Quiebra de Claro, Vicuña, Valenzuela: los detalles de la nueva querella por estafa

La Aseguradora Porvenir sostiene que la precariedad financiera de la constructora ‘era conocida al momento de solicitar la emisión de pólizas de garantía, lo que constituye un dolo indudable de engañar y defraudar’.
Mientras se alista un nuevo remate de activos de la fallida Claro, Vicuña, Valenzuela, para así pagar parte de las deudas de la constructora, la arista penal suma un nuevo capítulo. La Aseguradora Porvenir (Aspor) acusó a la administración de la quebrada compañía de estafa.

Esta nueva acción se suma a la presentada por Vantrust Capital Administradora General de Fondos, ligada al empresario Patricio Nazal, en contra los directores de la constructora (Gustavo y Daniel Vicuña Molina, Vicente Claro, Alfonso Molinare y Patricio Eguiguren, y el gerente de finanzas, Guillermo Rodríguez) por los supuestos delitos de ‘quiebra o liquidación fraudulenta’ y ‘administración desleal de patrimonio ajeno’.

Ambas querellas fueron acumuladas y América Vergara, de la Fiscalía Local de Las Condes, acaba de solicitar copia de la causa judicial en que se lleva adelante la quiebra de la constructora, la que –según la persecutora- ‘contendría información relevante para la investigación’ penal.

En su querella, la Aseguradora Porvenir dijo que la situación de precariedad financiera de la constructora ‘era conocida al momento de solicitar la emisión de las pólizas, lo que constituye un dolo indudable de engañar y defraudar’.

La firma explicó que, entre los productos que ofrece, se encuentran los llamados Seguros de Garantía. Estos se contratan para entregar el respaldo necesario a los contratistas para respetar los compromisos asumidos con terceros, cubriendo al asegurado de las pérdidas en dinero que le cause el incumplimiento del contratista, en los términos establecidos en el contrato y conforme a la normativa aplicable.

‘Realidad que no es tal’

Porvenir detalló que este es un tipo de seguro muy utilizado por las empresas constructoras e inmobiliarias, particularmente aquellas que contratan con el Estado, toda vez que dentro de las bases de licitación y luego en los contratos de adjudicación de las obras, se les exige tener seguros de garantía, tanto para el fiel cumplimiento del contrato de la obra, como también para garantizar la devolución de los anticipos entregados por la entidad.

‘El Grupo CVV era cliente de Aspor desde hacía algunos años, y la constructora tenía una trayectoria de varias décadas en el país (…), lo que hacía que existiera una relación cercana y de confianza con ellos’, señaló la querella.

Luego, la aseguradora afirmó: ‘CVV era un cliente antiguo de la compañía, y aprovechó una relación comercial ya existente, y su propia historia de más de 65 años de trayectoria, para engañar acerca de su situación financiera, insistiendo en una tramitación urgente y contra el tiempo de las pólizas de garantía’.

La defensa de Aspor afirmó que ésta ‘actuó con una debida diligencia, dentro de los márgenes de esta urgencia’ y le solicitó información adicional a la administración de la constructora, particularmente respecto de las grandes dudas que existían en el rubro, atendiendo la fuerte alza de los costos en el sector.

‘Es acá donde los querellados presentan una realidad de la compañía que no es tal, señalando que tienen todo controlado, que dicho factor está considerado en sus presupuestos y que el problema de liquidez que presentan es sólo temporal y en vías de solución en cosa de días ya que existían una serie de contratos terminados que serían pagados prontamente’, dijo la empresa en la querella.

Y agregó: ‘Ambas cosas resultaron ser falsas. De hecho, y como se demostrará en la fase investigativa, estos contratos que supuestamente estaban en vías de pago, en realidad se encontraban judicializados, con demandas en contra del Fisco, situación que no sólo no fue informada a Aspor sino que tampoco fue reflejada en los Estados Financieros’.

Para la aseguradora, el engaño ‘queda claramente de manifiesto’ en la propia presentación que hace el abogado de la constructora, Nelson Contador, solicitando la liquidación voluntaria, la que –insistió- fue presentada tres meses después de que se endosa la póliza de garantía del anticipo.

‘Es la propia empresa CVV en esta presentación, que dice exactamente lo contrario a la información que le entregara a Aspor, quien como parte del proceso de due diligence, le pregunta directa y expresamente respecto a estos factores, respondiendo los querellados que estos estaban controlados y abordados en sus presupuestos’, dijo la querellante.

Incluso, sostuvo que, al momento de endosarse la póliza del anticipo, y de ser entregado este a CVV, el dinero no fue usado para el cumplimiento de los fines del contrato. ‘Fue usado para otros objetivos, situación que deberá ser indagada contable y financieramente, ya que pudiera constituir un delito distinto’, sostuvo.

Sobre el perjuicio, dijo que alcanza las 245.049 UF ($ 8.721 millones), por dos pólizas otorgadas. ‘Al encontrarse la constructora en liquidación, se puso término anticipado al contrato de adjudicación, devengándose el valor total de las pólizas, ya que esta obra no tiene avance alguno, por lo que estas son cobradas por el mandante MOP, y pagadas por Aspor, durante el mes de enero del 2023’, sostuvo.

Fue en octubre del año pasado, cuando la constructora presentó su solicitud de liquidación voluntaria. ‘Esta es la más dolora y significativa decisión adoptada por la empresa, por su amplia y reconocida trayectoria, así como también por el gran impacto que esto provoca en sus colaboradores, proveedores, subcontratos, clientes y comunidad’, dijo la firma, asesorada por el abogado Nelson Contador.

Fuente: El Diario Financiero