2do. Tribunal Ambiental deja sin efecto aprobación de proyecto inmobiliario de US$ 350 millones en Peñalolén
La empresa que impulsa este plan de 24 edificios rechazó la sentencia, que alude a impactos viales, y estudia el camino para revertir el dictamen.
El Segundo Tribunal Ambiental acogió las dos reclamaciones interpuestas en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y dejó sin efecto aprobación del proyecto inmobiliario ‘Hijuelas Quilín’, ubicado en la comuna de Peñalolén, que considera la construcción de 24 torres y una inversión de US$ 350 millones, en un plazo de nueve años.
Se trata de una iniciativa de la Inmobiliaria Universa, cuyos socios son Jaime Araya, sus hermanos Alberto y Rafael; la familia Peña Vial y Gastón Escala, expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción.
Luego de analizar los antecedentes de la causa, la sentencia concluye que el SEA no justificó adecuadamente que la iniciativa inmobiliaria no generará efectos en sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, específicamente asociados a potenciales impactos viales.
Con esta decisión, el tribunal dejó vigente la primera decisión del SEA respecto del proyecto inmobiliario, que calificó desfavorablemente -a través de la RCA N° 688/2019- la iniciativa proyectada por Inmobiliaria Universa. El proyecto había obtenido en 2020 una Resolución de Calificación Ambiental favorable con condiciones.
Las reclamaciones fueron presentadas por la Municipalidad de Peñalolén y un grupo de vecinos de esa comuna. El tribunal estuvo integrado por los ministros Cristián Delpiano, presidente (s), Daniella Sfeir y Carlos Valdovinos, suplente del Tercer Tribunal Ambiental, en calidad de subrogrante.
Jaime Araya, socio de Inmobiliaria Universa, manifestó su sorpresa y disconformidad con el dictamen. Indicó que ‘la sentencia se funda en que los estudios que presentó Universa no descartaron un aumento en los tiempos de desplazamiento de los grupos humanos. En este punto, la sentencia es errada y se funda en antecedentes equivocados. Como titulares, demostramos latamente en la evaluación ambiental y también en el juicio, que la situación con proyecto es a todas luces una mejora respecto de lo que actualmente existe en el lugar’.
Araya recordó que ‘en su momento, la decisión del SEA de dar luz verde al proyecto tomó en consideración sus obras de urbanización, gracias a las cuales la avenida Quilín, que hoy mantiene un perfil rural, sin veredas y con postes instalados en su berma, se ensancharía a dos pistas por lado, siguiendo la misma línea del tramo que une a avenida Sánchez Fontecilla con avenida Consistorial, con lo cual los tiempos de desplazamiento disminuirán significativamente.’
Señaló que el proyecto se emplaza en un terreno de más de 15 hectáreas, ‘garantizando una baja densidad, y que no se diseñó como condominio privado, tan usual en la comuna de Peñalolén. Por el contrario, el proyecto se configuró como un espacio público abierto, que contempla un parque de dos hectáreas y varias plazas’.
Respecto del reclamo de la municipalidad, indicó que ‘resulta a todas luces incomprensible que esta autoridad perjudique más de 2.000 puestos de trabajo durante los nueve años que dura la construcción, y que con ello se renuncie a más de $3.500 millones anuales en contribuciones de bienes raíces’.
La inmobiliaria está estudiando el camino para intentar revertir el fallo del tribunal ambiental.
TRABAJO
Más de 2.000 puestos de trabajo generaría el desarrollo de este proyecto.
Se trata de una iniciativa de la Inmobiliaria Universa, cuyos socios son Jaime Araya, sus hermanos Alberto y Rafael; la familia Peña Vial y Gastón Escala, expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción.
Luego de analizar los antecedentes de la causa, la sentencia concluye que el SEA no justificó adecuadamente que la iniciativa inmobiliaria no generará efectos en sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, específicamente asociados a potenciales impactos viales.
Con esta decisión, el tribunal dejó vigente la primera decisión del SEA respecto del proyecto inmobiliario, que calificó desfavorablemente -a través de la RCA N° 688/2019- la iniciativa proyectada por Inmobiliaria Universa. El proyecto había obtenido en 2020 una Resolución de Calificación Ambiental favorable con condiciones.
Las reclamaciones fueron presentadas por la Municipalidad de Peñalolén y un grupo de vecinos de esa comuna. El tribunal estuvo integrado por los ministros Cristián Delpiano, presidente (s), Daniella Sfeir y Carlos Valdovinos, suplente del Tercer Tribunal Ambiental, en calidad de subrogrante.
Jaime Araya, socio de Inmobiliaria Universa, manifestó su sorpresa y disconformidad con el dictamen. Indicó que ‘la sentencia se funda en que los estudios que presentó Universa no descartaron un aumento en los tiempos de desplazamiento de los grupos humanos. En este punto, la sentencia es errada y se funda en antecedentes equivocados. Como titulares, demostramos latamente en la evaluación ambiental y también en el juicio, que la situación con proyecto es a todas luces una mejora respecto de lo que actualmente existe en el lugar’.
Araya recordó que ‘en su momento, la decisión del SEA de dar luz verde al proyecto tomó en consideración sus obras de urbanización, gracias a las cuales la avenida Quilín, que hoy mantiene un perfil rural, sin veredas y con postes instalados en su berma, se ensancharía a dos pistas por lado, siguiendo la misma línea del tramo que une a avenida Sánchez Fontecilla con avenida Consistorial, con lo cual los tiempos de desplazamiento disminuirán significativamente.’
Señaló que el proyecto se emplaza en un terreno de más de 15 hectáreas, ‘garantizando una baja densidad, y que no se diseñó como condominio privado, tan usual en la comuna de Peñalolén. Por el contrario, el proyecto se configuró como un espacio público abierto, que contempla un parque de dos hectáreas y varias plazas’.
Respecto del reclamo de la municipalidad, indicó que ‘resulta a todas luces incomprensible que esta autoridad perjudique más de 2.000 puestos de trabajo durante los nueve años que dura la construcción, y que con ello se renuncie a más de $3.500 millones anuales en contribuciones de bienes raíces’.
La inmobiliaria está estudiando el camino para intentar revertir el fallo del tribunal ambiental.
TRABAJO
Más de 2.000 puestos de trabajo generaría el desarrollo de este proyecto.
Fuente: El Mercurio