Minvu propone simplificar los permisos de construcción y sancionar retrasos municipales

No solo el Ministerio de Economía trabaja en una reforma a la “permisología” que allane el camino a los proyectos de inversión en Chile. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció que impulsará modificaciones en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con indicaciones a un proyecto de ley que busca reducir plazos y sancionar el incumplimiento de los mismos. Se discute en la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, y los cambios se han diseñado en conjunto con gremios como la Cámara Chilena de la Construcción, el Colegio de Arquitectos de Chile, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y la Asociación de Directores de Obra.
Una de las principales medidas señala que “no requerirán permiso las obras de edificación que determine la Ordenanza General, en consideración a su carga de ocupación, uso, clase y destino”, siempre que se cumplan ciertas exigencias. Por ejemplo, presentar ante la Dirección de Obras Municipales (DOM) “un aviso de inicio de obras suscrito por un arquitecto, donde certifique que el proyecto cumple con las normas urbanísticas y todas las normas que sean aplicables”.
Sanciones
La normativa actual establece un plazo de 30 días contados desde la presentación de una solicitud, para que la DOM se pronuncie sobre sus permisos de construcción. Dicho plazo se mantiene, pero en caso de atraso, los derechos municipales se reducirán en un 1% por cada día de incumplimiento, no pudiendo exceder una disminución del 20%. El director a cargo, además, será sancionado con una “infracción grave” al deber de probidad, según el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
La propuesta establece también nuevos bordes al procedimiento de reclamación contra las observaciones de la Dirección de Obras. La parte interesada podrá acudir a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) correspondiente, que en un plazo de tres días debe solicitar a la DOM el expediente del permiso respectivo, para luego pronunciarse respecto del reclamo en un plazo de quince días hábiles. “Si este fuere procedente ordenará que se corrija el acta de observaciones dentro del plazo de cinco días hábiles y que se reduzcan los derechos municipales en 20%”, dice la normativa.
La discusión de estas modificaciones se concretará este jueves en la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.