Empresas sanitarias se enfrentan con la FNE y constructoras en el TDLC por tarificación de servicios

La CChC señala elevados cobros para nuevos proyectos habitacionales. La industria sanitaria se defiende y cuestiona la petición de la agencia pública.
Con batallones de abogados y economistas, las empresas sanitarias se enfrentaron ayer con la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en una “maratónica” audiencia en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que comenzó a las 10:00 horas y culminó cerca de las 17:00 horas.
Esto ocurrió luego que en 2022 la FNE pidió a TDLC que califique como servicios sujetos a regulación tarifaria un total de 15 prestaciones que brindan actualmente las compañías y que tienen carácter de monopólicas, según el organismo. Esa fijación de precios debería realizarla la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
Las partes alegaron ante los ministros del TDLC, encabezados por su presidente, Nicolás Rojas.
Los 15 servicios en disputa
Los 15 servicios involucrados que hoy no tienen tarificación son los siguientes: venta de agua potable a camiones aljibe, comercialización de agua potable a través de la red de producción, corte de suministro para la conexión de redes de agua potable, corte de suministro para la conexión de arranque, venta de agua potable desde la red y recepción de camiones limpiafosas en plantas de tratamiento de aguas servidas.
Se suman el servicio integral de proyectos en zonas rurales, derecho a conexión en convenios en zonas rurales, venta de agua potable a proyectos en zonas rurales, operación solo de agua potable a planes en zonas rurales, operación de solo recolección y tratamiento a planes en áreas rurales y servicio de tratamiento de aguas servidas a proyectos en zonas rurales.
Por último, están la gestión de la ampliación del área de concesión, el cobro por agua perdida en la red (por daños generados por terceros) y el despacho postal de boletas y facturas.
La tarificación sería en las zonas adyacentes a las áreas de concesión.
Posiciones a favor e impacto en costos de viviendas
El abogado de la división Antimonopolios de la FNE, Sebastián López, sostuvo que resulta necesaria la tarificación de asuntos accesorios prestados con activos que sirven para entregar servicios regulados.
En su argumentación, López señaló como ejemplos que el gasto fiscal en la compra de agua potable para distribución en zonas que no cuentan con redes ha aumentado en los últimos años. En la misma línea, mencionó que la alternativa de agua embotellada supera entre 7 y 13 veces la tarifa de las sanitarias, medido por metro cúbico.
El abogado Gerardo Ovalle, del estudio Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, Ovalle, Salas & Vial, y representante de la CChC, abordó los problemas y aumentos de costos que enfrentan los desarrollos inmobiliarios habitacionales cuando requieren de esos servicios, especialmente en iniciativas que están fuera de las zonas de concesión de las sanitarias, aunque adyacentes.
Ovalle indicó que para llevar las prestaciones a los nuevos proyectos las constructoras deben generalmente negociar en condiciones desventajosas. Señaló que los mayores costos por estos aspectos se traspasan a quienes adquieren la vivienda y al Estado en el caso de conjuntos habitacionales sociales, encareciendo la solución habitacional. Sin embargo, el argumento ligado a las viviendas sociales fue refutado desde la industria sanitaria.
El abogado afirmó que cuando el constructor no acepta las condiciones de las sanitarias no se edifica y se produce un crecimiento inorgánico de las ciudades. Explicó que pueden ir quedando “islas” dentro de zonas urbanas, correspondientes a terrenos baldíos cuyos dueños no tuvieron recursos para financiar una conexión a la red de agua.
De los 13 alegatos, 11 correspondieron a la industria sanitaria, encabezados por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), y 10 compañías que solicitaron al TDLC rechazar la petición de la FNE, calificándola en algunos casos como “liviana” y “abstracta”.
Posturas en contra
y críticas a la FNE
Andess —representada por Diego Ramos y Catalina Sierpe, ambos del estudio Pellegrini & Rencoret— cuestionó la calidad de la documentación entregada por la fiscalía en su solicitud, especialmente un informe encargado a Pacta Estudios y Proyectos (informe Pacta), y los resultados de una encuesta realizada con la colaboración de la CChC a empresas de ese rubro. Señaló que la petición de la FNE es con el “apoyo interesado” de la Cámara y busca traspasar los costos inmobiliarios a las sanitarias.
El ingeniero comercial y máster en economía Ronaldo Bruna, quien fue superintendente de Servicios Sanitarios (2016-2019), asistió a la audiencia como socio fundador de Global Economistas Asociados (donde también es socio el exministro de Transportes Andrés Gómez-Lobo). Expuso en el bloque de Aguas Araucanía, junto al abogado Radoslav Depolo, exministro del TDLC y socio de la oficina de Kennedys Chile.
Bruna criticó la falta de antecedentes de parte de la FNE y afirmó que no se puede implementar una tarificación generalizada como la solicitada y que se carece de una evaluación de los diferentes mercados del sector sanitario.
Las empresas indicaron que no es posible establecer una tarificación universal para todos los servicios y empresas, ya que estas operan en zonas diversas, donde —por ejemplo— existe mayor o menor cantidad de agua y se enfrentan geografías diferentes. Asimismo, señalaron que la mayor parte de las 15 prestaciones que se busca regular son voluntarias y que si se aplica un precio máximo, no habría incentivo para realizar esas labores. Sin embargo, la FNE espera que si se tarifican, pasen a ser prestaciones obligatorias.
Benjamín Grebe y Andrea von Chrismar, del estudio Prieto, alegaron por Aguas Andinas. Recordaron que una solicitud similar se litigó en el TDLC, cuya sentencia de 2009 junto con otra de la Corte Suprema resolvieron la controversia y decidieron no regular dichos servicios.
Por Essbio, Luis Eduardo Toro, abogado socio de Barros & Errázuriz, afirmó que la sanitaria sí enfrenta competencia en la oferta de servicios.
También expusieron los representantes de Esval, Aguas Magallanes, Aguas del Valle, Nuevosur, Suralis, Nueva Atacama y Aguas Altiplano.

Fuente: El Mercurio