Proyecciones para IPC de marzo se anclan en 1% por servicios de educación, transporte y alimentos

Sondeo mantiene estimación de inflación anual de 3,5% a dos años plazo, desanclada de la meta y anticipa para junio baja de tasa de interés rectora desde 11,25% a 10,5%.
Si marzo cae en la categoría de uno de los meses más complejos en términos de gastos, las expectativas en materia inflacionaria tampoco son alentadoras en esta ocasión. La mediana de los 58 operadores financieros encuestados por el Banco Central prevé un alza mensual de 1% en el IPC de marzo, afianzándose así las proyecciones que ha venido anticipando el mercado.
El Bci pronostica un alza de 1,2% en marzo, más de la mitad explicada por los servicios de educación, dice Felipe Ruiz, economista del banco. También incide el transporte, principalmente el mayor precio de los pasajes aéreos y el incremento en el costo de algunos alimentos como frutas y verduras, mientras que las carnes presentarían caídas en sus precios.
En su último informe mensual, Banco Santander plantea que el descenso de 0,1% en el IPC de febrero debe tomarse con cautela. Proyecta que en marzo la variación mensual superará el 1%, en lo que incidirá el reajuste anual de las tarifas de educación y la reversión de la caída que registraron en febrero los pasajes aéreos.
En la misma línea, Scotiabank Chile estima un IPC de 1% en marzo, alza que en un 80% la explicaría el rubro educación. A través de su análisis, detecta incrementos de hasta 20% en los niveles de educación más básicos como jardín infantil y transición, y cerca de 13% en la educación básica, media y universitaria.
Tras la apreciación del peso, también recoge caídas de precios generalizadas en las carnes, incluyendo vacuno, pavo y cerdo, especialmente de pollo, por el impedimento de exportar después de algunos casos de gripe aviar. En el transporte aéreo pronostica bajas en los pasajes, a excepción de Europa como destino.
En el sondeo del Banco Central, los operadores también prevén un IPC de 0,4% para abril, mientras que mantienen su pronóstico de una inflación anual de 3,5% en el horizonte de dos años de la política monetaria, todavía desanclada de la meta de 3%.
Bajo este escenario, anticipan para junio la primera reducción de la tasa de interés de política monetaria (TPM) desde el 11,25% actual, a un 10,50% en lugar de 10,25% a que apuntaban en el sondeo anterior de febrero. Prevén un nuevo descenso a 10% en julio y a 9,25% en septiembre.
La encuesta fue levantada el 28 y 29 de marzo y la muestra incluye a responsables de decisiones financieras representantes de entidades locales y extranjeras que operan activamente en el país.
En una escala de 1 a 10, en inflación, la mediana de los encuestados apunta al dinamismo de la demanda como principal factor de sensibilidad, asignándole 9 puntos. En el caso de la TPM, la inflación es el factor principal con nota 9. Visualizan el tipo de cambio en $800 por dólar a 7 y 28 días adelante.

Presidenta de las AFP dice que reforma es “muy mala” y que no mejorará las pensiones

“La reforma en sus distintos componentes, como en cuentas nocionales, separación de la industria, no es sostenible”, dijo.
La nueva presidente de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, hizo su primera aparición pública tras asumir el cargo el pasado 1 de marzo. En un seminario de Clapes UC, la dirigenta se refirió en extenso a las políticas de inversión de los fondos de pensiones, pero también tuvo palabras para la reforma al sistema previsional. “Esta reforma que ha planteado el Gobierno, más bien no es una reforma, es una refundación, es partir de cero. Acá no hemos hablado mucho del DL 3.500, pero este decreto de ley 3.500, que es el que norma hoy día todos los ahorros previsionales, se elimina en este proyecto de ley”, señaló la economista.
Explicó que cuando esto pasa, se está arriesgando el mercado de capitales. “Ya tenemos un mercado de capitales que ha estado muy amenazado por diferentes factores, entre ellos los retiros, y es muy relevante tener eso claro”, advirtió Yazigi.
Dijo también que la reforma de pensiones a la larga va a generar la reducción muy importante del mercado de capitales, de la liquidez, de la profundidad, y además se arriesga de que el Estado tenga un rol preponderante. “En el fondo, aquí lo que hemos hablado de una mayor competencia, pero esa mayor competencia es muy difícil que se dé”, advirtió.
También manifestó que la reforma en sus distintos componentes, como en cuentas nocionales, separación de la industria, no es sostenible.
Para luego agregar: “La reforma en sí es mala, por lo tanto, más allá de pensar de que nos oponemos a una reforma, creemos que es muy necesario que haya cambios, necesitamos mejores pensiones, hemos gritado por esos cambios, no se nos ha escuchado, se nos ha dicho que no hemos levantado la mano lo suficiente, sí lo hemos hecho. Lo haremos con más ímpetu de aquí en adelante, pero sí necesitamos la reforma”.
Al cierre de su intervención, volvió a reiterar que la reforma “es muy mala”. “Y eso es muy importante, porque hemos hablado todo el rato de cómo mejoramos los retornos con mejores políticas de inversión, pero esto queda todo supeditado a que no aprobemos cualquier cosa, cualquier reforma, porque esto no va a mejorar las pensiones”, apuntó Yazigi.
Capital sale a responder críticas
Casi a la misma hora en que Yazigi hacía su intervención, el gerente general de AFP Capital, Jaime Munita, se refería al momento actual de las administradoras. Sobre el contexto de bajas rentabilidades y críticas al rol de las AFP, el ejecutivo señaló: “Los eslóganes le han hecho daño a la discusión. Se puede mejorar el sistema de pensiones, se podría haber comenzado hace años, pero como el punto se puso en las AFP y no en las pensiones, finalmente han sido las personas las que han perdido un tiempo precioso”.
Y agregó que “es momento de actuar con seriedad, de analizar la situación con altura de miras. No se puede generalizar a partir de un momento acotado en el tiempo. La rentabilidad se debe analizar en el largo plazo. Solo un par de datos: la rentabilidad generada por AFP Capital en los últimos cinco años ha sido cercana a un 40%, y en los últimos tres años, a un 17%, pese a la volatilidad que hemos vivido en el último tiempo”.
Asimismo, se refirió al rechazo a la reforma tributaria y su posible impacto en el financiamiento de la reforma previsional. “Un acuerdo es vital, mejorar las pensiones es urgente. Si el financiamiento no será a través de la reforma tributaria, es necesario buscar nuevas alternativas para avanzar”, comentó, destacando que “el Gobierno tiene el deber de buscar acuerdos, no podemos terminar con un nuevo rechazo en la reforma”.
Francisco Guzmán, gerente de Inversiones de AFP Capital, profundizó en los principales acontecimientos que han sucedido durante marzo y que han tenido impacto en los multifondos, los que se explican en buena parte por la situación de riesgo bancario vivida en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, el ejecutivo destacó “la oportuna reacción de las autoridades, que ha devuelto tranquilidad a los mercados”.

FNE identifica riesgos competitivos en industria de centros comerciales: alerta por integración vertical y da recomendaciones

La Fiscalía Nacional Económica expuso en la primera de las audiencias públicas ante el TDLC, a solicitud de la Asociación de marcas de Retail. Entre los riesgos estableció la existencia de interrelaciones en la industria, con participaciones en competidores y relaciones de parentesco dentro de los principales operadores, y la existencia de relaciones de propiedad vertical o integración vertical entre operadores y determinados locatarios.
-Una serie de alertas sobre riesgos competitivos entregó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en su exposición ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDCL) que realizó en el marco de una consulta realizada al órgano jurisdiccional por parte de la Asociación Gremial del Retail Comercial, en octubre de 2020, para resolver si existen hechos, actos y contratos que reflejen potenciales conductas anticompetitivas en el mercado de los centros comerciales, tipo malls.
En un documento de 70 páginas, el organismo entregó un extenso análisis del mercado, identificado una serie de riesgos, entre los cuales estableció la existencia de interrelaciones en la industria, con participaciones en competidores y relaciones de parentesco dentro de los principales operadores, y la existencia de relaciones de propiedad vertical o integración vertical entre operadores y determinados locatarios.
El análisis realizado por la FNE indagó en las mallas societarias del grupo Plaza, Cencosud Shopping, Parque Arauco, VivoCorp, Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A. (del grupo Marina) e Inmobiliaria Power Center Limitada (del grupo Pasmar).
Entre los hallazgos resalta que «se deben tener en especial consideración» las relaciones que operadores tienen entre sí, y puntualiza en dos casos. El primero es el de Nuevos Desarrollos, propietaria y administradora de las unidades de Mall Plaza en Arica, Iquique, Copiapó y Bíobío (Mirador); además las sucursales Alameda, Egaña, Los Dominicos y Sur, en la Región Metropolitana.
El segundo involucra al grupo Marina -que administra los malls Viña del Mar, Barrio Independencia, Curicó y Centro Concepción- , ya que según consta en el informe, la inmobiliaria antes mencionada es controlada en partes iguales por «sociedades pertenecientes a grupo Parque Arauco y grupo Ripley, respectivamente».
En el caso del grupo Pasmar -que administra los mall Paseo del Mar, Paseo Costanera, Paseo Chiloé y Paseo Puerto Varas-, la FNE identificó que Jack Mosa Shmes es accionista final de Inversiones Chile Dos, una empresa parte del grupo, y a la vez tiene participaciones minoritarias en Parque Arauco (13,2%), Cencosud (0,01%), Cencosud Shopping (0,007%) y Mall Plaza (0,0003%). Eso sí, el persecutor aclara que dicha información fue aportada en una respuesta enviada por el propio grupo a un oficio, pero que «no fue posible de corroborar cabalmente con otras respuestas aportadas, ni con información pública».
La FNE puntualizó en la participación de Ripley en la inmobiliaria ligada al grupo Marina, así como en Nuevos Desarrollos. Al respecto, el informe señala que «a juicio de esta Fiscalía, es dicha participación simultánea la que puede ocasionar riesgos de coordinación y de traspaso de información comercialmente sensible entre competidores». Lo anterior, considerando que Ripley, al participar indirectamente en sociedades dedicadas al desarrollo de centros comerciales, adicionalmente es un actor relevante de la industria del retail.
Además, el informe de la FNE agrega que «resulta particularmente relevante que, los actuales o potenciales competidores» de Ripley «adopten todos los resguardos que fueren necesarios» para no incurrir en vulneraciones a normas sobre libre competencia.
De hecho califica de «especialmente riesgosa» la participación de Ripley en Nuevos Desarrollos «por ser competidor grupo Falabella, controladora de grupo Plaza».
«A partir de esta participación accionaria se genera una posible instancia de contacto y encuentro entre dos de los principales competidores aguas abajo a nivel nacional», remarca el informe.
Considerando todo lo anterior, el órgano persecutor recomienda directamente que el director nombrado por grupo Ripley en Nuevos Desarrollos «sea independiente» y que los cargos ejecutivos de la sociedad ligada al grupo Plaza «no ocupen a su vez cargos en sociedades que administren el negocio aguas abajo (de retail) de los grupos Falabella y Ripley».
En el caso del grupo Marina, la FNE apunta a que sus directores y cargos ejecutivos «no ocupen a su vez cargos en sociedades que administren el negocio aguas abajo del grupo Ripley», y aplicar medidas que reduzcan los riesgos de que éste último «acceda a información comercial sensible de otros locatarios», en línea con medidas de control de flujo de información para operadores verticalmente integrados».
En términos generales, el informe también sostiene que «existiría una desproporción en el poder negociador de los operadores en desmedro de los locatarios», ya que, al menos para ciertos locatarios «los centros comerciales tipo mall serían muy relevantes para el desarrollo de su giro, pudiendo no tener sustitutos aceptables».
Por esto, considerando la integración vertical entre algunos operadores y locatarios, la FNE recomienda evitar «en forma general» la participación de directores y ejecutivos en sociedades relacionadas que administren negocios aguas abajo.
Además, agrega que al revisar los contratos de arrendamiento, se pudo identificar «ciertas cláusulas que podrían generar riesgos a la libre competencia, por tratarse de cláusulas potencialmente abusivas». Entre ellas, menciona ocho tipos distintos de riesgos a la libre competencia, y recomienda, entre otras cosas, establecer cláusulas de salidas en favor de locatarios con contratos; eliminar aquellas que permitan terminar anticipadamente los contratos en diferentes centros comerciales por incumplimientos en uno solo de ellos, y prohibir que se ate el arriendo de ciertos locales.

Gobierno estima que tasas de reemplazo pasaron de 17% a un 55% gracias a la PGU

Entidad académica había calculado que este indicador había pasado de un 24% antes de la pensión garantizada, a un 76% respecto a la última remuneración imponible.

Medir el efecto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en las jubilaciones actuales se ha transformado en un foco de debate en torno a la reforma a las pensiones. La semana pasada, “El Mercurio” dio a conocer un estudio de la Universidad San Sebastián (USS), donde se planteaba la tasa de reemplazo mediana de aquellos pensionados mayores de 65 años antes de agregar los beneficios de la PGU que era de 24% respecto de la última remuneración imponible. Según el mismo análisis, realizado por la economista Karol Fernández, al incorporar el aporte de la PGU, se incrementa a un 76%, de la última remuneración imponible. En el caso de las mujeres la mejora pasa de un 16% sin PGU a un 79% con este beneficio.

Los cálculos causaron ruido al interior del Ejecutivo, por lo que la Subsecretaría de Previsión Social salió a contrarrestar algunos aspectos del estudio. A través de la jefa División de Estudios Previsionales, María José Becerra, se plantea que, aunque el estudio intenta ser una contribución al debate acerca de la suficiencia de pensiones en Chile, presenta algunos problemas conceptuales y metodológicos que son importantes tener en consideración.

Ante esto, señala que, a diferencia del 76% que muestra el estudio de la Universidad San Sebastián, la tasa de reemplazo presentada por el Ejecutivo es de un 55% (con PGU). Previo al beneficio, según números de la misma entidad, este indicador llegaba a un 17%.

La diferencia de las cifras, según explica Becerra, se da porque el estudio de la USS considera la última remuneración imponible, mientras que el Ejecutivo utiliza el promedio mensual de remuneraciones registradas en los últimos 12 meses anteriores a la última cotización. “Técnicamente esto último permite aislar el efecto de cotizaciones incompletas y/o parciales por cese de trabajo de la persona afiliada en el último mes, así como también, se suaviza la fluctuación interanual del salario, principalmente en cotizaciones por contrato definido. De no efectuarse esta corrección, la subestimación de la remuneración puede ser incluso mayor a 40%”, señala la economista.

También menciona que las formas de medir el impacto de una política pueden variar en función de la metodología utilizada. “En particular, el estudio de la Universidad San Sebastián solo considera una foto a junio de 2022. Sin embargo, en materia de pensiones tan importante como la foto de hoy es la proyección a largo plazo teniendo en consideración los impactos a distintas generaciones de personas pensionadas”, precisa Becerra.

Señala que las cifras del Ejecutivo indican que, de no aprobarse una reforma al pilar contributivo, la tasa de reemplazo caerá desde un 55% a un 46%. “Esto último se explica porque el valor de la PGU se encuentra indexada solo a inflación y no a otros ajustes paramétricos, mientras que se proyecta que en los próximos años las remuneraciones crezcan en términos reales”, sostiene.

Y agrega: “A partir de estas consideraciones, se puede establecer que, si bien el aporte de la PGU es una contribución muy significativa para mejorar la suficiencia de las pensiones, por sí solo dista mucho de ser suficiente para resolver la problemática de las bajas pensiones de Chile, tanto hoy y especialmente en el futuro”.

Con todo, Becerra plantea que en un contexto como el chileno donde un 71% de los pensionados tiene una pensión inferior al salario mínimo, el uso de las tasas de reemplazo como indicador de suficiencia de pensiones deben leerse con cautela.

O. Renta: SII ahora contará con información de bancos para chequear declaraciones

Socios de impuestos de KPMG, Pedro Castro y Hernán Gutiérrez, recuerdan que este será el último ejercicio en que las pymes pagan tasa reducida.

El martes el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que ya está disponible la propuesta de Declaración de Renta que el organismo construyó para más de 3,6 millones de contribuyentes (personas y empresas) y que pueden enviar a partir del sábado 1 de abril. Con ello, el SII dio el puntapié inicial al proceso de Operación Renta 2023, cuya primera devolución de impuestos se adelantó para el 20 de abril.

Para desmenuzar los detalles del proceso, ayer la Sofofa junto a KPMG en Chile realizaron el webinar “Claves Operación Renta 2023: Dimensiones operativas e impactos”. En la instancia los socios del área de impuestos de KPMG en Chile, Pedro Castro y Hernán Gutiérrez, destacaron las nuevas fuentes de información proveniente de bancos e instituciones financieras que tendrá el Servicio de Impuestos Internos a su disposición para chequear las declaraciones.

“El director del SII avisó que el proceso de fiscalización de este año iba a ser un poco más duro porque el Servicio cuenta con algo más de información respecto de la Operación Renta del año anterior. Se va a endurecer el proceso de fiscalización respecto de aquellos que principalmente subdeclaren los ingresos que deben computar en la Operación Renta. La primera clave aquí es revisar muy bien, a conciencia, que efectivamente estén computados todos los ingresos que una persona ha generado durante el año 2022 dentro de su declaración de impuestos. Evidentemente, podría haber ingresos que están beneficiados con alguna franquicia o exención de impuestos y habrá ahí que analizar si procede o no”, dice Pedro Castro.

En cuanto a las nuevas fuentes de información para chequear las declaraciones, Hernán Gutiérrez explicó que “está la obligación para instituciones financieras, bancarias, que tengan un monto superior a las 1.500 UF (…). Van a tener que reportar la información a través de la declaración jurada 1955”. Añadió que “el director (del SII) mencionó que el foco de su fiscalización va a estar dirigido a revisar que los contribuyentes informen y declaren todos sus ingresos y esta es una fuente de información que va a utilizar el Servicio para definir sus planes y focos de fiscalización”.

En la misma línea, Castro recuerda que “esa es información que el SII no tenía con anterioridad y eventualmente podría dar origen a hipótesis de fiscalización donde hay eventuales diferencias de impuestos y otras en las que no. Por lo tanto, en general, los contribuyentes van a tener que prepararse para responder a una fiscalización eventual del SII respecto del origen de esos ingresos o la justificación de inversiones que han financiado con ciertos ingresos que puedan no estar incluidos dentro de su declaración de impuestos. Uno esperaría que el nivel de fiscalización tal como lo anunció el director del SII se endurezca a partir de esta Operación Renta”.

A mediados de 2022 fue publicada la Ley 21.453, a la que hacen referencia los expertos, que obliga a bancos a informar al SII saldos y abonos en cuentas bancarias superiores a 1.500 UF ($53,3 millones).

Otro foco de fiscalización del SII que mencionó Castro apunta a los altos patrimonios. “Hay una fiscalización con foco en aquellos patrimonios más importantes; hay equipos ya de fiscalización implementados con foco en la fiscalización de personas con alto patrimonio. Impuestos Internos ya ha señalado con anterioridad que se va a poner foco en los procesos, por ejemplo, de reorganización patrimonial, de traspaso de patrimonio intergeneracional, la correcta declaración de los ingresos de estas personas con alto patrimonio; también el hecho de trasladar el patrimonio al exterior, fenómeno que hemos venido evidenciando en el último tiempo, entre otras situaciones que afectan a las personas con alto patrimonio”, dice.

Gutiérrez, a su vez, recuerda que “este es el último año en que las pymes van a tributar con una tasa reducida de 10% del impuesto de primera categoría”. Detalló que “el proyecto de ley que se rechazó su idea de legislar venía con una ampliación gradual de la mantención de la tasa reducida y volver a la tasa del 25% de manera gradual, pero eso ya no va a ser y, por lo tanto, las empresas de este régimen a partir de este ejercicio comercial o el año tributario 2024 van a tener que volver a la tasa del 25%. Por lo tanto, ahí probablemente sea importante evaluar si es que estas empresas pudieran migrar al régimen Pyme Transparente, que significa que no van a tener impuesto de primera categoría”.

4,5 MILLONES

Ese es el número de declaraciones en la Operación Renta que espera recibir el SII.

Sigdo Koppers elevó en 35,6% sus ganancias el año pasado

Sigdo Koppers informó ayer que sus ingresos durante 2022 alcanzaron los US$ 3.947 millones, un aumento de 27,4% anual, lo que se explica principalmente por mayores ventas en Enaex y Magotteaux, en línea con un incremento de volumen y precios asociados, esto último debido al alza del valor de las materias primas. También destacó el nivel de actividad de la unidad de arriendo de maquinaria de SKC.

Así, la firma reportó que sus utilidades del año pasado alcanzaron los US$ 217,4 millones, un avance de 35,6% respecto de 2021.

El presidente ejecutivo de Sigdo Koppers, Juan Eduardo Errázuriz, destacó los resultados y comentó que “durante el año 2022 el grupo continuó fortaleciendo su presencia en los distintos mercados donde está presente, tanto en el ámbito local como global”.

En medio de crisis bancaria, crece incertidumbre económica

Inflación, reforma tributaria y los problemas financieros a nivel global figuran entre los factores que explican el alza.
Los problemas financieros que enfrentan importantes bancos internacionales impactaron en la incertidumbre a nivel local. El Índice de Incertidumbre Económica (IEC) de Clapes UC marcó un valor de 238 unidades en marzo, aumentando 5% respecto del valor observado el mes pasado (226).
Las principales fuentes de incertidumbre son el escenario económico y político interno. Con respecto al escenario económico, el factor fundamental es la persistencia de la inflación, mientras que en el ámbito político el Gobierno es la fuente central de incertidumbre económica, seguido del rechazo a la reforma tributaria y la política en general.
El IEC es construido a partir del conteo de artículos de prensa (escrita) que cumplen con contener las palabras incierto o incertidumbre, en conjunto con cualquier otra palabra relacionada con economía. Así, la palabra gobierno es la más mencionada, estando presente en el 49% de los artículos. En la temática económica, la palabra más mencionada es mercado, presente en el 48% de los artículos, los cuales destacan temas como las perspectivas de crecimiento de la economía y los problemas financieros de Credit Suisse y Silicon Valley Bank.
El director de Clapes UC, Felipe Larraín, plantea que las principales fuentes de incertidumbre siguen siendo el escenario económico y político interno. ‘En lo económico, este aumento de la incertidumbre refleja en forma importante la inquietud frente a las caídas de importantes bancos, como Silicon Valley Bank y Credit Suisse, y su posible contagio global’, señala Larraín.
Agrega que la inversión y la inflación siguen siendo importantes fuentes de preocupación. ‘Respecto de la inflación, es probable que esta preocupación continúe mientras se mantenga sobre la meta del BC y las expectativas desancladas’, indica el también exministro de Hacienda.
Además, según señala Larraín, la palabra reforma entró dentro de las más mencionadas, lo que se relaciona con el rechazo de la reforma tributaria presentada por el Gobierno. ‘Así, en el 64% de los artículos en que se menciona la palabra reforma también se menciona tributaria’, explica.
Con respecto a los factores políticos, el Gobierno es una fuente central de incertidumbre, apareciendo dentro de las palabras más mencionadas por 16 meses consecutivos. Además, en este mes la palabra reforma entró dentro de las más mencionadas, lo que responde al escenario expuesto luego del rechazo de la reforma tributaria presentada por el Gobierno, indica el informe de Clapes.

Marcel prevé recuperación de mercado de capitales entre 7 y 10 años tras retiros y alista envío de impuestos correctivos

Precisó que la presentación de los proyectos de tributos y subsidios al cuidado de la salud y el medio ambiente, junto al de rentas regionales, será entre esta semana e inicios de abril.
Dos materias concentraron la atención de la exposición del ministro de Hacienda, Mario Marcel, ayer en el Latam Focus 2023 de BTG Pactual: la reforma tributaria y la previsional.
Respecto de esta última, que se cruza con el ámbito financiero, el ministro anticipó que el mercado de capitales podría recuperar lo que perdió a costa de los retiros desde las AFP (más de US$50 mil millones) en un plazo de siete a diez años. Marcel explicó que esto se lograría si por un lado se fortalece el pilar de capitalización individual, y por otro el seguro social invierte sus reservas en el mercado de capitales.
‘Parece harto, pero sin eso nos demoraríamos más de 20 años en poder recuperar ese mercado de capitales’, advirtió el jefe de las finanzas públicas, quien a la vez remarcó la importancia de la propuesta para mejorar las pensiones que impulsa el Gobierno.
Marcel recordó que la iniciativa propuesta es un sistema de pensiones mixto, con tres pilares: financiamiento fiscal, un componente de ahorro forzoso personal —o capitalización individual— y un componente de seguro social que sea capaz de cubrir las contingencias de la vida.
Arguyó que ‘si nos sacamos un poquito de encima la discusión sobre las AFP, sobre si el IPA es fiscal o no fiscal’, el punto es que los sistemas previsionales tienen que ser capaces de hacer tres cosas: prevenir el riesgo de pobreza en la vejez, de asegurar continuidad de ingresos sostenibles en el tiempo, y cubrir contingencias.
El ministro aseguró que ningún sistema con solo un pilar es capaz de enfrentar esos tres objetivos. ‘Un sistema con puro financiamiento fiscal no va a ser capaz de asegurar continuidad de ingresos, a menos que tengamos una carga tributaria infinitamente mayor a la que tenemos hoy día’, dijo, así como también que un sistema de capitalización individual no es capaz de asegurar el prevenir la pobreza en la vejez, y que un seguro no es capaz de asegurar el reemplazo de ingresos suficiente.
Enfatizó que ‘tenemos que combinar esos tres elementos’ y añadió que ‘en torno a eso, hay mucho espacio para ponerse de acuerdo’. Afirmó que ‘si no construimos sobre esos tres pilares, no vamos a tener un sistema de pensiones que sea capaz de responder a la sociedad’.
Explicó que sin la reforma, la mediana de pensiones puede complementarse con el aumento de la PGU, con la mejora en el rendimiento o la capitalización de los fondos individuales. ‘El aumento en el seguro social (puede lograr una mejora) hasta en 48%’, complementó.
Sobre el debate tributario, señaló que ‘la definición del Gobierno respecto de esto es retomar el camino de la reforma tributaria, pero entendiendo que ese camino no es simplemente insistir sobre lo mismo que se había propuesto y que se rechazó en la votación en general’. También resaltó que existe ‘disposición del Gobierno, como la tuvimos durante la tramitación en la Cámara y nos preparamos para tener en el Senado, a escuchar distintas visiones, considerar distintas alternativas y tratar de articular el mejor proyecto de reforma tributaria que sea posible’.
Además, indicó que ‘esa reforma tributaria junto con otros componentes, el royalty minero, impuestos correctivos, rentas regionales, es parte de una agenda que creo deberíamos considerar que no es la agenda del Gobierno’.
En su presentación se precisó que los proyectos de impuestos correctivos y de rentas regionales, que van por un carril distinto a la reforma de impuesto a la renta y elusión rechazada en la Cámara de Diputados, se espera que sean presentados a fines de este mes o principios de abril.
En cuanto a la controversia que se generó el lunes en el marco de los diálogos para lograr un pacto tributario, que tuvo que ver con un grupo de pymes que acusaron exclusión de otras organizaciones del sector para la designación de los cinco representantes expertos que participarán en los grupos de trabajo para analizar ajustes a la reforma, Marcel espera que se pueda llegar a un acuerdo.
‘Le hemos pedido a cada uno de estos actores que definan cinco participantes en este proceso. Entiendo que ayer hubo algunos problemas entre distintas organizaciones de las pymes, hay que tener en cuenta que la pyme es un mundo heterogéneo, son muy distintas unas de otras, hay muchas organizaciones y no es muy fácil cuando ellas tienen que ponerse de acuerdo. Esperamos que en definitiva lo hagan, esta es sobre todo una responsabilidad de ellos, así que esperamos que estén a la altura de este desafío y el Gobierno está esperando que en los próximos días se pueda fijar ya’, dijo.
Añadió que ‘lo que hizo el Gobierno fue hacer una convocatoria basada en el consejo asesor pyme, que está definido por ley y luego les pidió a quienes están en ese consejo que se pusiera de acuerdo con cinco representantes’.
FINES ABRIL
En ese período el Gobierno espera finalizar los diálogos para un pacto impositivo.

Venta de viviendas en la RM subiría 15% este año, pero será el segundo nivel más bajo en una década

El director ejecutivo de la ADI, Vicente Domínguez, señaló que las empresas están reduciendo a la mitad el inicio de nuevos proyectos ante una demanda baja.
En el sector inmobiliario estiman que a partir de la segunda mitad de este año, las ventas de viviendas nuevas en la Región Metropolitana se reactivarán en un escenario de inflación más controlado y con tasas de interés en los niveles actuales o más bajas, siempre que no se aprueben nuevos retiros de los fondos de pensiones.
Así lo señala el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Vicente Domínguez, quien ve probable que las ventas de casas y departamentos en la capital crezcan 15% anual en 2023, coincidiendo con las proyecciones realizadas ayer por Toctoc.com, en un foro inmobiliario en el ESE Business School de la Universidad de los Andes, donde dicha plataforma realizó la tercera versión de sus premios inmobiliarios. En el evento también participó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; y la vicepresidenta de la Cámara Chilena de la Construcción, Jacqueline Gálvez.
José Ignacio Vicente, gerente general de Toctoc.com, señaló que este año el mercado de viviendas nuevas en la RM se recuperará y crecerá 15,3% respecto de 2022, llegando a 22.476 unidades. Esa cifra, de todos modos, será la segunda más baja de los últimos 10 años, justamente detrás de las 19.495 unidades comercializadas el ejercicio pasado, cuando el rubro retrocedió 42% frente a 2021.
“Ese crecimiento es el comienzo de una recuperación y eso sobre la base de que, aparentemente, la inflación decrecerá, lo que es un elemento muy importante para esta actividad que se mueve en UF”, comentó Domínguez.
Un segundo factor que podría impulsar las ventas, indicó, es que “si no siguen los retiros de los fondos de pensiones, la tasa de interés de los créditos hipotecarios debería tender a consolidarse en el nivel que está o bajar un poco”. A lo anterior, añadió que “hay oferta disponible, crecerá la oferta terminada, habrá más productos para comprar, por lo tanto, más posibilidades”.
José Ignacio Vicente agregó que el crecimiento de 15% en unidades se traducirá en un alza de 6% en valor, por lo que el mercado de viviendas de la RM culminaría el año en unas 86,5 millones de UF. “Eso quiere decir que si bien habrá una recuperación, existirá un mayor movimiento en unidades de menor valor a lo que estábamos acostumbrados”, explicó.
El ejecutivo señaló que en el último año, la mayor parte de la demanda —70% en algunas comunas— ha sido empujada por los inversionistas, ya que las condiciones crediticias más exigentes dejan con pocas opciones a los clientes finales.
Vicente Domínguez también indicó que las inmobiliarias están reduciendo drásticamente el comienzo de nuevas iniciativas. “Eso es un imperativo de la realidad, porque si no se está vendiendo el proyecto que se ejecuta, por qué vas a iniciar uno nuevo. Es una reducción importante, cercana a la mitad, al 50%, y eso se va a reflejar en los permisos de edificación que han estado bajando”.
En el foro, el ministro Carlos Montes se refirió al impacto del déficit habitacional, al hacinamiento y el aumento de los campamentos. Indicó que este fenómeno está generando un “deterioro social” que puede tener implicancias políticas. “El momento más delicado de las implicancias políticas de esto, sin lugar a dudas son las elecciones, porque en la medida que haya candidatos que basen su electorado en ofrecer ciertas cosas a los campamentos, eso puede generar problemas. Y esto no es solo en la izquierda, también la derecha”.

Gobierno evalúa convertir edificios de oficinas abandonados en viviendas

Según la empresa de servicios inmobiliarios Colliers, hay unos 60 mil metros cuadrados desocupados solo en el centro de Santiago y se podrían crear cerca de mil viviendas. Desde el Colegio de Arquitectos señalaron que una iniciativa así ayudaría a bajar el nivel de delincuencia, lo que -pese al costo- sería «un beneficio muy importante».
El Ministerio de Vivienda está evaluando utilizar los edificios de oficinas abandonados como viviendas, como una forma de hacer frente al déficit habitacional.
Según estimaciones de la empresa de servicios inmobiliarios Colliers, hay 60 mil metros cuadrados de oficinas desocupadas solo en Santiago centro con los que se podrían crear alrededor de mil viviendas.
El ministro Carlos Montes dijo que como cartera se encuentran analizando con un equipo «lo que esto significa desde el punto de vista de los costos, porque tiene dos costos: comprar el edificio y después remodelarlo».
«Tenemos ya tarifas de cuanto nos cuesta remodelar, que son como 25 UF por metro cuadrado, no es barato, y esperamos que nos den las cifras para que eso convenga para viviendas de sectores medios fundamentalmente», detalló.
Con esa cifra, el valor aproximado para remodelar todas las oficinas abandonadas de Santiago centro sería superior a los dos mil millones de pesos.
Sobre la factibilidad de aplicar la medida, la presidenta del Colegio de Arquitectos, Beatriz Buccicardi, afirmó que como las casas funcionan todos los días del año y en la noche, «activan y bajan el nivel de delincuencia, de abandono y de todo lo que pueda pasar a las horas desagradables que uno analiza en el centro».
Apuntó que aplicar esta medida «es posible, tiene un costo, pero también un beneficio muy importante que hay que evaluar».
El director ejecutivo de Colliers, Jaime Ugarte, explicó que esta iniciativa ya «se ha hecho en lugares como España, y en otros países ya es una situación que se realiza con bastante frecuencia».
Ugarte manifestó que quizás «ayude a estabilizar el alza (en el valor) que nosotros vemos que se vienen en los próximos años, más que reducir el tema de los arriendos».
«La urgencia cae en el déficit y yo creo que, especialmente en esa zona, es una buena forma para regular una serie de arriendos informales que se realicen, hoy día apuntaría más a solucionar el déficit».
Además comentó que se debe tomar en cuenta la normativa, ya que el tipo de suelo tiene que permitir viviendas, y sino, cambiar la tipificación en la Dirección de Obras Públicas.