Boric condiciona su nuevo orden de prioridades al destino de la reforma tributaria
El mandatario precisó que en julio realizarán la insistencia en el Senado con la propuesta impositiva. El costo fiscal de las nuevas medidas está en torno a US$ 500 millones. Economistas cuestionan la relación del proyecto con la condonación del CAE.
Al menos diez veces fue mencionada la reforma tributaria o pacto fiscal ayer en el discurso de su Cuenta Pública que realizó el Presidente Gabriel Boric ante el Congreso Nacional. El énfasis relevó el rol que tiene la iniciativa para cumplir un conjunto de medidas sociales y de seguridad, en el marco de un nuevo orden de prioridades. ‘Al ver la situación de discordia en que estaban nuestras relaciones sociales, nuestra seguridad y nuestro aparato estatal, hemos reordenado nuestras prioridades y lo seguiremos haciendo’, dijo. La reforma tributaria fue rechazada el 8 de marzo por la Cámara de Diputados. El Ministerio de Hacienda ha buscado acercamientos con actores sociales y partidos políticos para arribar a un pacto fiscal que permita revivirla. Boric anunció que en julio realizarán una insistencia ante el Senado, para lo cual necesitan dos tercios de quorum de votación en su objetivo de reponer su trámite.
Medidas
Una de las primeras referencias del mandatario al proyecto apuntó a que buscarán universalizar el derecho a sala cuna. ‘Seguimos comprometidos en ampliar, con recursos de la reforma tributaria tal como lo anunciáramos el 8 de marzo, el derecho a sala cuna para todas y todos, eliminando la discriminación de género que hoy afecta a las mujeres’, declaró. Esa medida ya estaba incluida como objetivo de financiamiento de la reforma original. También ligó los recursos de la reforma al compromiso de reducir en un 40% los tiempos de espera en salud hacia el final de su gestión.
No obstante, una de las menciones a la reforma fiscal que más llamó la atención tuvo que ver con relacionarla al pago de la deuda histórica a los profesores y la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE). ‘Chile tiene una deuda histórica con las y los profesores generada en dictadura. Debo ser muy sincero y responsable: el Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación, y por eso necesitamos de la reforma tributaria’, indicó. Si se aprueba la reforma, dijo, ‘inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso’.
En cuanto al CAE, recordó que ‘el año pasado me comprometí a ingresar un proyecto de ley una vez aprobada la reforma tributaria y mi compromiso sigue en pie’. Respecto de la seguridad, Boric subrayó el aumento del presupuesto en esa área en 4,4% para 2023. ‘Hemos comprometido para este fin US$ 1.500 millones provenientes, en su mayoría, de la reforma tributaria’. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, planteó que el Presidente busca ‘que este pacto fiscal es para que nos pongamos de acuerdo sobre las prioridades de gasto, qué es lo que el país necesita, cuáles son los recursos que se requieren y cómo los vamos a financiar por el lado tributario’. Añadió que el costo de las medidas anunciadas (bono invierno y otras ayudas) sería en torno a US$ 500 millones.
Especialistas
Cecilia Cifuentes, economista del ESE Business School de la U. de Los Andes, criticó el tono del mensaje. ‘Se hizo un mal uso del discurso de la reforma tributaria. Se olvida que en nuestro país los impuestos no pueden ser de afectación; es decir, no se puede decir que se va a subir un impuesto para financiar tal política porque entonces al final todos los gobiernos tendrían que hacer reformas tributarias para poder hacer promesas’, indicó.
Jorge Hermann, director de Hermann Consultores, advierte que ‘el Presidente Boric sacó un conejo del sombrero al señalar que se necesita una reforma tributaria para condonar la deuda del CAE y deuda histórica con profesores. El año pasado se dijo que los recursos serían utilizados en pensiones (PGU), fondo universal de salud y atención primaria, sistema nacional de cuidados e infraestructura educacional. Al parecer, los grupos de presión están por sobre el resto de los chilenos’, dijo.
Juan Alberto Pizarro, director de la comisión tributaria del Colegio de Contadores, cree que ‘el discurso más que certezas incorpora incertidumbre. Financiar el CAE, por ejemplo, es una mala señal, es un objetivo de gasto que no estaba en la reforma tributaria inicial, focalizada en salud y previsión’. Añade que están ‘ausentes medidas pro ahorro, inversión y crecimiento que deben ser permanentes más que transitorias y focalizadas en los sectores que se deben dinamizar en la economía’. Hugo Hurtado, socio líder de Tax & Legal en Deloitte, dice que en el pacto fiscal ‘hay temas donde será difícil encontrar consenso, como en la desintegración del sistema; también respecto a lo anunciado en la Cuenta Pública, que es en qué se van a ocupar los recursos que se recauden con la propuesta tributaria’.
Fuente: El Mercurio