La “permisología” en telecomunicaciones impide avanzar en las metas de digitalización que se ha propuesto el país

Dispersión normativa, procesos de evaluación excesivamente largos, falta de certeza jurídica, información no centralizada y servicios públicos sobrecargados. Los expertos coinciden en la urgencia de simplificar la regulación para acelerar la adopción digital y mejorar el acceso de las personas a las nuevas tecnologías.
Tramitar permisos de rotura y reposición de pavimentos requiere 286 días. Instalar una antena de 18 metros, en cambio, toma 154 días para su autorización por la Subtel, sumado a los 250 días que demoran las municipalidades en otorgar el visto bueno.
Situación que se repite en el caso de las concesiones de servicios de telecomunicaciones públicos e intermedios. Según el estudio ‘Productividad en sector Telecomunicaciones’, elaborado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), entre el 2012 y el 2021, los plazos de otorgamiento y modificación para las concesiones promediaron 400 y 263 días, respectivamente, lo que supera el plazo máximo establecido por la ley 19.880, de 120 días corridos.
Realidad actual
¿Por qué tanta demora? El estudio de la CNEP señala que esta situación se genera, entre otras razones, porque el régimen de permisos en materia de servicios de telecomunicaciones es divergente. En efecto, de acuerdo con Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, las autorizaciones sectoriales no operan de manera conjunta, sino que se debe concurrir a cada responsable separadamente. Esto conduce a tener un proceso extenso y poco claro que requiere demasiada especialización en cuanto a la tramitación de los permisos.
Manuel Araya, gerente de Regulación de Entel, coincide en que el principal problema es la atomización entre las distintas entidades que otorgan las autorizaciones, siendo la Dirección de Obras Municipales la que más dilata los permisos. Una apreciación con la que coincide Raphael Bergoeing, presidente de la CNEP. Por ejemplo, indica que aunque la Ley de Antenas establece que las municipalidades deben identificar ‘zonas preferentes’ para el emplazamiento de torres de más de 12 metros, en la Región Metropolitana solo ocho de ellas han dictado la ordenanza respectiva.
Demora que se contrapone al dinamismo de la industria y las propias metas de cobertura y digitalización que se ha propuesto el país. Actualmente, la Ley de Internet como Servicio Público impone a la industria plazos de 12 meses para extender la cobertura en áreas de concesión en que no existan redes. Sin embargo, indica Alfie Ulloa, presidente de Chile Telcos, su cumplimiento no es factible si el Estado demora más de ese plazo en otorgar las autorizaciones y permisos requeridos para el despliegue de la infraestructura requerida.
Para Ulloa, el país y el sector necesitan normas claras, explícitas y expeditas que aceleren la adopción digital y, sobre todo, aumenten la rentabilidad para atraer el capital privado que financia el 99% del despliegue de las redes. En su opinión, hacer más eficientes los procesos normativos y simplificarlos, acortar los pasos y plazos asociados, no implica debilitar la regulación ni desproteger los bienes públicos y sociales que la sociedad busca preservar. Por el contrario, asegura, una regulación eficiente facilita tanto el cumplimiento como la fiscalización.
Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones, explica que el régimen actual de concesiones parte desde la desconfianza, lo que genera un exceso de trámites. Esto ralentiza la instalación y acceso de las personas a las nuevas tecnologías. ‘Uno de los principales desafíos es poder resolver cómo adoptamos y desplegamos las nuevas tecnologías sin tardar años en un proceso autorizatorio que finalmente termina afectando el desarrollo del sector y, por ende, del país’, apunta.
Ley Marco de Autorizaciones
Los expertos plantean que las empresas no pueden hacer mucho para acelerar la denominada ‘permisología’. ‘Lo hemos llevado a ciertos foros, nos hemos acercado a las municipalidades, pero como cada una es autónoma, tiene su propio protocolo, entonces cuesta trabajar. Es poco lo que se puede hacer como industria en forma uniforme, porque las contrapartes están muy atomizadas’, afirma Manuel Araya.
A principios de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Sistema Inteligente de Permisos. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, propone una Ley Marco de Autorizaciones, la cual busca disminuir entre un 30% y un 70% el tiempo de tramitación de permisos que no forman parte del Sistema de Evaluación Ambiental.
Según Araya, uno de los principales avances del proyecto es que introduce la posibilidad del ‘silencio administrativo’. Esto significa que si no se resuelve un permiso dentro del plazo estipulado, los solicitantes podrán considerar la autorización como otorgada, salvo en casos excepcionales justificados.
Alfie Ulloa destaca también la creación de una ventanilla única que integra todos los servicios públicos, la cual permitiría monitorear el cumplimiento de los plazos legales y emitir certificados que validen el silencio administrativo en caso de que no haya pronunciamiento. Sin embargo, dice que una reducción promedio de un 30% en la tramitación es insuficiente para lo que requiere el dinamismo de la industria. ‘La necesidad de mejorar los tiempos es urgente’, señala. Además, aunque considera que es importante revisar las leyes en el Congreso, cree que gran parte del engranaje que hace ineficaces los procesos puede resolverse mediante vías administrativas, agilizando los procesos, reglamentos, decretos y la normativa técnica bajo la potestad de Subtel y el Ejecutivo.
El estudio de la CNEP incluye una serie de recomendaciones sobre cambios regulatorios que permitirían reducir los tiempos de tramitación. Entre ellas destacan: reemplazar el régimen concesional actual por uno registral para la tramitación de autorizaciones que no requieran asignación de espectro radioeléctrico; la elaboración de una ordenanza municipal ‘tipo’ con zonas preferentes para el emplazamiento de torres soporte de más de 12 metros y realizar campañas de difusión de la evidencia internacional del efecto de la exposición a ondas electromagnéticas sobre la salud.
Nuevo proyecto
En línea con esto, en las próximas semanas, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ingresará en el Congreso un proyecto de ley que propone que el nuevo sistema de prestación de servicios de telecomunicaciones sea de carácter registral. Esto permitiría una tramitación anterior más simplificada y una revisión posterior de antecedentes, con penalidades más duras y ejecutivas en caso de incumplimiento de la normativa. En términos simples, las empresas registran el proyecto, lo implementan y después viene una dura fiscalización en caso de no cumplir con lo prometido.
En una segunda etapa, el proyecto también considera la creación de un nuevo órgano colegiado, como una agencia, que vigile la industria. Luego viene una tercera etapa, que tendrá que ver con la definición de la función de promoción y gobernanza del ecosistema digital. ‘Hoy estamos hablando solo de redes y eso significa que el Estado de Chile no tiene una gobernanza única para todo el ecosistema digital, data centers, servidores, plataformas y redes, entre otros’, explica el subsecretario Araya.
Para Rodrigo Ramírez hace falta una hoja de ruta acerca de la tramitación del proyecto y los beneficios para el sector, más allá del proceso autorizatorio. Además, se necesita mayor claridad sobre las reales facultades del regulador de telecomunicaciones, reduciendo, por ejemplo, la judicialización de sus decisiones, lo cual extiende los tiempos de implantación de nuevas tecnologías o servicios, aumentando la incerteza jurídica. ‘No hay una propuesta que modernice la regulación, que elimine las asimetrías, que facilite la innovación, que favorezca el despliegue de las políticas públicas orientadas a la digitalización y transformación digital’, señala.
Por su parte, Manuel Araya opina que uno de los principales problemas del proyecto es que propone reducir el plazo de las concesiones de 30 a 15 años. ‘Eso es muy malo, dado que los proyectos y negocios en telecomunicaciones son de largo plazo y se requieren grandes inversiones. Reducir los plazos debilitará las inversiones’, afirma.

Fuente: El Mercurio - Chile Tecnológico