Los efectos de la llamada “permisología” a los proyectos de inversión pueden seguirse a través de los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para obtener una Resolución de Calificación Ambiental favorable, autorización necesaria para poder construir y ejecutar las iniciativas. En promedio sólo en la Evaluación de Impacto Ambiental que hace el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se demoraron un total de 885 días en 2023, superior a los 804 días de 2022 y menor a los 1.146 días de 2021. Es decir, que un proyecto en promedio se demora 2,5 años en ser aprobados sus permisos, de acuerdo a la información que entregó el Ministerio del Medio Ambiente a la Comisión que estudia el proyecto de ley en el Senado. La situación es peor para los proyectos mineros. Por normativa una concesión minera debería demorarse un tiempo de 1.404 días corridos (47 meses), pero actualmente el tiempo que requiere son 3.857 días corridos (129 meses).
Judicialización. La información entregada por el Ministerio que lidera Maisa Rojas también transparenta el aumento de la judicialización que han registrado los proyectos que han sido aprobados por el sistema de evaluación ambiental.
De acuerdo a los datos, la judicialización de proyectos aprobados pasó desde un 4% en 2018 a un 10% en 2023.