Concón y Punta Piqueros firman acuerdo para que no se demuela hotel

Cambiar el destino del edificio construido sobre el peñón Oreja de Burro, en el borde costero de Concón, es el fundamento de la salida conciliada al conflicto generado por la orden de demolición que pesa en su contra y que fue dictado por la Seremi de Vivienda de Valparaíso en cumplimiento de fallos de la Corte Suprema que anularon el permiso de obras que logró en 2011.
La propuesta es propiciada por la Corte de Valparaíso que tramita un reclamo de ilegalidad interpuesto por la inmobiliaria Punta Piqueros contra la Municipalidad de Concón, acción con la que esta pretende reanudar la tramitación de un nuevo permiso con las condiciones de hace 13 años y que cambiaron drásticamente con el actual Plan Regulador Comunal (PRC) de 2017.
La audiencia de conciliación tuvo lugar el viernes pasado y en ella, el tribunal de alzada propuso cuatro puntos que fueron aceptados por todas las partes. El más relevante de ellos consiste en poner fin al uso hotelero del edificio mediante la tramitación de un nuevo permiso a través del proyecto Punta Mar, que lo destinará, entre otros, a gastronomía, oficinas, café, cowork, eventos, centro de investigación, galería de arte, spa, consultas médicas, comercio de emprendedores, y polo de desarrollo turístico comunal.
El acta fue rubricada por la ministra (s) Sara Covarrubias y la relatora Paulina Fredes. Por el municipio de Concón lo hicieron el director jurídico municipal Paulo Velásquez y por la inmobiliaria Punta Piqueros su abogado Juan Carlos Manríquez. También aparece la firma del abogado Gabriel Osorio, asesor del municipio que encabeza el alcalde Freddy Ramírez (Indep.)
El acta también fue firmada por el abogado de la Corporación Por Defensa del Patrimonio Histórico de Viña del Mar, Gabriel Muñoz, quien logró cuatro fallos de la Corte Suprema que declararon nulo el permiso de 2011 mientras el proyecto no contara con un permiso ambiental y que posteriormente despejaron que este podía considerarse reactivado luego de que el proyecto obtuviera una Resolución de Calificación Ambiental.
“Entendemos que las bases de conciliación propuestas por la Corte se han fijado en ajustar el proyecto a la normativa vigente y al PRC del 2017, y no al revés, como pretendía la inmobiliaria inicialmente”, explicó la presidenta de la Corporación Pro Defensa, Cecilia Rojas. Aludió así a que la propuesta inicial de la inmobiliaria era que se le permitiera obtener un nuevo permiso, pero sobre la base de las normas urbanas de 2011 alegando supuestos derechos adquiridos, que era el fondo del reclamo de ilegalidad.
El acuerdo establece que un profesional determinará el nivel de suelo natural, para determinar la necesidad de desmantelar pisos superiores del edificio y adecuarlo al actual PRC más restrictivo. Si el concejo municipal y los accionistas de la empresa ratifican el acuerdo, esta última desiste del reclamo de ilegalidad. También se obligó a suspender la demanda por US$ 97 millones que interpuso contra el Estado y el municipio en los 90 días en que la Dirección de Obras Municipales deberá pronunciarse sobre Punta Mar.