“Permisología”, el gran dolor de cabeza de la economía nacional

Hace poco más de un mes en una entrevista con Publimetro, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, se refirió a la ‘permisología’, es decir, a los procesos burocráticos necesarios para obtener los permisos que acreditan el desarrollo de un proceso de inversión. Y la secretaria de Estado mostró su desacuerdo con quienes apelan a esa expresión cuando reclaman por las demoras para concretar iniciativas comerciales y de negocios. ‘El término permisología es de fantasía y es perorativo respecto de las autorizaciones que el Estado da para la realización de ciertas actividades’, señaló esa vez la ministra.

Pero es innegable que la permisología genera algunas trabas, como lo mostró un reciente estudio de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) que informó que el año pasado le costó al país casi dos mil millones de dólares. Según el informe, la burocracia en la entrega de autorizaciones para la inversión pasó de significar un perjuicio de un 0,2% del PIB en 2022 a un 0,58% en 2023. Además, se reseñó que los estudios de impacto ambiental aprobados en el último año requirieron 985 días, cuando el promedio histórico es de 434 días. La medición fue realizada durante este mes y cuantificó lo que se deja de percibir a partir de la burocracia. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS y subsecretario de Hacienda en el segundo mandato de Piñera, dijo que ‘si miramos los plazos de tramitación, más del 67% de los proyectos durante el 2023 se retrasó más allá de los plazos legales… Chile no puede darse el lujo de mantener ineficiencias como esta si queremos retomar niveles razonables de crecimiento, las que se transforman en un impuesto al desarrollo’.

Según el académico, ‘las proyecciones de mediano plazo de crecimiento del PIB en torno al 2% no son suficientes para alcanzar niveles adecuados de desarrollo. Debemos aspirar a tasas sobre el 4%, y eso exige una simplificación regulatoria relevante. Pero lamentablemente, de los proyectos de ley hoy en tramitación, tanto el que revisa el Sistema de Evaluación Ambiental como el de Permisos Sectoriales, solo una fracción de sus artículos apunta a mejorías sustantivas en la eficiencia del aparato público’. Diego Soffia, experto en finanzas y director ejecutivo de Efectivo, dice que ‘casi existe consenso en que los plazos para lograr permisos son muy extensos y que ni siquiera cumplen con los plazos legales, lo que por supuesto causa perjuicios económicos. Pero con la crítica se pierde el sentido principal de las evaluaciones, que es impedir la ejecución de proyectos que causen un perjuicio ambiental.

Por eso mirar únicamente cifras de proyectos no aprobados o retrasados puede hacer que sean tomadas malas decisiones, aunque cambiar permisología por permisividad tampoco sería bueno’. De acuerdo al también ingeniero comercial de la Universidad de Chile y diplomado en Internacionalización de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid, ‘es importante renovar el sistema en cuanto a que debe estar preparado para recibir una mayor cantidad de proyectos, de forma ideal por montos cada vez más grandes, y respetar los plazos comprometidos’. ‘Las decisiones deben tener un componente técnico mucho más relevante que los sesgos políticos que puedan existir… Hay que medir el impacto de los proyectos una vez que están en marcha, como una manera de lograr retroalimentación en las decisiones. En definitiva, se debe invertir para que el sistema sea un catalizador de inversiones positivas y no la etapa donde mueren oportunidades’, cerró Soffia.