Hacienda detalla 38 medidas para impulsar el crecimiento y 20 para mejorar el gasto público

Entre las medidas para potenciar la inversión se proponen incentivos tributarios como la depreciación semi instantánea y un fondo de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador sobre la actividad, el empleo y la sostenibilidad ambiental. Para mejorar el gasto se proponen “reforzar la eficiencia, calidad y transparencia”.
Será uno de los ejes que se comenzará afinar desde agosto. El ordenamiento de iniciativas pro crecimiento y reforma del Estado en proyectos de ley. Ese será uno de los ejes que el gobierno incorporará en este pacto tributario. Algunos serán proyectos de ley y otras medidas administrativas. Todo esto se definirá durante estos dos meses, ya que el cronograma tiene previsto ingresarlos entre octubre y diciembre de este año.
“Aunque el crecimiento puede ser considerado un objetivo en sí mismo, también permite aumentar los ingresos fiscales, ampliando los recursos para financiar las políticas públicas que aseguran inclusión y sostenibilidad”, detallaron en Hacienda. Así, el conjunto de 38 medidas para impulsar el crecimiento está distribuido en tres áreas: inversión pública y privada, productividad y capital humano, y formalización. Además, en materia de diversificación productiva se identificaron 5 áreas prioritarias, entre ellas minería, litio, energías renovables, hidrógeno verde y economía digital.
Este conjunto de medidas tiene como meta revertir la tendencia declinante del crecimiento potencial, que se extiende por más de una década.
Sobre el crecimiento potencial y mayor espacio fiscal se creará un Comité de Expertos “de alto nivel, que en un plazo de 45 días presentarán las conclusiones de su trabajo”.
En materia de inversiones, informaron que se proponen incentivos tributarios como la depreciación semi instantánea y un fondo de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador sobre la actividad, el empleo y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, se plantea una agenda de racionalización regulatoria para inversiones, para reducir en al menos un tercio los trámites para la aprobación de proyectos de inversión, la que incluye una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, al otorgamiento de concesiones marítimas y a las autorizaciones del Consejo de Monumentos Nacionales, que corresponden a los proceso donde se concentran los mayores cuellos de botella.
De manera complementariamente, se propondrá una ley marco que establezca mayores obligaciones de oportunidad a los permisos que otorgan otras entidades públicas y municipalidades.
En materia de productividad, se propone fortalecer los beneficios tributarios a la investigación y desarrollo privada, así como un marco de iniciativas y metas cuantitativas para aprovechar las oportunidades de diversificación de nuestra economía en las áreas de minería sustentable, litio, energías renovables, hidrógeno verde y economía digital. Por último, se incluyen 17 iniciativas para reducir la informalidad en la economía, tanto a través de la imposición de sanciones y controles a la actividad informal, como incentivos y facilidades para la formalización de empresas.
Otro eje será el mejorar el gasto público, la transparencia y la calidad de servicio. “Para avanzar en estas materias se requiere también realizar el diagnóstico sobre cuál es el espacio real de eficiencia y potenciales ahorros, considerando que no todas las acciones de mejor gestión pública producen necesariamente un ahorro fiscal, ni tampoco cualquier ahorro es sinónimo de una buena gestión pública, para ello se ha encargado un estudio al grupo de presupuestos de la Ocde con el propósito de determinar sobre bases objetivas lo que hemos denominado dividendo de eficiencia”, detalló el gobierno.
No obstante, del resultado del estudio encargado, el Ejecutivo detalló que “el diálogo con diversos actores ha permitido identificar 20 medidas “sustantivas” que van en el sentido de reforzar la eficiencia, calidad y transparencia del gasto público. Estas iniciativas están distribuidas en cuatro áreas: calidad y eficiencia del gasto, calidad del servicio e innovación, transparencia e integridad, y disciplina y responsabilidad fiscal”.
Entre estas medidas se destaca la consolidación de la evaluación de programas y políticas públicas en una agenda cuatrianual, coordinada por una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, cuyo volumen y profundidad incida significativamente sobre la asignación de recursos en el presupuesto nacional.
Asimismo, se anticipa el diseño de un marco normativo común y permanente para el control de aportes a fundaciones y ONG, incorporando las propuestas del Comité de Expertos recientemente convocado por el gobierno, todo ello como parte de una agenda para avanzar en normas y estándares internacionales de transparencia en las operaciones del Estado. En materia de compras gubernamentales, se propone ampliar la cobertura y el fortalecimiento de ChileCompra, ampliar el acceso de Mipymes, reducir el plazo de pagos a 20 días en todas las instituciones incorporadas a la Plataforma de Pagos del Estado, y la aplicación de técnicas modernas de auditoría e inteligencia artificial para detectar anomalías en compras y transferencias públicas.

Fuente: La Tercera - Pulso