en marzo del próximo año un nuevo proyecto tributario. El “libreto” del Gobierno es que a fines de este mes dará a conocer su itinerario legislativo sobre su plan tributario, que sufrió un duro traspié en marzo, con el rechazo de la idea de legislar en la Cámara de Diputados.
La idea de alargar los plazos de la conversación ayer también fue pedida por el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes. “Necesitamos más tiempo para hacer propuestas serias, pero el plazo está muy acotado y no veo que sea factible cumplirlo”, dijo Mewes en T13 radio.
El planteamiento del líder de la CPC, que va en línea con lo propuesto por otros actores, no cayó bien al ministro Mario Marcel. “Respecto a requerir más tiempo, en primer lugar, no deja de llamar la atención que un gremio que señaló que el tema del crecimiento es de particular relevancia y es el centro de un pacto fiscal como el que estamos trabajando, requiera más tiempo respecto de un proceso que se inició hace cerca de dos meses, y particularmente, en materia de crecimiento”, dijo el ministro.
Recordó Marcel a la CPC que, “nosotros, en un plazo relativamente breve, porque ya veníamos trabajando en esta materia, hicimos 36 propuestas de iniciativas para estimular la inversión, la productividad y el crecimiento económico”, y enfatizó que “si realmente uno está motivado por contribuir al crecimiento de la economía, debería ser capaz de generar sus propuestas quizás con mayor rapidez”.
No obstante, el jefe de las finanzas públicas abrió la puerta a recibir sugerencias fuera de plazo: “Va a haber espacio en la propuesta que vamos a hacer para seguir enriqueciendo algunas de estas propuestas. Creo que si este gremio requiere más tiempo, tendrá la oportunidad”.
La relación entre el Gobierno y la CPC se ha visto tensionada en las últimas semanas. Si bien en el principio de la convocatoria del pacto fiscal para revivir la reforma tributaria hubo una buena acogida a discutir las materias que había levantado Hacienda, el empresariado después cerró la puerta a debatir cualquier alza de impuestos. Ello fue calificado como “un cambio de actitud” por parte de Marcel.
Asimismo, en el Ejecutivo y en el mundo político han criticado a la CPC por el “téngase presente”, que ingresó al Tribunal Constitucional por el proyecto de ley que endurece las penas a los delitos económicos y ambientales.
Itinerario
Marcel ayer confirmó que, en los próximos días, el Gobierno entregará su propuesta de pacto fiscal. “A fines de este mes, tal como lo planteó el Presidente de la República, vamos a hacer nuestra propuesta de pacto fiscal y esperamos tener una positiva acogida, dado que va a haber recogido muchas ideas y muchas propuestas de distintos sectores”, señaló.
El ministro aseguró que hasta el momento, “se ha avanzado de manera muy constructiva en el diálogo con todos los actores que han estado disponibles para concurrir a este trabajo. Llevamos alrededor de 25 reuniones con distintos actores económicos, sociales y políticos. A partir de ahí, se ha ido formulando una serie de propuestas que hemos intercambiado, y hemos pedido opinión a quienes han sido nuestros interlocutores”.
“Hemos tenido varias reuniones, ocho con las organizaciones de empresas de menor tamaño, cuatro con la CPC, dos con organizaciones de la sociedad y con los diversos partidos del espectro político, de manera que se ha avanzado mucho en cuanto a los contenidos posibles de este pacto fiscal”, agregó.
INSISTENCIA
Boric comprometió el envío de la insistencia al Senado por la reforma tributaria a fines de julio.

2do. Tribunal Ambiental deja sin efecto aprobación de proyecto inmobiliario de US$ 350 millones en Peñalolén

La empresa que impulsa este plan de 24 edificios rechazó la sentencia, que alude a impactos viales, y estudia el camino para revertir el dictamen.
El Segundo Tribunal Ambiental acogió las dos reclamaciones interpuestas en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y dejó sin efecto aprobación del proyecto inmobiliario ‘Hijuelas Quilín’, ubicado en la comuna de Peñalolén, que considera la construcción de 24 torres y una inversión de US$ 350 millones, en un plazo de nueve años.
Se trata de una iniciativa de la Inmobiliaria Universa, cuyos socios son Jaime Araya, sus hermanos Alberto y Rafael; la familia Peña Vial y Gastón Escala, expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción.
Luego de analizar los antecedentes de la causa, la sentencia concluye que el SEA no justificó adecuadamente que la iniciativa inmobiliaria no generará efectos en sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, específicamente asociados a potenciales impactos viales.
Con esta decisión, el tribunal dejó vigente la primera decisión del SEA respecto del proyecto inmobiliario, que calificó desfavorablemente -a través de la RCA N° 688/2019- la iniciativa proyectada por Inmobiliaria Universa. El proyecto había obtenido en 2020 una Resolución de Calificación Ambiental favorable con condiciones.
Las reclamaciones fueron presentadas por la Municipalidad de Peñalolén y un grupo de vecinos de esa comuna. El tribunal estuvo integrado por los ministros Cristián Delpiano, presidente (s), Daniella Sfeir y Carlos Valdovinos, suplente del Tercer Tribunal Ambiental, en calidad de subrogrante.
Jaime Araya, socio de Inmobiliaria Universa, manifestó su sorpresa y disconformidad con el dictamen. Indicó que ‘la sentencia se funda en que los estudios que presentó Universa no descartaron un aumento en los tiempos de desplazamiento de los grupos humanos. En este punto, la sentencia es errada y se funda en antecedentes equivocados. Como titulares, demostramos latamente en la evaluación ambiental y también en el juicio, que la situación con proyecto es a todas luces una mejora respecto de lo que actualmente existe en el lugar’.
Araya recordó que ‘en su momento, la decisión del SEA de dar luz verde al proyecto tomó en consideración sus obras de urbanización, gracias a las cuales la avenida Quilín, que hoy mantiene un perfil rural, sin veredas y con postes instalados en su berma, se ensancharía a dos pistas por lado, siguiendo la misma línea del tramo que une a avenida Sánchez Fontecilla con avenida Consistorial, con lo cual los tiempos de desplazamiento disminuirán significativamente.’
Señaló que el proyecto se emplaza en un terreno de más de 15 hectáreas, ‘garantizando una baja densidad, y que no se diseñó como condominio privado, tan usual en la comuna de Peñalolén. Por el contrario, el proyecto se configuró como un espacio público abierto, que contempla un parque de dos hectáreas y varias plazas’.
Respecto del reclamo de la municipalidad, indicó que ‘resulta a todas luces incomprensible que esta autoridad perjudique más de 2.000 puestos de trabajo durante los nueve años que dura la construcción, y que con ello se renuncie a más de $3.500 millones anuales en contribuciones de bienes raíces’.
La inmobiliaria está estudiando el camino para intentar revertir el fallo del tribunal ambiental.
TRABAJO
Más de 2.000 puestos de trabajo generaría el desarrollo de este proyecto.

Minera de Luksic ajusta proyección de producción por sequía y reprogramación de desaladora

Empresa confirmó recepción de US$ 945 millones de la venta de su participación en el proyecto Reko Diq en Pakistán.
Pese a que durante el primer semestre la minera de los Luksic aumentó en un 10% su producción, Antofagasta Minerals (AMSA) ajustó su proyección de cobre para el año a un rango de entre 640 mil toneladas y 670 mil toneladas por efecto de una menor disponibilidad de agua para sus procesos productivos. Lo anterior, tanto por el impacto de la sequía como por reprogramaciones en la puesta en marcha de su desaladora en la Región de Coquimbo, donde se ubica Minera Los Pelambres.
En febrero, cuando la firma entregó los resultados financieros de 2022, Antofagasta plc (matriz de AMSA, que cotiza en Londres) señaló que durante 2023 esperaba producir entre 670.000 y 710.000 toneladas de cobre, entre 220.000 y 240.000 onzas de oro, y entre 10.000 y 11.500 toneladas de molibdeno.
Pero Antofagasta Minerals indicó ayer que debido a reprogramaciones en la puesta en marcha del proyecto de Infraestructura Complementaria (INCO) de Minera Los Pelambres y a la persistente sequía en la Región de Coquimbo, actualizó su estimación de producción de cobre fino para este año a un rango de 640.000 a 670.000 toneladas. Esto, con un costo neto de caja de US$ 1,65 la libra, después de créditos por subproductos.
La empresa, que consolida los resultados de Los Pelambres, Centinela, Antucoya y Zaldívar, manifestó que el primer semestre obtuvo una producción ascendente a 295.500 toneladas de cobre fino, lo que significa un aumento de 10% respecto al mismo período del año anterior. La producción de oro fue de 86.200 onzas y la de molibdeno llegó a 4.900 toneladas.
“A raíz de las constantes e intensas marejadas asociadas al fenómeno climático de El Niño, en el último trimestre hubo reprogramaciones en las actividades de término de las obras marinas de la planta desalinizadora que Minera Los Pelambres está construyendo en Los Vilos, las que ahora se encuentran prácticamente finalizadas. Asimismo, se ha requerido un tiempo adicional para completar la ampliación de su planta concentradora. Ambos proyectos terminarán su puesta en marcha durante este segundo semestre. Debido a estas condiciones y a la falta de lluvia, hemos actualizado las estimaciones de producción para este año”, explicó el presidente ejecutivo de la compañía, Iván Arriagada, al referirse a los ajustes.
Inversiones
Asimismo, Antofagasta Minerals ratificó que espera invertir US$ 1.900 millones durante el año en curso. Además de iniciativas para asegurar el correcto funcionamiento de sus operaciones, estos recursos permitirán terminar la construcción del proyecto INCO de Minera Los Pelambres. La compañía informó que durante junio la planta desalinizadora produjo en promedio 160 litros por segundo (l/s) de agua y que en los próximos meses alcanzará su capacidad de diseño de 400 l/s.
Venta de Reko Diq
Por otra parte, AMSA confirmó que ya recibió los fondos de la venta de su participación en el proyecto Reko Diq (US$ 945 millones) en Pakistán. Esto, tras conocerse a fines del año pasado un acuerdo mediante el cual un consorcio de firmas paquistaníes estatales adquiriría la participación de Antofagasta plc en la sociedad propietaria de la iniciativa a cambio del monto señalado. Esto ocurre después de más de tres años de una resolución del Ciadi y a más de una década de que se iniciara un proceso judicial entre Antofagasta Minerals y el Estado Islámico de Pakistán por el proyecto.
En relación con el mercado internacional, Iván Arriagada dijo que “estamos observando una resiliencia en la demanda por el cobre, a medida que se sigue avanzando en la meta global de descarbonización”.

Hacienda plantea régimen de transición hacia sistema desintegrado e impuesto sustitutivo

Como una forma de fomentar el retiro de utilidades a tasas rebajadas, se propone que sociedades puedan acceder a una tasa total de 32% y 34%, pudiendo utilizar como crédito el impuesto de primera categoría.
En las últimas reuniones para avanzar hacia un pacto fiscal que ha sostenido esta semana con gremios empresariales como las pymes y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el Ministerio de Hacienda propuso una serie de medidas que perfeccionan el proyecto de reforma tributaria rechazado en marzo e incluye nuevas propuestas para ir acercando posiciones.
De acuerdo a una presentación de la autoridad realizada el lunes a organizaciones de empresas de menor tamaño, en la que se detallan la mayoría de los apoyos que irían al sector, una de las medidas apunta a la transición del régimen transparente (pymes liberadas de impuesto a empresas) al dual o desintegrado.
En la iniciativa original, Hacienda definió como un sistema dual de impuesto a la renta el régimen general impositivo para las grandes empresas, que dejará de ser semiintegrado entre el impuesto a las personas y a las empresas, como funciona actualmente, pasando a ser desintegrado. Actualmente, un socio de una empresa puede descontar de su impuesto personal hasta un 65% de lo que ya tributó su compañía. Con la reforma original, ese crédito tributario se elimina y el pago de impuestos se realiza por separado entre compañía y accionista. Para ello, se mantiene el tributo de Primera Categoría en 27%, pudiendo ser rebajado a 25% si hay inversiones en innovación y tecnología, y se crea un impuesto único a los dividendos de 22%.
Para pasar del régimen transparente al dual Hacienda planteó que las utilidades que hubieran completado su tributación y que no hayan sido retiradas de la empresa deberán registrarse en el registro de utilidades con tributación cumplida sin orden de imputación. Asimismo, las utilidades que se imputaron al beneficio de reinversión tendrán preferencia para su distribución durante el primer año de ingreso al régimen general. Por los siguientes tres años mantendrán la preferencia, pero a continuación de las nuevas utilidades generadas. Al 5º año el saldo deberá anotarse en el REX (Registro de Rentas Exentas e Ingresos no constitutivos de Renta).
En la transición del régimen integrado al dual, se propone que las firmas podrán mantener el SAC (control de los saldos acumulados de créditos por impuestos a empresas) y distribuir utilidades con crédito por hasta 4 años desde el ingreso al régimen dual. Durante el primer año las utilidades tendrán preferencia en su retiro, por los siguientes tres años podrán ser retiradas a continuación de las nuevas utilidades. Durante todo este período podrán además acoger parte o todas estas utilidades a un impuesto sustituto de impuestos finales con tasa 35% con crédito por el tributo pagado por la empresa.
Asimismo, como forma de fomentar el retiro de utilidades a tasas rebajadas, se propuso que las sociedades puedan también acceder a un impuesto sustitutivo (ISUA). En este caso, las utilidades quedarán sujetas a una tasa total de 32% y 34%, pudiendo utilizar como crédito el impuesto de primera categoría. “Esta opción resulta más beneficiosa para las pymes que para las empresas en el régimen general, pues estas últimas quedarían sujetas a tasas totales de entre 34 y 36%”, se precisa en la presentación.
También se amplía el porcentaje de reinversión hasta el 70%, que supone una distribución mínima de 30% de las utilidades, y se amplía el monto máximo imputable a 7.000 UF.
Visión de expertos
A juicio del socio líder de Impuestos de Grant Thornton, Nicolás Alegría, “proponer un impuesto sustitutivo para un pyme realmente no tiene sentido, pues el socio no busca retirar para gastarse el flujo, necesita reinvertirlo”.
Advierte que “se echan de menos medidas que para las pymes realmente han movido la aguja. Depreciación instantánea, por ejemplo, de bienes físicos y de intangibles es algo que debiera mantenerse”.
El presidente de la comisión tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, dice que “más que una ruta del emprendimiento debemos contar con una carretera del crecimiento a nivel de nuestro sistema tributario. Esto implica evaluar el establecimiento de un solo régimen integrado de renta para todas las empresas independientes de su tamaño, restablecer la equidad horizontal y eficiencia del sistema y diferenciar tasas de impuesto renta menores para las pymes”.
GRADUALIDAD
Para volver a la tasa de 25% a las pymes, se propone un proceso gradual, que culminará en 2028.

Construyen el edificio más grande de Europa con impresión 3D: se demorarán 140 horas

Utiliza una mezcla fina especial de cemento, polímeros y aditivos secantes que la vuelven moldeable y compacta para formar los muros.
A fines de julio estará listo el edificio impreso más grande de Europa. Se trata de la construcción de 600 mts2 de un piso de 9 metros de alto, con 54 metros de largo y 11 de ancho, que albergará a las instalaciones de una empresa de tecnología en la localidad de Heidelberg, Alemania. Se inició en marzo de este año y demorarán unas 140 horas en imprimir la obra gruesa. La empresa de servicios de construcción en 3D Peri informó que se pueden llegar a imprimir unos 4 mt2 de edificio por hora. Implementaron un pórtico modular robótico en altura que soporta y mueve la manguera e impresora BOD2 de la empresa Cobod, de forma vertical para dispensar la mezcla de material para formar las paredes. La gracia es que las de este edificio tiene formas circulares.

«El diseño especial de la pared usado en el edificio documenta la inmensa libertad de diseño que la impresora facilita», dijo Fabian Meyer, director ejecutivo de PERI 3D Construction. Se marca un hito más en el desarrollo de la tecnología en el rubro inmobiliario, porque «va acompañada del uso de tecnología de punta. Se ha desarrollado fuerte en países como China, pero no así de estas proporciones como en Alemania. Hace replantear las nuevas formas y opciones de diseño», indica Felipe Sepúlveda, arquitecto y director del Magíster en Arquitectura de la Universidad del Desarrollo.

Estructura sin fierros

«El avance de la impresión 3D ha sido notable. En menos de 20 años pasó de ser una idea a una realidad construida», afirma Mauricio Loyola, académico del departamento de Arquitectura de la U. de Chile, sobre el proceso de construcción que funciona «parecido a como se hacen las tortas de discos de merengue. Una manga gigante deposita concreto fresco y se va moviendo de manera robotizada para formar la figura de los muros en el piso. Repite la operación unos centímetros más arriba, haciendo una nueva capa, así va ganando altura y se forman los muros».

Además, no se requiere fierros o moldajes, destaca el director de la Escuela de Construcción de la U. de las América, José Ignacio Torres: «Es el mismo material el que actúa como estructural. Su forma media ovalada genera una continuidad y hace que se auto soporte, lo que sirve para Alemania y otros países no sísmicos». La mezcla no es cemento tradicional, sino una mezcla de hormigón con polímeros y otros componentes: «Se logra hacer como un pegamento para darle más firmeza, aunque hay mezclas que son sólo plásticas que pueden ser igual de fuertes».

Pablo Banda, candidato a doctor en Arquitectura y docente de Fabricación Digital de la Universidad Diego Portales, acota que al no tener piedras ni huevillo permite que puedan pasar por la impresora: «Tiene cemento, hay formulaciones con arenas, aditivos como acelerante para que fragüe la capa porque tiene que solidificarse para resistir la nueva capa que viene encima sin deformarse». Cambios que, además, reducen el tiempo de construcción, hay mayor control de los materiales, menos desechos y mano de obra, ya que no se necesita albañiles ni jornaleros, sólo operarios que vigilen la máquina.

¿Y qué pasa en Chile?

Según el reporte anual de Cobod, en 2022 había 129 edificios impresos con 3D de más de 10 mts2, y de ellos, 54 se hicieron el año pasado. En Chile aún no han llegado y es difícil que lo hagan en el corto plazo, destaca Luis Palominos, jefe de laboratorio de fabricación digital Protolab de la dirección de Innovación de la U. Mayor, porque debe cumplir primero con la normativa sísmica chilena para su implementación. Acota que hay universidades que están estudiando su uso y formas de implementarlas sin correr riesgos de calidad ni seguridad ante un movimiento telúrico.

Empresas del sector inmobiliario y bancario se unen para hacer el primer “Black Inmobiliario”: ¿Cuándo es?

La instancia, organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Asociación de Bancos e Instituciones (ABIF), permitirá a los consumidores acceder a una amplia gama de ofertas inmobiliarias, financiamiento y seguros.
Dentro de pocos días se realizará la primera versión del Black Inmobiliario, el cual permitirá a los consumidores acceder a una amplia gama de ofertas inmobiliarias, financiamiento y seguros.
Este evento online es coordinado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Asociación de Bancos e Instituciones (ABIF).
María Teresa Vial, presidenta de la CCS, señaló que “esta actividad es un esfuerzo conjunto entre los tres gremios y sus empresas, para acercar y posibilitar a las personas el acceso a la adquisición de una vivienda a valores especiales y de forma segura”.
“Hemos visto una mejoría en los indicadores del sector, con una disminución en el precio de las viviendas, un repunte en las ventas, que llegó al 9% en 12 meses en el primer trimestre, e importantes crecimientos en los créditos hipotecarios”, agregó.
Por su parte, Juan Armando Vicuña, presidente de la CChC, sostuvo que la iniciativa “llega en un momento en que las inmobiliarias están haciendo buenas ofertas y con buenas perspectivas para las tasas de interés, elementos que pueden conjugarse a favor de quienes estén pensando en comprar una vivienda”.
Asimismo, Luis Opazo, gerente general de ABIF, agregó que permite, por una parte, “mejorar la disponibilidad de una variedad de proyectos inmobiliarios, y de las mejores alternativas para acceder a ellos. Las alternativas varían de acuerdo con la propuesta que oferta cada banco, así como la respectiva evaluación crediticia”.
Black inmobiliario: ¿Cuándo se realizará y dónde?
El evento virtual se realizará entre el lunes 24 y el miércoles 26 de julio. Quienes deseen acceder a las oportunidades de alguna de las 47 empresas participantes deben acceder al sitio oficial blackinmobiliario.cl.

Vittorio Corbo prevé un recorte de 50 puntos base en la tasa de política monetaria, en la parte baja del consenso

La apuesta de Corbo sobre la tasa de interés: “El B. Central se va a mover algo más cauto”
Más importante que bajar agresivamente la tasa, es la dirección monetaria y, además, tener una reforma tributaria mucho más amigable al ahorro y la inversión, dijo en un seminario de Sura.
El expresidente del Banco Central Vittorio Corbo estimó que la autoridad monetaria irá bajando de a poco la tasa de interés de referencia. Se inclinó por un primer recorte en torno a 50 puntos base, desde el actual nivel de 11,25%.
‘Creo que el Banco Central se va a mover algo más cauto de lo que piensa el mercado’, dijo el economista.
Según las recientes encuestas de expectativas a operadores financieros y economistas, realizadas por el Banco Central, el consenso apunta a que en su próxima Reunión de Política Monetaria, la entidad reduzca la tasa de interés (TPM) en 75 puntos base, hasta 10,5%. Corbo queda en la parte baja de ese consenso.
La cautela
La inflación sorprendió a la baja en junio, pero sigue alta la inflación sin volátiles o de tendencia, con una variación de 9,1% en 12 meses, recordó Corbo. En su opinión, la baja de tasas viene, pero no será rápida, salvo que haya dos o tres lecturas más en la misma dirección de baja en la inflación.
En el marco del XXIV Seminario Perspectivas Económicas, organizado por Inversiones Sura, Corbo mencionó diversos factores para ser cautos. Uno de ellos es que en diciembre pasado se observó una baja en la inflación, pero luego remontó, lo que hace necesario tener más lecturas. Además, el peso se ha estado depreciando en forma importante, a causa de una caída en el precio del cobre, pero también dado que se ha transmitido un escenario en el cual la tasa puede bajar en forma muy rápida.
Otro efecto en el margen es la política de acumulación de reservas, a su juicio necesaria, porque estaban en niveles muy bajos para una economía global que presenta grandes riesgos, especialmente en el sector financiero, si suben mucho las tasas.
Permisología
Con todo, dijo que más importante que bajar agresivamente la tasa, o no bajarla, es la dirección. Enfatizó que retomar el crecimiento requiere eliminar la ‘permisología’ y tener procedimientos claros en la tramitación de proyectos, y una reforma tributaria que sea más amigable al ahorro y la inversión.
‘Es el problema que tenemos. El ahorro en Chile ha caído siete puntos porcentuales y ha caído la tasa de inversión. Sin harina no se hace pan; sin inversión y sin capital humano no se puede crecer. El resto es puro voluntarismo’, comentó.
Debate fiscal
Corbo fue consultado acerca de la discusión política sobre materias como el crecimiento, las reformas de pensiones y tributaria y el pacto fiscal.
Al respecto, celebró que el crecimiento económico haya vuelto al centro de discusión. También, que el Presidente Gabriel Boric reconociera en su gira en Europa, como lo han hecho organismos multilaterales, que Chile tuvo 30 años ‘fantásticos’ hasta octubre de 2019. ‘Hubiera sido mucho mejor si el sistema político hubiera avanzado en reformas importantes para aumentar la productividad, y eso es lo que falló’, agregó.
La economía está en ajuste. Cuando concluya, señaló, la velocidad del dinamismo será incluso menor a 2%, por lo que relevó la importancia de preocuparse por la inversión y el crecimiento.
En el caso de las pensiones, consideró que es ‘poco’ que se esté hablando de una cotización adicional de 6%, y que al menos debería ser de 8%, con una parte importante que vaya a capitalización individual.
En el ámbito tributario, sugirió abordar la eliminación de exenciones como las propuestas de la comisión en la que participó en la anterior administración. Pero alertó de que ‘hay que romper muchos huevos, porque hay muchos intereses creados’.
El problema del uso de recursos públicos que dejó al descubierto el caso de las fundaciones, a su juicio, es un capítulo que debería abordar el pacto fiscal. Mencionó como desafío superar el rezago en la digitalización del aparato público.
Proyecciones macro
Vittorio Corbo proyecta que el PIB de Chile caerá este año entre 1% y 0,5%, y que en 2024 crecerá entre 1,25% y 2,25%. La inflación cerraría diciembre entre 3,9% y 4,4% anual; el próximo año, entre 2,8% y 3,5%, y en dos años, con alta probabilidad de situarse en la meta de 3%. El déficit en cuenta corriente alcanzaría el 4% del PIB tanto este año como el próximo.
Para el tipo de cambio prevé una presión depreciativa del peso, que va a transitar entre $818 por dólar y $830, $835 y $840 por dólar.
En el ámbito externo planteó especial preocupación por la desaceleración de la economía china en el segundo trimestre, muy relevante para Chile, porque es el principal socio comercial y afecta el precio del cobre y el tipo de cambio.
PENSIONES
‘Dada la esperanza de vida del chileno, el 6% es poco, deberíamos hablar por lo menos de 8% y que una parte importante vaya a capitalización individual’.

Cencosud prepara respuesta a valor de expropiación de terreno en Vitacura para obras del Metro

Paño -que forma parte de predio en esquina de Padre Hurtado y Kennedy, donde se planea levantar el Alto Las Condes 2-, tiene un avalúo fiscal de $ 3,5 millones por m2.
La construcción de la nueva Línea 7 del Metro de Santiago considera la expropiación de una serie de terrenos para el desarrollo de las estaciones del tren subterráneo. Como parte de estos procesos, el Fisco ya está enfrentado con Copec, que consideró poco el monto de la indemnización por un terreno donde se ubicó una estación de servicio en el barrio El Golf. Mismo camino podría seguir el grupo Cencosud.

La empresa adquirió un terreno de 23.669 metros cuadrados (m2) frente al Alto Las Condes en 2010. Pagó US$ 56 millones al empresario Carlos Celle Cafferata. La idea del grupo liderado por la familia Paulmann es levantar un centro comercial abierto, del mismo tipo y similar tamaño del Portal La Dehesa, con tiendas de lujo, cafeterías y restaurantes de alta gastronomía, además de edificios de oficinas.

No obstante, el proyecto -denominado Alto Las Condes 2- lleva años judicializado, luego que el Municipio de Vitacura caducara el permiso de edificación de la iniciativa. A su juicio, éste fue otorgado en 2000 y su duración era por tres años.

Y mientras se está a la espera del fallo de la Corte Suprema, hasta donde llegó la compañía para buscar validar el permiso de construcción, el Ministerio de Obras Públicas, liderado por Jessica López, emitió el decreto en que se expropió parte del terreno en cuestión, el que tiene un avalúo fiscal de $ 21.527 millones.

‘Exprópiese para la empresa Metro S.A. el lote de terreno, necesario para la ejecución de la obra Proyecto Línea 7’, dice el documento del pasado 20 de junio firmado por la ministra López.

Originalmente, el plan del MOP -en 2019- consideraba la expropiación de 2.854 metros cuadrados, pero a fines del año pasado se redujo a 307,76 m2.

La comisión de peritos -compuesta por Pamela Campos, Victoria Blanco e Itsang Lu- fijó la indemnización del paño expropiado en $ 1.091 millones. ‘Un punto importante que cabe destacar, es el tamaño del predio del lote (…).

Es un bien apreciable y difícil de encontrar en la misma comuna, además por su superficie, permite acogerse a leyes especiales que favorece mayor altura y coeficiente de constructibilidad’, dice el informe.

Los expertos determinaron la aplicación de un 25% aproximado sobre el valor base promedio, por concepto de tamaño de superficie, por tratarse de sitio esquina con frente a cuatro calles, buena accesibilidad por estar inmediato a las avenidas Kennedy (Costanera Norte) y Padre Hurtado, normativa favorable en uso de suelo y altura de edificación, frente al Mall Alto Las Condes, entre otros. ‘Por lo tanto, la comisión de peritos determina que el valor comercial del lote es de $ 3.500.000 por m2 de terreno’, dijo la instancia.

Como parte del proceso expropiatorio, el Consejo de Defensa del Estado inició un proceso judicial por medio del cual se busca que Cencosud Shopping -la filial inmobiliaria del conglomerado y dueña del paño- se pronuncie sobre el monto indemnizatorio, bajo apercibimiento de que, transcurrido un plazo, no podrá hacer valer después su derecho a reclamación sobre dicho monto.

Consultada la empresa, desde Cencosud Shopping señalaron: ‘Se trata de un trámite usual y la compañía se encuentra analizando el monto de indemnización provisional’.

La demanda

En el caso de Copec, se trata de un paño de 1.725 m2, ubicado en el triángulo formado por las avenidas Andrés Bello, Vitacura e Isidora Goyenechea, frente a la embajada de Estados Unidos, donde por año funcionó un servicentro que cerró sus puertas hace varios meses. En el terreno se desarrollará la estación Isidora Goyenechea, una de las 19 paradas de la futura Línea 7 del Metro.

El Fisco inició un litigio tras acusar que, a su juicio, se estaría pagando a Copec un valor superior al correspondiente por la expropiación del terreno donde se ubicó una de las estaciones de servicio más emblemáticas del sector oriente de la capital. Apuntó a un ‘error en el cálculo’ de la comisión tasadora.

La empresa rechazó los argumentos del CDE y presentó una demanda de reclamo de monto de indemnización provisional por expropiación. ‘El terreno expropiado tiene un valor superior al fijado por la Comisión de Peritos del MOP’, sostiene la compañía ligada al grupo Angelini.

Así, mientras la empresa asegura que ‘es perfectamente posible construir y desarrollar un proyecto inmobiliario’ en el paño, el Consejo de Defensa del Estado afirma: ‘Ahí no se puede construir nada’.

La comisión tasadora fijó un valor por metro cuadrado del terreno expropiado de $ 2.450.000, lo que da un total de $ 4.226 millones por la superficie total del paño en cuestión.

Copec solicitó a la justicia el pago de $ 4.041.946 por m2, poco más de $ 6.972 millones por todo el terreno, mientras que el Fisco pidió fijar una indemnización de $ 1.275.841 por m2, lo que da un total de $ 2.201 millones por toda la superficie.

Venta de viviendas en la RM aumenta 26% en el primer semestre, pero permisos de edificación llegan a nivel más bajo en tres décadas

La inflación a la baja, las tasas de interés que comenzarían a disminuir, los mayores plazos de otorgamiento de los créditos hipotecarios, entre otras razones, estarían impulsando la comercialización de viviendas en la capital. Además, la oferta se encuentra a niveles récord.
La venta de viviendas en Santiago tuvo un importante crecimiento en el primer semestre del año, alcanzando un aumento del 26% en comparación con el mismo período del año pasado y 33% respecto al semestre inmediatamente anterior. Entre las razones se encuentran una inflación que va a la baja, mayores plazos para el otorgamientos de créditos hipotecarios (respecto a lo que se veía hace un año), entre otras. Sin embargo, el sector también enfrenta una serie de desafíos, por ejemplo, con la caída del 50% en los permisos de edificación a nivel nacional y del 34% en la Región Metropolitana.

Así lo muestra un informe de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que indica que durante los primeros seis meses del año se vendieron 11.068 unidades de departamentos y 1.434 casas, es decir, 12.502 viviendas en total en la Región Metropolitana, esto es un aumento de 26% en comparación con el primer semestre del año pasado y 33% respecto del semestre anterior.

En el segundo trimestre, en tanto, la comercialización de viviendas también creció. Durante abril-junio la venta creció 31% en comparación con el segundo trimestre del año pasado y 23% respecto del trimestre anterior. En concreto, en este período se vendieron 6.467 unidades de departamentos y 791 casas. Este resultado se explica, dice el reporte del gremio de la construcción, por una importante caída de la venta de casas (18% de baja), que pudo ser contrarrestada por el mejor desempeño de la venta de departamentos (42% más de ventas).

De acuerdo con Juan Armando Vicuña, presidente de la CChC, el aumento de las ventas de viviendas a nivel semestral se debe a que «se observan mejores condiciones de mercado para tomar la decisión de la compra de una vivienda. El ritmo de ventas se ha acelerado por efecto de una inflación a la baja -lo que desacelera el aumento del precio de la UF-; tasas de interés que comenzarían a disminuir; mayores plazos de otorgamiento de los créditos hipotecarios y un interesante stock de viviendas para entrega inmediata con descuentos».

Ahora, en términos de ventas por estado de obra, en el trimestre el 49% de los departamentos vendidos estaba terminado o en terminaciones (14 puntos porcentuales más que en 2022) y en la venta en blanco concentró sólo el 19% de la demanda. En el caso de las casas, en el trimestre la venta en blanco y en etapas iniciales (excavaciones y fundaciones) perdió 12 puntos porcentuales en comparación con el segundo trimestre del 2022, concentrando 30% de la demanda.

En el análisis por comuna, en el segundo trimestre del año el sector sur de la capital (San Joaquín, Puente Alto y San Bernardo) y la zona poniente (Quinta Normal y Cerrillos) aumentaron su participación en la demanda. En ese sentido, el sector sur de la capital concentró el 9% de la demanda este período, versus 3% el mismo lapso de 2022. La zona poniente, en tanto, concentró también el 9% de demanda entre abril y junio, mientras que en el mismo lapso del año pasado concentró el 5%.

Por su parte, Ñuñoa, Macul y La Florida -comunas líderes de venta en 2022- perdieron varios puntos de participación en la demanda. Ñuñoa pasó del 14% al 13% de participación de la demanda en el segundo trimestre del año, Macul del 11% al 6% y La Florida del 21% al 19%.

Con respecto al mercado de las casas, las comunas del norte de Santiago (Lampa), poniente (Padre Hurtado) y sur (Puente Alto) son las que más aumentaron su participación en la demanda. Así, las comunas de Lampa y Quilicura en conjunto pasaron del 18% al 32% de la participación en la demanda en el segundo trimestre del año. Padre Hurtado, Peñaflor y Talagante, en tanto, concentraron el 11% de la demanda, versus el 9% año a año y Puente Alto el 18% este segundo trimestre y el 11% en el mismo lapso del 2022. Por otro lado, en el sector Oriente, dice el reporte, «se repite un ritmo de ventas muy débil», sólo con el 1% de la participación en la demanda.

En relación a la demanda, el presidente del gremio aseguró que en este primer semestre destacó la comercialización de departamentos, así como de unidades con subsidio y para entrega inmediata.

Con respecto al ingreso de nuevas unidades, en el trimestre ingresaron 5.307 departamentos y casas, lo que implicó un incremento de 33% respecto del mismo período de 2022 y un alza de 134% en relación al trimestre anterior

Ahora, en relación a la oferta, durante el segundo trimestre del año la cantidad de viviendas disponibles para venta registró un incremento de 7% respecto del mismo período de 2022 y de 2% versus el primer trimestre del año. De acuerdo con el gremio de la construcción, en este período se alcanzó un nuevo récord, con 67.000 unidades disponibles.

Durante el trimestre, la velocidad de venta de viviendas «se mantuvo en niveles deteriorados», dice el informe, promediando 28 meses para agotar la oferta disponible: 29 meses en el caso de los departamentos y 18 meses para las casas.

Al respecto Juan Armando Vicuña sostuvo que «la que la caída de las ventas el año pasado fue extraordinariamente severa producto de la alta inflación, y a que las mejores condiciones para adquirir una vivienda han comenzado a hacerse evidentes en el último tiempo». En todo caso, a ello agregó que una de las características de la demanda de viviendas es que esta no desaparece, sino que solo se posterga en los períodos de contracción económica, por lo que, sería esperable que la velocidad de venta comience a aumentar en un futuro cercano.

Con respecto a los precios, en el segundo trimestre, en el caso de los departamentos, se observó un promedió de 76,4 UF/m2, experimentando un alza anual de 3%. Por su parte, el precio de las casas sigue ajustándose a la baja, promediando 61,6 UF/m2, lo que significa 10% más bajos en relación al año anterior. En tanto, en el trimestre abril-junio el precio de las viviendas disminuyó 2,6% anual (una baja de 3,6% de los departamentos y un alza de 3,1% de las casas).

Uno de los desafíos que se plantea el gremio de la construcción es revertir la menor oferta de viviendas que se observa en el corto plazo. Esto en vista de que, en relación a los permisos de edificación, a mayo de 2023 las viviendas autorizadas anotaron una importante caída en comparación con 2022. En la Región Metropolitana la baja fue de 50%, llegando a 9.470 permisos de viviendas. Mientras que a nivel nacional la caída fue de 34%, hasta 29.294 permisos de unidades. Desde la Cámara dicen que estos son los peores registros de las últimas tres décadas.

Sobre esto, el presidente de la CChC aseveró que la voluntad de invertir en desarrollos inmobiliarios ha estado fuertemente socavada por distintas razones. «La pérdida de certeza jurídica, la elevada e innecesaria tramitología, el encarecimiento de los costos de construcción y de los créditos, las menores ventas y la incertidumbre político-regulatoria, así como las decisiones de algunas autoridades locales basadas en ideologías más que en fundamentos técnicos», argumentó.

Todo lo anterior, sostuvo, «se refleja en que tengamos los niveles más bajos de superficie autorizada para nuevas obras de los últimos 30 años y es un desafío mayor para las autoridades, ya que es insostenible que aumente el déficit de vivienda e infraestructura que ya tenemos como país».

Sofofa critica ley de delitos económicos y afirman que «podría tener impactos significativos en la actividad empresarial»

En una declaración pública el gremio industrial afirmó que la ley establecerá un estándar jurídico «distinto para un grupo de personas de la sociedad (directivos y gerentes de empresas) respecto del resto de los ciudadanos del país, no respetándose así el principio de igualdad ante la ley, tanto en la calificación de las penas de las que serán objeto, como de los beneficios a los que podrán acogerse en el proceso».
La semana pasada la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ingresó al Tribunal Constitucional un téngase presente en el proceso de control de constitucionalidad que el organismo realiza sobre el proyecto de ley que sistematiza y penaliza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente para que revise algunos aspectos del texto porque «atenta contra el propio Orden Público Económico al seleccionar a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto y más gravoso que el general».

Y la tarde de este lunes, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) envió una declaración pública argumentando las razones por las que se hacen parte de ese requerimiento.

En primer lugar, señalan que «condenamos todas las malas prácticas empresariales, constituyan o no delitos, y consideramos necesario que las conductas delictivas más graves puedan concluir en cárcel efectiva para sus perpetradores».

En ese sentido, mencionan que «creemos en la libre competencia, en el correcto funcionamiento del mercado de capitales, en la responsabilidad de las empresas con el medioambiente, con la seguridad de sus trabajadores y las comunidades».

Como segundo punto resaltan que, si bien la ley aprobada por el Congreso busca generar desincentivos a conductas delictivas, «esta podría tener impactos significativos en la actividad empresarial y, por ello, requiere de una profunda revisión en una serie de aspectos».

Entre ellos mencionan que la ley establecerá un estándar jurídico «distinto para un grupo de personas de la sociedad (directivos y gerentes de empresas) respecto del resto de los ciudadanos del país, no respetándose así el principio de igualdad ante la ley, tanto en la calificación de las penas de las que serán objeto, como de los beneficios a los que podrán acogerse en el proceso».

Si bien puntualizan que «nos parece fundamental condenar y tener legislaciones adecuadas frente a delitos que atentan gravemente contra la actividad empresarial y la sociedad en su conjunto -como la colusión, el cohecho, la corrupción, entre otros, que conlleven un alto costo para sus responsables-, esta ley en particular agrega un grupo de figuras delictivas difusas».

Entre ellas, subrayan «la adopción de acuerdos abusivos en el directorio y la entrega de información falsa, sumados a la ya existente administración desleal, entre otros». Y enfatizan que «la falta de precisión y exactitud en la definición de estas nuevas figuras delictivas genera un ámbito de ambigüedad amplio en la interpretación de la frontera entre el error, la inobservancia y el delito».

Critican el hecho que este nuevo catálogo de delitos -que tienen un carácter más subjetivo- «será difícil de probar por parte de los persecutores y también complejizará la defensa por parte de los acusados, abriendo un amplio espacio de discrecionalidad en la calificación de una conducta». Por lo mismo, sostienen que «la subjetividad descrita se ve agravada por las altas penas de las que serán objeto dichos delitos, y la aplicación de beneficios respecto de los acusados, que, por ejercer cargos de alta responsabilidad en empresas, han sido privados totalmente de ellos».

Por último, aseveran que repudian y condenan a todos quienes cometan delitos económicos, pero «las leyes deben proveer un catálogo de delitos definidos de manera precisa y exhaustiva, donde la subjetividad y arbitrariedad tengan el menor espacio posible. Reiteramos que es fundamental aplicar toda la fuerza del marco legal a quienes cometen efectivamente delitos, siempre resguardando el debido proceso y la igualdad ante la ley».