CPC: costos para empresas han subido cerca de 4% del PIB y se duplicarían con más impuestos
Estiman que desembolso de privados es similar a la meta de recaudación de la reforma tributaria original. Gremio planteó ‘Acuerdo por el crecimiento económico’ y criticó cambios impositivos.
Un último intento de acercamiento tuvieron ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), previo a que el lunes la autoridad detalle su propuesta de pacto fiscal.
Si bien según lo reconoció ayer el líder de la CPC, Ricardo Mewes, hubo ciertos consensos en algunas medidas propuestas por el Gobierno en materia de incentivos al crecimiento, la inversión y la formalización, las posturas se mantienen distantes en los otros temas estructurales del pacto como los cambios tributarios.
La CPC, en un documento con propuestas para avanzar en un acuerdo procrecimiento (ver recuadro) y de análisis de las medidas planteadas por el Ejecutivo, también alertó por los costos que ya han asumido las empresas por las reformas ya aprobadas, los que podrían duplicarse si se avanza en una agenda de nuevos tributos.
Detalle de efectos
La multigremial, en el documento que ya está en las manos del ministro Marcel, detalla que el compromiso del sector privado ‘con el impulso de reformas relevantes para los ciudadanos ha sido significativo en los últimos meses, con un importante impacto económico en los costos de operación y en la futura rentabilidad de los nuevos proyectos de nuestras empresas’.
Detallan que desde las empresas han apoyado la Ley de 40 horas, el aumento de la cotización previsional en un 6% con cargo a los empleadores, las modificaciones al royalty minero, el salario mínimo de $500.000, entre otras iniciativas regulatorias. Cuantifican que el efecto combinado de estas reformas aprobadas y por aprobar es del orden de 3,7% a 4,1% del PIB, similar a la meta de recaudación de la reforma tributaria original. Y advierten que, tal como ha anunciado el Gobierno, además se pretende impulsar una reforma tributaria para recaudar 2,7% del PIB y un inminente proyecto de impuestos correctivos, lo cual —a juicio de la CPC— ‘contribuiría a aumentar este impacto a cerca del doble’, es decir, sobre los siete puntos del PIB.
En el desglose, se detalla que en relación a la denominada Ley de 40 horas, el aumento en los costos laborales producto de la reducción de jornada equivaldría a un 8% de la planilla, lo que implica un costo adicional para las empresas de entre un 1,5% y un 1,9% del PIB.
Asimismo, estiman que el aumento del salario mínimo a $500.000 tendrá efectos en mayores costos para las empresas, considerando que cerca de 800.000 trabajadores recibirían el alza, habiendo impacto en los precios de los productos y servicios y en menor inversión. A su vez, el royalty minero próximo a promulgarse agrega otro 0,45% del PIB adicional de desembolsos para las compañías.
Por otro lado, la CPC estima que el efecto de la reforma de pensiones en mayores costos para las empresas del sector privado sería en torno a 1,3% del PIB, y recuerda que además, se discutirán próximamente los proyectos de impuestos correctivos, lo que implicaría un mayor gasto para la economía de otro 0,4% del PIB.
‘Todo lo anterior se hace en un contexto económico extraordinariamente complejo y desafiante, con una menor actividad económica, tanto local e internacionalmente, con una elevada incertidumbre y expectativas empresariales pesimistas, condiciones financieras restrictivas que se traducen en elevadas tasas de interés, impactando a su vez la inversión, un estancamiento de la creación de empleos y una profundización de la informalidad’, advierte el gremio en el documento.
Crítica a propuestas tributarias
La CPC si bien reconoce en el informe que ‘las empresas y los gremios empresariales tenemos la mayor voluntad de colaborar en el diseño de buenas políticas públicas que generen progreso a las personas y desarrollo al país, es parte esencial de nuestro rol abrir espacios de diálogo con la autoridad y los demás actores de la sociedad, aportando técnicamente a la discusión, con mirada de largo plazo y foco en el bien común’. De ahí que advierte que no comparte la calificación de la elusión en sede administrativa, la figura del denunciante anónimo y la modificación a las reorganizaciones empresariales, entre otras propuestas de Hacienda.
‘Quedamos de seguir conversando, sin una fecha establecida, respecto de lo que se viene por delante cuando el ministro anuncie la próxima semana la forma en que va a abordar este pacto tributario’, concluyó Ricardo Mewes.
RECAUDACIÓN
Un 2,7% del PIB es lo que buscará recaudar el Gobierno con su propuesta de pacto fiscal.
Si bien según lo reconoció ayer el líder de la CPC, Ricardo Mewes, hubo ciertos consensos en algunas medidas propuestas por el Gobierno en materia de incentivos al crecimiento, la inversión y la formalización, las posturas se mantienen distantes en los otros temas estructurales del pacto como los cambios tributarios.
La CPC, en un documento con propuestas para avanzar en un acuerdo procrecimiento (ver recuadro) y de análisis de las medidas planteadas por el Ejecutivo, también alertó por los costos que ya han asumido las empresas por las reformas ya aprobadas, los que podrían duplicarse si se avanza en una agenda de nuevos tributos.
Detalle de efectos
La multigremial, en el documento que ya está en las manos del ministro Marcel, detalla que el compromiso del sector privado ‘con el impulso de reformas relevantes para los ciudadanos ha sido significativo en los últimos meses, con un importante impacto económico en los costos de operación y en la futura rentabilidad de los nuevos proyectos de nuestras empresas’.
Detallan que desde las empresas han apoyado la Ley de 40 horas, el aumento de la cotización previsional en un 6% con cargo a los empleadores, las modificaciones al royalty minero, el salario mínimo de $500.000, entre otras iniciativas regulatorias. Cuantifican que el efecto combinado de estas reformas aprobadas y por aprobar es del orden de 3,7% a 4,1% del PIB, similar a la meta de recaudación de la reforma tributaria original. Y advierten que, tal como ha anunciado el Gobierno, además se pretende impulsar una reforma tributaria para recaudar 2,7% del PIB y un inminente proyecto de impuestos correctivos, lo cual —a juicio de la CPC— ‘contribuiría a aumentar este impacto a cerca del doble’, es decir, sobre los siete puntos del PIB.
En el desglose, se detalla que en relación a la denominada Ley de 40 horas, el aumento en los costos laborales producto de la reducción de jornada equivaldría a un 8% de la planilla, lo que implica un costo adicional para las empresas de entre un 1,5% y un 1,9% del PIB.
Asimismo, estiman que el aumento del salario mínimo a $500.000 tendrá efectos en mayores costos para las empresas, considerando que cerca de 800.000 trabajadores recibirían el alza, habiendo impacto en los precios de los productos y servicios y en menor inversión. A su vez, el royalty minero próximo a promulgarse agrega otro 0,45% del PIB adicional de desembolsos para las compañías.
Por otro lado, la CPC estima que el efecto de la reforma de pensiones en mayores costos para las empresas del sector privado sería en torno a 1,3% del PIB, y recuerda que además, se discutirán próximamente los proyectos de impuestos correctivos, lo que implicaría un mayor gasto para la economía de otro 0,4% del PIB.
‘Todo lo anterior se hace en un contexto económico extraordinariamente complejo y desafiante, con una menor actividad económica, tanto local e internacionalmente, con una elevada incertidumbre y expectativas empresariales pesimistas, condiciones financieras restrictivas que se traducen en elevadas tasas de interés, impactando a su vez la inversión, un estancamiento de la creación de empleos y una profundización de la informalidad’, advierte el gremio en el documento.
Crítica a propuestas tributarias
La CPC si bien reconoce en el informe que ‘las empresas y los gremios empresariales tenemos la mayor voluntad de colaborar en el diseño de buenas políticas públicas que generen progreso a las personas y desarrollo al país, es parte esencial de nuestro rol abrir espacios de diálogo con la autoridad y los demás actores de la sociedad, aportando técnicamente a la discusión, con mirada de largo plazo y foco en el bien común’. De ahí que advierte que no comparte la calificación de la elusión en sede administrativa, la figura del denunciante anónimo y la modificación a las reorganizaciones empresariales, entre otras propuestas de Hacienda.
‘Quedamos de seguir conversando, sin una fecha establecida, respecto de lo que se viene por delante cuando el ministro anuncie la próxima semana la forma en que va a abordar este pacto tributario’, concluyó Ricardo Mewes.
RECAUDACIÓN
Un 2,7% del PIB es lo que buscará recaudar el Gobierno con su propuesta de pacto fiscal.
Fuente: El Mercurio