Crecimiento, inversión y certezas regulatorias
Pareciera haberse instalado por fin en Chile un consenso transversal en torno a la urgencia de retomar las cifras de crecimiento que el país mantuvo durante los años anteriores a este último decenio.
Son muchos los economistas, centros de estudios e instituciones y expertos de distintas áreas que advierten de la profunda desaceleración que la economía chilena viene sufriendo desde hace ya más de diez años.
Al revisar la evolución del crecimiento del PIB durante este siglo, Chile presenta un promedio anual del 3,44%, que se divide en dos períodos muy diferenciados:
Entre el 2000 y el 2013 el crecimiento promedio fue de un 4,58% anual, mientras que entre el 2014 y el 2024 (*) el promedio fue de apenas 1,98%.
La Cámara Oficial Española de Comercio de Chile lo ha venido manifestando este último tiempo, apuntando a cuatro factores que, en nuestra opinión, repercuten en este magro desempeño de la economía chilena: las incertidumbres políticas, jurídicas y regulatorias; el fenómeno conocido como la permisología; el deterioro de la seguridad, y un sistema tributario poco competitivo.
En el crecimiento económico de un país la inversión juega un rol primordial.
La inversión extranjera, cuando es de largo plazo, como lo es la española en cualquiera de los sectores en los que está presente, requiere de confianzas, y la confianza no es fruto del azar, sino el resultado de una sólida relación fundada en el conocimiento recíproco y en la certidumbre política, jurídica y regulatoria, y que no pueden tomarse por descontadas: construir y fortalecer la confianza requiere una vocación, un foco y trabajo permanentes, ya que sus frutos son de largo plazo y trascienden a los gobiernos, por lo que deben considerarse ‘política de Estado’.
Modificar la regulación o legislación en la que se basaron empresas y bancos internacionales, para ejecutar o financiar un proyecto de inversión durante la vida de este, puede suponer el inicio de un proceso de destrucción de confianzas. Y, como se sabe, la confianza es algo que puede tomar décadas construirse y apenas unos minutos para destruirse.
Así, para implementar cualquier modificación, actualización, modernización de legislaciones o regulaciones, se debe evitar en lo posible la retroactividad, de manera de no afectar a inversiones realizadas con anterioridad, buscando así la confianza en el país.
Las consecuencias de lo contrario pueden ser muy negativas, graves y de largo plazo.
Fuente: El Mercurio