Maratué: autoridad ambiental aprueba proyecto inmobiliario de US$2.000 millones de familia Lería

La Comisión de Evaluación Ambiental aprobó esta mañana en votación dividida el proyecto de inversión vinculado a la familia Lería en Puchuncaví, Región de Valparaíso.
La Comisión de Evaluación Ambiental aprobó este martes, en votación dividida, el proyecto de inversión vinculado a la familia Lería en Puchuncaví, región de Valparaíso.

La entidad colegiada es presidida por la delegada presidencial de la Región de Valparaíso, Sofía González, y es integrada por los seremis de Salud, Economía, Energía, Obras Publica, Vivienda, Transportes, Desarrollo Social, Agricultura y Minería.

Inmobiliaria El Refugio ingresó a tramitación ambiental el proyecto denominado ‘Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví’ el 14 de septiembre de 2017 y la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Valparaíso (Coeva) otorgó una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable el 29 de julio de 2019.

Sin embargo, opositores al proyecto acudieron al Tribunal Ambiental de Santiago, logrando anular su RCA y retrotraer su evaluación a la etapa de la primera Adenda. Ahora, tras un extenso proceso, el Servicio de Evaluación Ambiental dispuso que la iniciativa sea votada el próximo martes por la Coeva de Valparaíso.

La iniciativa considera una inversión de US$2.000 millones y propone un desarrollo gradual en un plazo de 45 años con un 70% de primera vivienda en respuesta al déficit habitacional y 125 hectáreas de protección ambiental.

En la audiencia el Servicio de Evaluación Ambiental, que había recomendado la aprobación de la iniciativa, detalló que recepcionaron 191 documentos con observaciones ciudadanas. Los principales temas observados fueron el agua potable y el acceso a Playa Luna, entre otros.

La iniciativa trabaja con la oficina de arquitectos especialista en diseño urbano, BL Arquitectos, también sumó a su equipo al estudio del reconocido arquitecto y urbanista internacional Norman Foster y la fundación que lidera, con sede en Madrid, que busca mejorar la calidad de vida en las ciudades. Según han señalado, ‘la perspectiva de BL arquitectos, de Foster y de su equipo contribuyen a abordar el desafío urbanístico y de sostenibilidad que tendrán las ciudades del futuro’.

‘Maratué es un proyecto de integración social que responde al desafío de avanzar en un crecimiento sustentable, ordenado, y planificado, al servicio de las personas. Para esto Maratué combina una vocación en primera vivienda y de protección ambiental que lo hace ser un proyecto pionero’, afirmó Claudia Lería, directora del proyecto Maratué.

El detalle de la votación fue el siguiente: aprobaron la directora regional del SEA, Paola La Rocca; la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González; y los seremis de Energía, Arife Manzur; Economía, Marcelo Arrendondo; Agricultura, Sergio Salvador; Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes; Transporte, Edgardo Piqué; y Minería, Jaime Rojas.

Por su parte, rechazaron el proyecto los representantes de Salud, Lorena Cofré; Obras Públicas, Yanino Riquelme; y Desarrollo Social, Claudia Espinoza.

La Seremi de Salud, Lorena Cofré, sostuvo que ‘hemos sido bastante cautos, responsables y rigurosos en la evaluación de este proyecto’. También recordó uno de los oficios enviados por el organismo, en el que se señalaba que la institución no contaba con los antecedentes suficientes para determinar que el emplazamiento de la población en dicho proyecto inmobiliario estaría exento de riesgos para la salud. ‘Nos enfocamos en la normativa sobre contaminación de suelos por arsénico y otros metales pesados. Hasta la fecha, la normativa italiana ha sido la base de nuestra evaluación, por lo que utilizar otro tipo de normativa implicaría que proyectos como Las Salinas, el Plan de Remediación de Montecarlo o Química Andina se evaluaran de manera diferente. Esto implicaría una falta de equidad, ya que todas las personas somos iguales ante el Estado y la ley, y no deberíamos generar un riesgo adicional para la salud humana’.

El Seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme, fundamentó su rechazo en el impacto hídrico que generaría la iniciativa. ‘La empresa Esval no ha anunciado ninguna inversión, ni en el corto ni en el largo plazo, lo que genera incertidumbre. Para poder abastecer de agua a este proyecto, Esval debe extraer agua de la cuenca del Río Aconcagua, pero debido a la magnitud del proyecto, esto se vuelve preocupante. Para asegurar el suministro en las zonas urbanas, ya desde hace varios años ha sido necesario generar una red de distribución de caudales, a veces voluntaria y a veces regulada, lo que ha provocado un enorme estrés en la cuenca’, explicó. Añadió que ‘para alcanzar los volúmenes requeridos, tuvimos que cerrar compuertas, y los caudales en dicha cuenca son insuficientes para soportar la demanda, cubrir los derechos de agua vigentes y garantizar el consumo humano en buena parte de la región. Por lo tanto, basándome en esto, mi voto es de rechazo a la recomendación del servicio’.

En la sesión también participaron dirigentes sociales que expresaron su apoyo al proyecto. Rossana Pérez, del Comité Los Médanos de Campiche, afirmó que ‘este proyecto nos da la oportunidad de tener agua potable y alcantarillado. Queremos seguir donde están nuestros padres, y el proyecto Maratué nos ofrece eso: una vivienda digna. Hay miles de comités que llevan 18 años buscando terrenos’.

Por su parte, Amay Villarroel detalló las precarias condiciones en las que viven debido a la falta de proyectos inmobiliarios: ‘Tenemos que comprar un tarro con agua cada cinco días’.

En paralelo, hubo también entidades que solicitaron el rechazo del proyecto. Marta Aravena, representante de la organización Salvemos Quirilluca, señaló que Maratué ‘es el megaproyecto inmobiliario más grande de Chile y se encuentra en una zona de sacrificio. Hay constantes alertas ambientales por material particulado’. Agregó que el proyecto no fue evaluado correctamente y afecta a especies como aves y bosques.

Efrén Legaspi, vocero de la misma agrupación, añadió: ‘El titular utiliza la normativa italiana de manera engañosa para verificar los niveles de arsénico en el suelo. Se atribuye la responsabilidad de definir cuántos riesgos pueden soportar las personas, cuando esa es una facultad del Estado’.

Fuente: La Tercera - Pulso