Inmobiliarias con planes detenidos en Macul pagan US$ 20 millones extras en costos financieros

Las empresas inmobiliarias que tienen proyectos paralizados por cerca de US$ 500 millones en Macul —situación dada a conocer por “El Mercurio” a mediados de marzo— siguen aún sin una solución efectiva y enfrentando altos costos por los retrasos en diversos permisos municipales. Ello, pese a que las empresas con el apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) están abordando estas dificultades con el alcalde de esta comuna, Gonzalo Montoya.
A julio de 2024, cada uno de los alrededor de 15 proyectos afectados —que están en diversos estados de desarrollo— acumula, en promedio, 600 días de retrasos por trabas en permisos, afirman desde las compañías. Estas iniciativas, que involucran a unas 6.000 viviendas, equivalen a más del 50% de la inversión y desarrollo inmobiliario de la comuna.
Según detallan conocedores de la situación, los titulares de las inmobiliarias han pagado hasta ahora, a distintas entidades bancarias, más de US$ 20 millones adicionales solo por concepto de costos financieros o intereses por el dinero que obtuvieron para desarrollar estos proyectos, que no pueden comercializar para pagar los créditos y rentabilizar las inversiones.
Firmas complicadas
La situación tiene “muy complicadas” a algunas firmas, admite una fuente del rubro inmobiliario. Esto, porque han debido solventar desistimientos de compraventa, devolviendo el dinero a clientes que ya no están dispuestos a seguir esperando la entrega de sus viviendas.
Las inmobiliarias han señalado que existen demoras en diversos tipos de permisos, para proyectos que están en fases iniciales, intermedias y ya terminados que necesitan recepciones finales. En este último caso, los mayores costos están asociados al pago de contribuciones, mantención del edificio, guardias de seguridad, entre otros, que debe asumir el desarrollador por la imposibilidad de concretar la venta de las viviendas.
Quienes están al tanto de estas dificultades, afirman que, pese a los costos financieros y las demoras, los titulares de los proyectos ya pagaron a la Municipalidad de Macul más de US$ 4 millones por concepto de permisos: anteproyectos, permisos de obra nueva y edificación, modificación de permiso y copropiedad.
Según explican desde las empresas, la demora municipal también radicaría en “interpretaciones no convencionales” de la norma urbanística y en exigencias de mitigación que estarían “fuera de lo razonable”.
Visión de la CChC
En este escenario, la CChC ha participado en la búsqueda de soluciones, contactando al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y reuniéndose con el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, y con la directora de obras municipales, Katya Almendras. “Tras recibirnos, el compromiso fue acelerar la gestión. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica”, comentó Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Añadió que “el tema se lo planteamos, además, a las autoridades del Ministerio de Vivienda, quienes manifestaron su preocupación abriéndose a la idea de recabar más antecedentes”.
Respecto del impacto del costo financiero extra para las inmobiliarias, Vicuña indicó que “sin duda que la ‘permisología’ tiene un impacto directo en el ámbito financiero de las empresas. La demora en la obtención de permisos tiene que ser financiada mediante el pago de intereses y costos fijos”.
Vicuña afirmó que “estamos muy conscientes de que este es un tema crucial para el sector inmobiliario y construcción. Por eso nuestra insistencia en abordarlo como una prioridad”.
Alcalde
Consultado por avances en posibles soluciones, el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, comentó que, “después de algunas reuniones que tuvimos con la Cámara Chilena de la Construcción, la Municipalidad de Macul ha acogido los requerimientos que nos han realizado, principalmente en agilizar lo que es la revisión de los plazos de varios expedientes que han ingresado al municipio. Para ello, se han incorporado al equipo nuevos arquitectos y se han complementado vinculaciones a mejoras tecnológicas, las cuales se están trabajando para su pronta adquisición”.
Añadió que “tenemos todavía algunos expedientes detenidos producto de algunas discrepancias con los requerimientos del mercado inmobiliario y eso se está resolviendo en el ámbito jurisdiccional, principalmente a través de la Seremi, de la DDU (División de Desarrollo Urbano del Minvu) o también de la Contraloría General de la República. Pero el objetivo nuestro es agilizar los procesos que se están tramitando con la idea de poder entregar pronto resultados”.